La Economía de Estados Unidos

 

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La Economía de Estados Unidos

Por: Jonathan Heath

Una de las razones principales de nuestro auge económico es el dinamismo de la economía de Estados Unidos.  Si nuestro vecino se resfría, nosotros podríamos contraer pulmonía, por lo que su salud tiene que ser una de nuestras principales preocupaciones.

A partir de junio del año pasado, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, hemos estado muy atentos a las acciones de las autoridades monetarias norteamericanas.  Alan Greenspan ha buscado mantener el balance entre combatir las presiones inflacionarias y evitar una recesión.  Por lo mismo, en el transcurso del último año y medio ha aumentado la tasa en seis ocasiones.

El ciclo de expansión de la economía norteamericana tiene ya alrededor de nueve años sin interrupción y es uno de los periodos de crecimiento sostenido más prolongados de su historia.  Parte de la razón es que ha disfrutado de un aumento en la productividad sin precedente, como resultado de la revolución tecnológica actual.  Esto ha permitido que la economía siga creciendo con una disminución continua en los costos de producción y con una importante creación de empleos.

Los economistas de Estados Unidos estimaban que la actividad económica podría crecer sanamente a una tasa de 3 por ciento anual, ya que una tasa mayor podría inducir presiones inflacionarias como consecuencia de un sobrecalentamiento.  Sin embargo, la economía ha crecido a una tasa promedio superior al 3 por ciento durante los últimos ocho años y la inflación ha permanecido por debajo de 3 por ciento durante todo este tiempo.  Inclusive, el crecimiento ha superado 4 por ciento en cada uno de los últimos cuatro años, incluyendo el actual.  También se consideraba que la tasa de desempleo natural de una economía sana era de 5.5 por ciento, pero el desempleo ha sido menor a esta cifra durante los últimos cuatro años.

Esto ha provocado que los economistas planteen de nuevo sus concepciones sobre los límites de la economía.  Ahora parece posible crecer en forma sostenida a una tasa superior al 3 por ciento, a pleno desempleo y sin presiones inflacionarias.  De hecho, este año se estima que la economía puede crecer 5 por ciento, a pesar de los esfuerzos por desacelerarla.

Sin lugar a dudas, la expansión actual no hubiera sido posible sin los beneficios de la revolución tecnológica, que ha introducido enormes avances en la productividad media.  No obstante, muchos economistas estiman que tanto la política fiscal como la monetaria han jugado un papel muy importante.  El Presidente Ronald Reagan (1981-88) redujo los impuestos para estimular a la economía, pero dejó un déficit público sumamente elevado que parecía imposible de reducir.  Sin embargo, el Presidente Bill Clinton logró eliminarlo, produciendo un superávit a partir de 1998 y al mismo tiempo, sosteniendo el ritmo del crecimiento económico.

Sin embargo, ha sido Alan Greenspan, el Gobernador del Sistema de la Reserva Federal (el equivalente al Banco Central de Estados Unidos), a quien más se le reconoce por el éxito obtenido.  En lo que ha durado la expansión actual, la Reserva Federal ha pasado por dos periodos distintos de restricción monetaria.  El primer periodo empezó en febrero de 1994 y se caracterizó por siete incrementos en la tasa de fondos federales, que es el instrumento principal para controlar las presiones inflacionarias y moderar el ritmo de crecimiento de la economía.  Durante este periodo, se llevó la tasa de 3.0 por ciento hasta 6.0 por ciento en febrero de 1995.  El resultado fue una moderación en el ritmo de crecimiento, sin entrar en una recesión, lo que permitió mantener la inflación bajo control.

El segundo periodo de restricción empezó en junio del año pasado y sigue hasta el día de hoy.  Ha constado de seis incrementos en la tasa, de 4.75 hasta 6.5 por ciento en la actualidad.  En la última reunión de la Reserva Federal, que se llevó a cabo la semana pasada, se tomó la decisión de no aumentar más la tasa.  Según lo dicho, los datos recientes indican que la expansión de la demanda agregada está moderándose hacia un ritmo más cercano a lo que estiman es la tasa óptima.  Sin embargo, todavía no podemos decir que ya terminó el periodo de restricción, ya que las autoridades monetarias mantienen su preocupación por los riesgos latentes que podrían generar acentuadas presiones inflacionarias en el futuro previsible.

Por lo pronto, parece que la política monetaria funciona.  El consenso es que la economía se va a desacelerar a un ritmo de 3.1 por ciento el año entrante, que siendo menor al casi 5 por ciento que se estima para este año, sigue siendo una tasa aceptable.  Al mismo tiempo, se espera que la inflación de 2001 sea de 2.6 por ciento, ligeramente menor al pronostico de 3.2 por ciento para este año.  Esto significa que aunque los riesgos permanecen, el escenario de mayor probabilidad pinta muy bien tanto para Estados Unidos como para México.

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La Política Laboral

 

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La Política Laboral

Por: Jonathan Heath

Cada vez son más las empresas que se quejan de la escasez de mano de obra calificada.  Los diversos indicadores de consumo, empleo, desempleo, salarios y costos laborales, confirman el hecho de que no existe la disponibilidad de mano de obra de otros tiempos.  Esta situación hace necesario que el siguiente gobierno replantee su propuesta laboral.

Entre tantas cosas que prometió Vicente Fox, una de las más recordadas es la creación de un millón 350 mil empleos al año.  Cuando Francisco Labastida se comprometió crear únicamente un millón de empleos, se desató un debate sobre cuál era la cantidad necesaria para la economía.  Fox dijo que necesitábamos crecer al 7 por ciento justamente para crear más empleo, no solamente para los que ingresan al mercado laboral todos los años, sino también para disminuir el desempleo actual.

El problema del desempleo en México se agudizó a partir de la apertura comercial a mediados de la década pasada.  Teníamos una economía que no crecía mucho y por lo tanto no generaba nuevas oportunidades de trabajo.  Pero al mismo tiempo, la apertura forzó a muchas industrias a producir lo mismo con menos gente.  Hubo un esfuerzo generalizado para disminuir el costo laboral unitario en las empresas, para enfrentar la competencia del exterior.

Por ejemplo, si observamos las estadísticas del INEGI sobre el número de personas que trabajaban en el sector manufacturero, encontramos que durante 70 meses consecutivos, entre junio de 1990 y abril de 1996, hubo una disminución sostenida.  Obviamente la recesión de 1995 vino a empeorar el problema y en agosto de ese año la tasa de desempleo abierto llegó a su punto más alto desde que se llevan estas estadísticas.

El resultado fue un clamor entre la población por más y mejores empleos.  Era común que alguien que perdiera su empleo tardara un buen rato antes de conseguir otro.  Además de los efectos normales de una recesión, hubo ciertos sectores, como el sector bancario, que pasaron por una crisis francamente inusitada.  Casi todos los bancos tuvieron que reducir drásticamente el número de empleados, lo que presentó problemas para que se absorbiera esta mano de obra en otros lugares.

Sin embargo, en el transcurso de los últimos años las circunstancias han cambiado.  De haber experimentado la tasa de desempleo más elevada en la historia (del indicador), pasamos ahora a tener la tasa más baja.  Con muy pocas excepciones, casi todos los sectores de la economía han recuperado con creces los puestos de trabajo que se perdieron a principios de la década pasada.  Por ejemplo, la industria maquiladora de exportación ha más que duplicado el número de empleos que tenía en diciembre de 1994.

La semana pasada, el Director General de General Motors, Troy Clarke, declaró que la industria automotriz enfrenta una aguda escasez de personal.  Este problema se presenta sobre todo con los técnicos y operadores calificados y ha ocasionado un alto nivel de rotación.  El resultado es que los planes de crecimiento de la producción están altamente comprometidos.  Todo indica que el mercado laboral se está convirtiendo en un verdadero cuello de botella para el crecimiento futuro.

Hasta ahora, Fox había prometido crecer al 7 por ciento para generar más empleo.  Sin embargo, el problema ahora es que no hay suficientes personas, especialmente calificadas, para crecer a este ritmo.  México todavía tiene abundancia de mano de obra no calificada.  Sin embargo, será casi imposible generar fuentes de trabajo para este segmento sin contar con una mayor mano de obra calificada.  Por lo mismo, el problema ya no es simplemente crear un millón 350 mil empleos al año, sino más bien capacitar a un mayor número de personas no calificadas.  En otras palabras, el problema laboral ya no se limita al aspecto cuantitativo sino ahora es cualitativo.

Muchos analistas argumentan que el problema se podrá resolver con una reforma laboral, que permita mayor flexibilidad y disminuya el costo de crear un trabajo nuevo.  La reforma ayudaría a aumentar la demanda de empleos, lo cual es importante.  Pero el problema actual es de oferta, es decir, de transformar y capacitar a más personas.

Las mismas estadísticas nos dicen que la gran mayoría de los mexicanos tienen algún tipo de ocupación.  Sin embargo, no todos gozan de los beneficios que marca la ley o las prestaciones básicas como seguro social y un fondo de retiro.  Por lo mismo, ya no se trata de generar más empleos, sino de convertir los actuales en trabajo dignos.

Para satisfacer sus necesidades de mano de obra, se están contratando a personas que laboran en otros lugares, ofreciéndoles mejores salarios.  Para disminuir la rotación de personal, las empresas están otorgando mayores aumentos salariales.  Esto lo podemos observar en las estadísticas del INEGI: los establecimientos comerciales están otorgando incrementos mayores al 9 por ciento por encima de la inflación en sus remuneraciones, mientras que la industria manufacturera los está aumentando en 6 por ciento.

Al final de cuentas, la falta de mano de obra calificada repercute en un aumento del costo laboral unitario y disminuye la competitividad de las empresas.  Al enfrentar mayores costos, las empresas lo trasladan al consumidor y crean presiones inflacionarias.  Lo único que se logrará es una mayor inflación sin un aumento en el bienestar de la población.

Sin embargo, todavía hay gran cantidad de personas que viven con un salario de subsistencia, ya que su productividad es sumamente baja.  La mayoría son personas que no pueden funcionar en un trabajo que demanda un mínimo de capacidad, ya que apenas saben leer y escribir.  Nuestro mercado laboral sufre una dicotomía bien marcada: por un lado tenemos un exceso de mano de obra no calificada que difícilmente podrá encontrar un trabajo digno, mientras que por otro lado, sufrimos de una escasez de mano de obra calificada.

Esto significa que el enfoque principal ya no puede ser simplemente crecer para generar más empleos, sino capacitar y elevar el nivel educativo de la población para transformar a la inmensa parte de la población no calificada en mano de obra calificada o por lo menos semi-calificada.  Si las estadísticas nos dicen que casi todos tienen trabajo, entonces el reto ahora es mejorarlos.

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El Mercado Laboral

 

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El Mercado Laboral

Por: Jonathan Heath

Hace un mes el Banco de México advirtió que se están generando presiones en el mercado laboral que eventualmente podrían manifestarse en incrementos salariales incongruentes con los aumentos de la productividad y con los objetivos de inflación.  Desde entonces, los datos confirman estas preocupaciones.

El INEGI dio a conocer la tasa de desempleo para el mes de julio y datos sobre establecimientos comerciales para junio, ambos indicadores del mercado laboral.  Todo indica que tanto el empleo como las remuneraciones han aumentado, de tal forma que ha crecido la masa salarial.  Si hace un mes el Banco de México estaba preocupado por las presiones inflacionarias que se podría generar, ahora debería de estarlo más.

La tasa de desempleo de julio fue 2.03 por ciento, la más baja en lo que va del año y para un mes de julio desde que se tienen registros de este indicador.  Si ajustamos la cifra por su estacionalidad, la tasa equivale a 1.9 por ciento, ya que en un año normal sube el desempleo en el mes de julio porque muchos estudiantes ingresan al mercado laboral por primera vez y todavía no tienen trabajo.  Si éste es el caso, la tasa ajustada es la más baja desde que empezó la encuesta mensual.

Muchos analistas no están de acuerdo con la definición de desempleo que utiliza el INEGI, a pesar de que sigue todas las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Según el argumento, la definición es muy estrecha, ya que con una hora de trabajo a la semana ya no se considera desempleada a una persona.  Por lo mismo, resulta que México tiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, lo cual no refleja la realidad de nuestro mercado laboral.

Sin embargo, todos los países utilizan la misma definición, por lo que sí debería de ser comparable nuestra tasa.  Más bien, si México aplicara otra definición, ya no podríamos compararnos con otros países.  Por lo mismo, no es que el INEGI utilice una definición incompatible con los demás países, sino que la definición no refleja la problemática del empleo mexicano.  Nuestro problema no es tanto el desempleo abierto, sino más bien la calidad del empleo mismo.  Casi todos los mexicanos tienen un empleo u ocupación, pero no todos están bien remunerados, quizás no reciben todas las prestaciones que marca la ley o la jornada laboral es demasiado extensa.

Por lo mismo, el INEGI produce alrededor de diez indicadores complementarios al desempleo, que agregan diferentes aspectos a la tasa básica.  Sin embargo, todos señalan la misma tendencia, es decir, el desempleo o subempleo nunca había sido tan bajo como en la actualidad.  La conclusión es inequívoca.

Si examinamos las cifras de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podemos aproximar el aumento en el número de empleos formales a través de las cifras de trabajadores permanentes y temporales.  Al mes de junio, este número aumentó en 780,975 personas en los últimos doce meses, un incremento de 6.6 por ciento.  Quizás no son el millón de trabajos al año que el gobierno se ha trazado como meta.  Sin embargo, sí es una cifra importante que indica una elevada creación de trabajos.

Si bien es cierto que ha disminuido el desempleo, deberíamos observar aumentos salariales mayores.  Esto es porque si no existen muchos desempleados, sino más bien escasez de mano de obra, las empresas tendrán que ofrecer mejores salarios para retener a sus empleados.  La encuesta mensual que realiza el Banco de México refleja un aumento notable en el porcentaje de personas que dicen que la escasez de mano de obra calificada es un factor que limita el ritmo de la actividad económica.

Las últimas cifras disponibles sobre las remuneraciones reales pagadas en los establecimientos comerciales, confirman que los aumentos salariales son ahora mucho mayores que antes.  En el mes de junio, los salarios medios en establecimientos al menudeo aumentaron 9.5 por ciento por arriba de la inflación, mientras que en el mayoreo se incrementaron 9.3 por ciento.  Cuando el Banco de México expresó su preocupación por incrementos incongruentes con los aumentos de la productividad y con los objetivos de inflación, los salarios estaban aumentando entre 6 y 7 por ciento.

Obviamente falta una mayor recuperación en los salarios para regresar al poder adquisitivo que tenía el promedio de la población en 1994.  Sin embargo, no podemos negar que ya son muchos mexicanos los que sienten la recuperación en sus bolsillos.  El reto que queda por delante es conciliar los aumentos salariales con el combate a la inflación, ya que si los salarios crecen demasiado rápido, el poder adquisitivo logrado no será permanente.  El aumento salarial que nos conviene a todos es el que sea duradero y que realmente nos pueda resarcir lo perdido.

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El Tipo de Cambio y la Inflación

 

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El Tipo de Cambio y la Inflación

Por: Jonathan Heath

La inflación de julio, medida a través del índice de precios al productor, fue apenas 0.03 por ciento, la tasa más baja que se haya observado en décadas.  El jueves de la semana pasada el tipo de cambio registró un nuevo mínimo para el año al cerrar en 9.1810 pesos por dólar.  Obviamente, existe una relación muy estrecha entre el tipo de cambio y la inflación.

El economista sueco Gustav Cassel, acuñó el término de la “paridad del poder adquisitivo” en 1918, al referirse al vínculo entre el tipo de cambio y la inflación.  A él se le acredita la formalización de la hipótesis que sostiene que los tipos de cambio deberían ajustarse proporcionalmente a la inflación de cada país.  Desde entonces, cuando el tipo de cambio de algún país no se considera realista, se ha recurrido a esta explicación.

Muchos analistas toman esta hipótesis como un absolutismo y argumentan que la variación del tipo de cambio debe reflejar siempre el diferencial de inflación entre México y el exterior.  Para ellos es inaceptable que crezca el déficit comercial o que los exportadores se enfrenten a un aumento en sus costos.  No importa que el régimen cambiario sea de una flotación que refleje las condiciones del mercado.  Ellos piden a gritos que se devalúe la moneda y que el Banco de México alcance un equilibrio entre la lucha contra la inflación y la lucha contra el déficit comercial.

Sin embargo, la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo (PPA) no fue elaborada como una teoría para determinar el valor ideal del tipo de cambio.  Inclusive, ni siquiera marcaba una dirección de causalidad entre el tipo de cambio y la inflación.  Tal y como se formuló originalmente, esta hipótesis es consistente con una doble causalidad, es decir, que el tipo de cambio se ajuste al diferencial de inflación, al mismo tiempo que la inflación es susceptible a variaciones en el tipo de cambio.  La hipótesis de la PPA era una teoría sobre la relación entre las dos variables y no un modelo para la determinación ya sea de la inflación o del tipo de cambio.

En otras palabras, lo que dice esta teoría es que un diferencial positivo de inflación va a influir en una depreciación del tipo de cambio, pero también una apreciación del tipo de cambio va a reducir el diferencial de inflación.  Esto significa que si existe una mayor oferta de dólares en relación con la demanda, el tipo de cambio se apreciará y la inflación disminuirá.  Esto es justamente lo que ha pasado con el tipo de cambio y la inflación en el transcurso del último año.

Sin embargo, con el tiempo se modificó el sentido original de la PPA, a tal grado que muchos empezaron a aceptan que si existe mayor inflación en un país, tarde o temprano el tipo de cambio terminará por nivelarse, como una teoría de la determinación del tipo de cambio.  A través del tiempo, diferentes autores han considerado a la PPA como una identidad, una verdad absoluta, una relación empírica o una simplificación absurda.

Sin lugar a dudas, la teoría es controversial.  Mientras que la aplicación estricta ha demostrado estar visiblemente equivocada y la evidencia empírica muy escasa, aúun es utilizada como una de las principales explicaciones del tipo de cambio.  Sin embargo, habría que admitir que bajo ciertas circunstancias, la teoría provee una explicación útil, aunque no exacta y definitivamente incompleta, del comportamiento del tipo de cambio en el largo plazo.

Muchos piensan que la moneda mexicana se encuentra sobrevaluada, dado que no se ha compensado el diferencial acumulado de la inflación de los últimos cinco años.  Por lo mismo, anticipan la necesidad de una corrección importante en el tipo de cambio.  Sin embargo, podemos utilizar la misma teoría para explicar la apreciación cambiaria de los últimos años.  Después de la devaluación de 1994, que fue sustancialmente mayor a lo que se estimaba necesario, el tipo de cambio se ha ajustado de tal forma que hemos regresado a una paridad similar a la que existió en 1992.  ¿Por qué hemos de suponer que la teoría justifica una corrección en la actualidad y no sirve para explicar el movimiento en el tipo de cambio en los últimos años?  ¿Cómo sabemos que el nivel de equilibrio o el tipo de cambio teórico correcto no es el de ahora?  La verdad es que la teoría funciona para explicar movimientos cambiarios, más no nos dice nada acerca de cuál debería ser el tipo de cambio ideal.

Al igual que esta teoría puede explicar la tendencia del tipo de cambio como resultado de la inflación, también existen teorías que anticipan desviaciones sistemáticas de la PPA.  Por ejemplo, si existe un diferencial en la productividad entre dos países, habrá un cambio en el tipo de cambio real, es decir, en su nivel de competitividad.  Cuando un país pasa por un cambio estructural importante que provoca un aumento sustancial en la productividad, como podría ser una apertura comercial, el tipo de cambio real de equilibrio tiene que ser diferente al que existía antes.

Esto es justamente lo que pasó en México.  La apertura comercial que empezó hace 15 años, combinada con las reformas de la última década, provocó que aumentara la competitividad y productividad de la base industrial del país.  Seguramente la apreciación cambiaria de principios de los noventa fue el resultado de la mayor eficiencia de la economía, proceso que fue interrumpido por la devaluación de 1994.  Si esto fuera cierto, significa que la devaluación no fue producto de una sobrevaluación importante de los años anteriores, sino consecuencia de la desconfianza provocada por la administración salinista en acciones como la emisión de Tesobonos.

Esta hipótesis nos lleva a la conclusión de que la apreciación cambiaria de los últimos años fue consecuencia de una devaluación demasiada elevada.  Esto significaría que el año base que habríamos de considerar para el cálculo de la PPA no es 1985, 1990 o cualquier otro año que nos lleva a estimar una sobrevaluación en la actualidad.  Más bien, podríamos pensar que el año base es 1992 o 1993.  Si este fuera el caso, el tipo de cambio de ahora está relativamente bien valuado.

En lo personal, no comulgo con la teoría de la PPA.  Sin embargo, es tema de reflexión para los que piensan que es casi la verdad absoluta.

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El Déficit Público

 

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El Déficit Público

Por: Jonathan Heath

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó ayer un superávit de 23 mil millones de pesos en el primer semestre del año, lo cual es aproximadamente 0.4 por ciento del PIB.  Según las autoridades este monto va en línea con la meta de un déficit anual de 1.0 por ciento del PIB.  Con estos resultados, el déficit público promedio del sexenio será de 1.0 por ciento, menor que el de los dos sexenios anteriores.

Al dar a conocer el reporte trimestral sobre las finanzas públicas, el gobierno dice que los diversos indicadores muestran resultados favorables que confirman que se mantuvo la disciplina fiscal.  Aunque todavía no conocemos el PIB nominal del segundo trimestre, dado que el INEGI lo dará a conocer hasta el viernes de la semana entrante, podemos esperar que el superávit de la primera mitad del año sea de 0.43 por ciento del PIB.  Al tomar en cuenta que existen mayores erogaciones en el segundo semestre, todo parece indicar que sí es consistente con el cumplimiento de la meta de 1.0 por ciento del PIB para el año.

Sin admitir que la economía ya se encuentra en una fase de sobrecalentamiento, las autoridades reconocen que ante el vigoroso desempeño de la actividad económica hay que estar alerta para evitar presiones inflacionarias y garantizar una transición ordenada a la nueva administración.  También plantean que no sería conveniente introducir un estímulo adicional a la demanda agregada a través de un incremento al gasto público y por lo tanto, no utilizarán el excedente de 2,516 millones de pesos de ingresos obtenidos en los primeros seis meses del año.

Parte de la justificación para no ejercer el gasto adicional es que se prevé la posibilidad que los ingresos no recurrentes en el segundo semestre se sitúen por debajo de las previsiones originales, por lo que en el año en su conjunto no habría ingresos extraordinarios.  Esto ocurriría únicamente si se da una desaceleración muy marcada de la actividad económica y un desplome en los precios internacionales del petróleo.  Aunque esto es posible, realmente no es muy probable.  Sin embargo, vale la pena prevenir para después no lamentar.

Obviamente estamos ante una actitud muy diferente a la que prevalecía antes de las elecciones.  El mismo gobierno admite en su reporte que, excluyendo las erogaciones de carácter no recurrente como las asociadas a la organización del proceso electoral y al censo de población y vivienda, el gasto programable en el primer semestre aumentó 9.8 por ciento en términos reales con respecto al mismo periodo de 1999, por arriba del crecimiento del PIB.  Por lo mismo, el gasto público federal fue un motor de crecimiento importante en la primera mitad del año.

A lo largo del sexenio el gobierno ha presumido de la disciplina fiscal, plasmada en déficit públicos reducidos año tras año.  En 1995, año de una crisis severa y una caída pronunciada en los ingresos tributarios, se sostuvo un déficit de 0.01 por ciento del PIB.  Al año siguiente se registró un superávit de 0.01 por ciento, por lo que podemos decir que se presentó un presupuesto balanceado en los dos primeros años del sexenio.

A partir de 1997, ya con los costos asociados a Fobaproa y las reformas al Seguro Social, hubo gastos extraordinarios que llevaron de nuevo las finanzas públicas a un déficit.  Sin embargo, los déficit de los siguientes tres años fueron moderados en comparación con la década anterior, al promediar 1.04 por ciento del PIB entre 1997 y 1999.  Para este año se espera un déficit similar para llevar el promedio del sexenio a 0.7 por ciento del PIB.  El promedio del sexenio de Salinas fue 0.02 por ciento, incluyendo los ingresos extraordinarios de las privatizaciones, pero de 1.6 por ciento al no considerarlos.  En cambio, el déficit promedio observado del sexenio de De la Madrid fue de 11.9 por ciento del PIB.  Hasta aquí todo parece confirmar que sí existe un avance importante en la disciplina fiscal.

El problema surge cuando empezamos a considerar todos los rubros de gastos que no se contemplan dentro del presupuesto.  La definición que se utiliza, llamado el balance económico del sector público, no incluye toda una serie de conceptos que llevarían el déficit a un número mayor.  Por ejemplo, algunos analistas dicen que el costo fiscal del rescate bancario, las inversiones de las Pidiregas y otros conceptos no están integrados correctamente y llevarían el déficit a un número sustancialmente mayor.

Sin entrar en la polémica de qué rubros deben entrar y cuáles no, el propio Banco de México publica en su Informe Anual los Requerimientos Financieros del Sector Público, que es el concepto reconocido por el FMI como el más adecuado para medir las presiones de las finanzas públicas.  En los últimos seis años esta medida presenta un déficit promedio de 1.9 por ciento del PIB, más elevado que lo que presenta Hacienda.

¿Cuál es el déficit correcto?  Parece ser que todavía necesitamos avanzar más en términos de transparencia en las finazas públicas.

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Las Finanzas Públicas

 

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Las Finanzas Públicas

Por: Jonathan Heath

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó ayer al Congreso los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre del año.  El balance arrojó un superávit de 23 mil millones de pesos, superior en 46.4 por ciento al mismo periodo del año pasado.

Sin conocer todavía los detalles del informe sobre las finanzas públicas, ya sabemos que en la primera mitad del año los ingresos del gobierno fueron mayores a los aprobados por el Congreso.  El precio promedio del petróleo superó 24 dólares por barril, mientras que el presupuesto contemplaba apenas 16 dólares.  Aunque el tipo de cambio resultó menor a lo que se había programado, fue suficiente para un incremento de 26.4 por ciento en los ingresos petroleros.  La actividad económica ha aumentado más de 7 por ciento en lo que va del año, cuando se había contemplado un crecimiento de 4.5 por ciento.  Esto explica que la recaudación del IVA aumentó 15.2 por ciento y la del ISR 10.2 por ciento.

Es difícil interpretar el superávit generado en la primera mitad del año, ya que los compromisos del presupuesto son de carácter anual.  De hecho es necesario generar un superávit ahora para enfrentar los mayores gastos que se darán más adelante.  Lo único que nos dice el gobierno es que estamos en línea con la meta de un déficit anual del uno por ciento del PIB.  Esto significa que a pesar de contar ya con los datos de los primeros seis meses, no podemos analizar claramente la magnitud de los ingresos adicionales ni su destino específico.  Seguramente parte se destinará a un mayor gasto, parte a compensar otros rubros de ingresos que no se lograrán y parte a la amortización de la deuda.

Sin embargo, a partir del presupuesto de egresos de 1998, la Cámara de Diputados ha acotado los espacios para las variaciones del gasto público que se pudieran generar en respuesta a un cambio en los ingresos.  Se establecieron reglas que determinan el monto máximo de gasto que se puede ejercer, al igual que los límites a partir de los cuales se debe reducir el gasto cuando disminuyan.  También se determinó el destino específico de los recursos adicionales, que en los últimos tres años ha variado en función de la percepción de la Cámara de Diputados sobre las necesidades más apremiantes.

En términos generales, se estableció que el excedente de ingresos se destinara a mayor gasto hasta un máximo de uno por ciento del PIB, a partir del cual se tiene que utilizar para amortizar la deuda pública.  En el caso específico del presupuesto para 2000, el artículo 35 del decreto marca con precisión cómo se deben aplicar los excedentes generados.  Después de descontar el incremento automático en el gasto no programable, se podrá aplicar al gasto programable un monto máximo de 750 millones de pesos.  Los ingresos excedentes que rebasen ese monto se destinarán en un 40 por ciento a la constitución de un fondo de estabilización de los ingresos petroleros y 60 por ciento a la amortización de la deuda pública.

En palabras de la Secretaría de Hacienda, una implicación del mecanismo anterior es que brinda una mayor protección a favor de la estabilidad macroeconómica, ya que impide que el déficit público varia en el curso del ejercicio fiscal más allá de los limites establecidos.  Así, además de reducir la facultad del Ejecutivo para asignar recursos públicos, se evita que el gasto público sea causa de desequilibrios macroeconómicos como ocurrió en ocasiones anteriores.

Este tipo de reglas funcionó muy bien en 1998 cuando el gobierno tuvo que recortar el gasto en varias ocasiones para acomodar los ingresos perdidos ante la baja en el precio del petróleo.  También le pone candados necesarios al Ejecutivo para que no abuse de una situación de mayores ingresos como el que se prevé para este año.  El proceso tiene como mérito un fortalecimiento de la Cámara de Diputados, ya que limita el campo de acción discrecional de que pudiera disponer el Ejecutivo.

Estas cláusulas le restan casi toda la flexibilidad que antes tenía el gobierno federal para adecuar el presupuesto a circunstancias cambiantes.  Debido al abuso de años anteriores, se han ido cerrando las puertas hasta que ya no hay margen de maniobra.  El problema es que ahora nos hemos ido al otro extremo: ya no existe la flexibilidad necesaria para enfrentar el sobrecalentamiento de la economía.

La recomendación actual es de una restricción fiscal, que implica que el gobierno debería de reducir su gasto para ayudar a enfriar la marcha de la economía.  Ante esta situación, no solamente debería de aplicar el monto total de los ingresos excedentes a amortizar deuda, sino que además debería de recortar el gasto programable.  El problema radica en que el gasto programable es una proporción cada vez menor del gasto total y resulta que no existe mucho margen para reducirlo después de que resultó aprobado por la Cámara de Diputados.

Queda muy claro que somos un país con muchas carencias y que hacen falta más recursos para enfrentar nuestras necesidades.  Resulta casi impensable recortar el gasto social destinado a la educación, los programas de combate a la pobreza o la atención a la salud.  Ciertos sectores estratégicos, como el eléctrico, tienen rezagos importantes en inversión pública que pudieran perjudicar al país en pocos años.  Sin embargo, la inestabilidad macroeconómica pudiera perjudicarnos aun más si no nos preocupamos lo suficiente para adoptar las medidas de restricción fiscal pertinentes.

Puede ser que ya no exista margen para recortar el gasto este año y por lo tanto no queda más que aceptar las consecuencias más adelante.  Sin embargo, debería de tomar nota el grupo de transición económica que en estos momentos esta negociando con Hacienda para la elaboración del presupuesto de 2001.  Si el sobrecalentamiento de la economía empieza a producir estragos más adelante, será necesario que el gobierno entrante cuente con la flexibilidad necesaria para enfrentar cualquier contingencia.  Esto significa pensar en los diferentes escenarios posibles y llegar preparados al año próximo con las armas suficientes.

Con la advertencia de posibles presiones inflacionarias, una disminución en el ahorro interno y un déficit exterior vulnerable, más vale prevenir que lamentar.

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La Meta de Inflación para 2001

 

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La Meta de Inflación para 2001

Por: Jonathan Heath

Una de las más importantes decisiones de política económica para el año entrante será la meta de inflación.  Para cumplir  el objetivo de mediano plazo de llegar a una inflación menor a 3 por ciento en 2003, la meta de este año tendrá que ser muy ambiciosa.

En el transcurso de los últimos años ha mejorado la imagen pública del Banco de México.  La razón principal es que está cumpliendo sus metas de inflación, algo que no hacía en el pasado.  Anteriormente, cuando anunciaba su meta para el año, sin pensarlo mucho, le aumentábamos varios puntos para establecer el piso de inflación.  El año pasado se logró cumplir la meta de 13 por ciento al obtener a fin de año 12.3 por ciento.  Se anunció una meta de 10 por ciento para este año y todo apunta que será menor a 9 por ciento.  No existe mejor medicina para la credibilidad que cumplir una y otra vez con los compromisos.

Sin duda, la meta de 10 por ciento para este año no fue nada ambiciosa.  Se estableció una meta fácil de cumplir precisamente para mejorar la imagen de un banco central muy criticado.  En el proceso, no valoraron lo suficiente la estrategia que se tenía para llegar en 2003 a una inflación menor a 3 por ciento, similar a la de nuestros socios comerciales.  Ahora queda menos tiempo y el camino se ve sumamente difícil ante el gradualismo por el cual se ha optado.

El establecimiento de la meta en sí tiene mucha importancia, ya que marca un tipo de piso para la inflación.  Al acordar el número con el gobierno federal, éste lo incorpora en el presupuesto para el siguiente año.  Los aumentos salariales de los burócratas son determinados en función del objetivo de inflación, al igual que los montos asignados en cada partida del presupuesto.  Por lo mismo, la meta en sí determina si habrá más o menos gasto nominal.

Sin embargo, no solamente se limita el gasto público.  El gobierno incorpora la meta en los aumentos de precios de los bienes administrados, como la gasolina.  En muchos casos también influye en las fórmulas para los precios concertados.  Es un parámetro de referencia en todas las negociaciones contractuales salariales.  Desde hace mucho tiempo la practica es que sea el monto del aumento en los salarios mínimos.

Esto significa que uno de los elementos más importantes para determinar la inflación del año entrante es la meta en sí misma.  Si se fija una meta de 7.5 por ciento, es casi un hecho que la inflación terminará cerca de 7 por ciento, a no ser que tengamos un shock externo que lo impida.  En cambio, si se fija una meta de 5 por ciento, el precio de la gasolina aumentará 5 por ciento, los salarios públicos se incrementarán 5 por ciento y la referencia para otros precios será de 5 por ciento.  Por lo mismo, es probable que la inflación de 2001 se logre colocar por debajo de 5 por ciento.

Muchos analistas están preocupados por la apreciación real del tipo de cambio a través de los últimos dos años.  Entre más tiempo tardamos en reducir la inflación, mayor será la supuesta sobrevaluación de la moneda.  Si lográramos una inflación de 5 por ciento el año entrante, el diferencial de inflación con Estados Unidos sería menor a 2 por ciento.  Esto significa que casi no se tendría que modificar el tipo de cambio para conservar su competitividad actual.

En el transcurso del año los aumentos salariales promedio han estado por arriba de 10 por ciento, ya que los empresarios estaban acostumbrados a otorgar aumentos superiores a lo que anunciaba el Banco de México.  Dado que no se pensaba que se cumpliría la meta, la inflación esperada siempre había sido mayor a la anunciada, lo que dificultaba en sí misma su cumplimiento.  Era un círculo vicioso.

Cada año que cumple su meta, aumenta la credibilidad del Banco de México.  Esto significa que cada vez se tomará más en cuenta la meta de inflación como el parámetro de referencia para aumentos salariales y de precios en la economía.  La brecha entre la inflación esperada y la meta está determinada por la credibilidad.  Por lo mismo, el Banco tiene que anunciar una meta ambiciosa y después hacer todo lo que este a su alcance para cumplirla.  De esta forma se convierte un círculo vicioso en virtuoso.

El Banco de México ha predicado por mucho tiempo sobre el mal de la inflación sobre la economía y la sociedad, sin embargo, ha adoptado un gradualismo en su abatimiento.  Si es cierto que la inflación tiene un efecto nocivo sobre la distribución del ingreso, reduce el poder adquisitivo, distorsiona la toma de decisiones, inhibe la inversión productiva y disminuye el ahorro a través del tiempo, ¿por qué no acelerar la lucha en su contra?

Existe evidencia de que la economía está sobrecalentada y se recomienda aplicar una política más restrictiva para evitar desequilibrar al país.  ¿Por qué no aprovechar esta situación para abatir más rápidamente la inflación?

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Hacienda versus Banco de México

 

Pulso Económico

Hacienda versus Banco de México

Por: Jonathan Heath

En los últimos meses ha surgido la evidencia indiscutible de que la economía presenta signos de sobrecalentamiento.  Como respuesta, el Banco de México ha incrementado el corto cuatro veces en el año.  Por lo mismo, sorprende ahora la actitud poco seria de la Secretaría de Hacienda, que niega lo obvio y rehúsa actuar responsablemente.

La Oficina del Vocero de la Secretaría de Hacienda emitió el domingo pasado un boletín de prensa que cayó como bomba entre los analistas serios y personas preocupadas por los efectos nocivos del sobrecalentamiento que presenta ahora la economía mexicana.  Hacienda dice que “no existe evidencia suficiente para concluir” que existen desequilibrios fundamentales en la economía.

Hace apenas unas semanas habíamos recibido el Informe Sobre la Inflación del Segundo Trimestre que publicó el Banco de México, en el que advierte “que existen riesgos de que se esté materializando un crecimiento excesivamente vigoroso de la demanda agregada y en particular del consumo”.  Después de un examen concienzudo de la coyuntura, las autoridades monetarias señalan la necesidad de aplicar políticas macroeconómicas restrictivas.  El Banco Central ha actuado congruentemente, aumentando el monto del corto en cuatro ocasiones.  Sin embargo, señala que el instrumento más efectivo en estos momentos sería la restricción fiscal, que a juicio de la mayoría de los analistas, no se ha aplicado adecuadamente.

En cambio, la Secretaría de Hacienda presenta un análisis simplista.  En cuanto a las presiones inflacionarias, dice que la inflación anual subyacente se ubica por debajo del índice de precios al consumidor (aunque apenas por 0.11 por ciento), lo cual significa que la reducción en la inflación no se debe a factores temporales que pudieran revertirse.  Sin embargo, es casi un hecho que con las cifras de inflación de julio, la inflación subyacente se volverá a colocar por arriba de la general, debido a que la inflación del mes pasado fue anormalmente baja como producto de factores temporales.

En cambio, el Banco de México analiza a fondo los diferentes indicadores para concluir lo contrario.  Por ejemplo, el índice de precios al productor, un indicador adelantado de la inflación al consumidor, presenta incrementos en los últimos cinco meses.  La inflación subyacente de los bienes no comerciables se encuentra por arriba de la inflación general, en respuesta a que existen todavía factores de resistencia a la baja en los precios.  En especial, la inflación de los precios administrados y concertados, responsabilidad directa del gobierno federal, es de los rubros de mayor aumento.

Hacienda alega que los incrementos promedio otorgados a los salarios contractuales en el primer semestre del año han sido 5 puntos porcentuales menores a los registrados en el mismo periodo del año anterior.  Con esto afirma que no existen presiones salariales.  En cambio, el Banco de México señala que los costos laborales unitarios han aumentado en casi todos los sectores de la economía; existe evidencia de escasez de mano de obra calificada en ciertas regiones del país; los aumentos salarios han sido mayores a las expectativas y no han disminuido en relación con los observados a principios de año. 

A pesar de que las importaciones de bienes de consumo han aumentado más de 40 por ciento anual en lo que va del año, Hacienda cierra los ojos y dice que no existe una tendencia al deterioro en el déficit externo.  No importa que el déficit de la balanza comercial no petrolero aumentó 82.6 por ciento en estos seis meses en relación con el mismo periodo del año pasado.  Tampoco parece preocupar el hecho de que los precios del petróleo ya no van a seguir subiendo, por lo que es un hecho que el déficit comercial aumentará aceleradamente en la segunda mitad del año.

Queda claro que las visiones de Hacienda y Banco de México no concuerdan.  Los funcionarios de Hacienda tienen un horizonte de escasos cuatro meses.  Cualquier ajuste necesario será fácilmente pospuesto para después del primero de diciembre y así no será necesario asumir el costo político de un ajuste restrictivo.  Si incorporamos al análisis una perspectiva más cínica de la que nos ha acostumbrado el gobierno, tendríamos que pensar necesariamente que les preocupa más el cobro de su bono sexenal que cualquier intento de austeridad.  ¿Para qué preocuparse de aplicar los frenos si cualquier beneficio de dicha acción será para el gobierno entrante?  ¿Será cierto lo del año de Hidalgo?

En cambio, la perspectiva del Banco de México es de más largo plazo.  Guillermo Ortiz será gobernador por lo menos hasta diciembre de 2003 y quiere que la inflación esté por debajo de 3 por ciento para esas fechas.  El sabe que el instrumento más idóneo es la restricción fiscal y de no aplicarla ahora, significa que se tendrá que hacer con más fuerza más adelante.  Entre más tiempo se retrase lo inevitable, más difícil será cumplir con las metas de abatimiento inflacionario.

No hay duda de que por fin estamos ante una verdadera autonomía del Banco Central.  Justamente la idea de tener una autoridad monetaria independiente era para evitar que se validaran los errores de un gobierno federal más interesado en la política que en el futuro de la economía del país.  Se ha logrado creado los incentivos adecuados para que el Banco de México siga preocupado por la inflación, mientras que los funcionarios del gobierno federal están haciendo maletas.

Uno de los riesgos más grandes es que si no se aplica la política económica restrictiva desde ahora, el sobrecalentamiento de la economía podría llevar a una recesión más adelante.  De una forma análoga, es el mismo dilema que ha estado enfrentando Alan Greenspan en Estados Unidos: habría que buscar un aterrizaje suave justamente para evitar una recesión en el futuro mediato.

Una cosa nos debe quedar muy clara.  Si el año entrante la economía tiene que entrar a una desaceleración marcada o inclusive a una recesión, será responsabilidad de los funcionarios actuales de Hacienda y no del próximo gobierno, justamente por no aplicar las medidas adecuadas a tiempo y querer evadir su responsabilidad.

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El Crecimiento Económico

 

Pulso Económico

El Crecimiento Económico

Por: Jonathan Heath

El nuevo Indicador Global de la Actividad Económica que dio a conocer el INEGI sugiere que el crecimiento económico del segundo trimestre será superior a 7 por ciento.  Aun con una desaceleración moderada en la segunda mitad del año, se proyecta un aumento en el PIB superior a 6 por ciento para el año.

La actividad económica ha mostrado un gran dinamismo con un crecimiento promedio de 7.9 por ciento anual en los primeros cinco meses de este año.  Los números actuales sugieren que el segundo trimestre podrá haber avanzado alrededor de 7.6 por ciento, con lo cual habremos crecido 7.8 por ciento en la primer mitad del año.  Suponiendo un crecimiento de 6.2 por ciento en la segunda mitad, que no se ve muy difícil a estas alturas, alcanzaremos el 7 por ciento en un año por primera vez desde 1981.

Ante esta posibilidad, el Banco de México incrementó el monto del “corto” en 50 millones, para llegar a 280 millones de pesos, con la finalidad de aminorar el paso tan acelerado.  Al mismo tiempo, hemos visto peticiones de diversas fuentes al gobierno federal para que aplique una política fiscal más restrictiva.  Ahora que estamos viendo un crecimiento parecido al que prometió Fox en su campaña, todos quieren que se desacelere.  Sin embargo, se estima que es necesario para crear los empleos que necesitamos.  ¿Por qué la preocupación si se supone que es justamente lo que queremos?

No hay duda de que el crecimiento económico es positivo.  Si la economía no está en expansión, no habrá la creación de empleos necesarios para acomodar a la población que entra la fuerza laboral año tras año.  Difícilmente podemos pensar que mejoraría el poder adquisitivo de la gente o que se daría una distribución más equitativa del ingreso.  Los recursos que podría generar el gobierno para financiar programas sociales, mayores oportunidades de educación o la ampliación de la infraestructura, sería poco si la actividad económica no crece a tasas aceleradas.  Por lo mismo, cabe preguntar por qué la quieren desacelerar.

Queremos un crecimiento económico que sea sostenible, es decir, que se dé en forma continua y persistente a través del tiempo, de tal forma que sea la regla y no la excepción.  También queremos que sea sustentable, lo que significa que se pueda sostener con razón y que su permanencia sea defendible, de tal forma que su logro no implique un costo elevado para la sociedad.  Esto quiere decir que un crecimiento inequitativo no es defendible.  Es posible crecer de manera sostenida por un periodo largo, pero sin que los beneficios permeen a toda la sociedad.  No queremos que el crecimiento sea exclusivo de unos cuantos, sino que favorezca a la mayoría de los mexicanos.

Para lograr el crecimiento que necesitamos debemos cuidar bien ciertos equilibrios.  Por ejemplo, no es saludable que sea uno solo el motor del crecimiento.  Si son únicamente las exportaciones, seguramente los beneficios se concentrarán en las empresas grandes y del norte del país.  Sin que exista la inversión necesaria, no es viable que se pueda sostener el ritmo de crecimiento de las exportaciones.  También queremos que aumente el consumo ya que al final de cuentas es lo que más representa el bienestar de la población.  Sin embargo, si el consumo crece a un ritmo mayor que el resto de la economía, es muy probable que disminuya el ahorro, lo que marca el paso a la inversión.  Por lo mismo, necesitamos que el crecimiento provenga de un avance equilibrado de estos factores.

También necesitamos cuidar el equilibrio entre la demanda y la oferta agregada, es decir, que la oferta crezca al mismo ritmo que la demanda.  De lo contrario, se producirán presiones inflacionarias que terminarán por disminuir el poder adquisitivo y crear condiciones de inestabilidad.  Una posibilidad es complementar la oferta agregada a través de una mayor importación de bienes y servicios.  Sin embargo, existe un limite al tamaño deseado del déficit externo, ya que llega un momento en que se dificulta su financiamiento en forma permanente y por lo tanto, se puede llegar a una situación demasiado vulnerable a cualquier cambio en el ambiente externo.

Justamente el problema actual es que el crecimiento que se observa no es equilibrado.  El consumo se ha acelerado a tal nivel que empiezan a detectarse presiones inflacionarias y una disminución en el ahorro interno.  Al mismo tiempo, el déficit externo ha empezado a crecer a un ritmo no deseable, en el cual la importación de bienes de consumo es el componente más dinámico.

El reto inmediato es realizar los ajustes necesarios para evitar problemas futuros.  Estamos creciendo a una tasa elevada, pero todavía no es sostenida ni sustentable.

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La Reforma Fiscal Integral

 

Pulso Económico

La Reforma Fiscal Integral

Por: Jonathan Heath

Existe amplio consenso de que la Reforma Fiscal Integral es esencial para lidiar con los problemas más apremiantes de la sociedad.  Sin embargo, debemos ser realistas en cuanto a su alcance y definir bien las prioridades, ya que no podrá resolver lo todo.

El equipo económico de transición del próximo gobierno ha dejado muy clara la importancia de la Reforma Fiscal Integral.  En el transcurso de la campaña presidencial, Vicente Fox prometió una gran cantidad de programas dirigidos a resolver los rezagos en educación, en salud y en el combate a la pobreza, junto con estrategias para lograr un crecimiento equitativo de la economía.  Para financiar estos esfuerzos es necesario incrementar la recaudación fiscal, lo cual únicamente será posible mediante una reforma integral.

La discusión en torno a una reforma fiscal de fondo no es nueva.  La administración actual la ha estudiado a lo largo del sexenio, al igual que muchas instituciones del sector privado como el Consejo Coordinador Empresarial, el Colegio de Contadores Públicos, el Colegio Nacional de Economistas y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.  A estas alturas más bien sobran propuestas.  Sin embargo, ningún estudio o propuesta empieza con un análisis serio de lo que realmente puede abarcar.

Antes de entrar en los detalles de lo que podría ser la reforma, habría que empezar por distinguir entre lo que queremos que comprenda y lo que realmente puede resolver.  La mayoría de las propuestas empiezan con una lista extensa de objetivos, que más bien parecen buenos deseos más que realidades.  Para este propósito, existen tres consideraciones esenciales, relacionadas entre si, que no se han tomado en cuenta.

Al estudiar la instrumentación de la política económica, uno de los principios al que se pone mucho énfasis es que para que sea efectiva debe existir una correspondencia entre el número de objetivos y el número de instrumentos.  Si existen más objetivos que instrumentos no se podrán satisfacer todos ya que habrá una subdeterminación.  Si hay más instrumentos que objetivos habrá una sobredeterminación.  En términos matemáticos equivale a la solución de un sistema de ecuaciones simultáneas: para resolver el sistema se necesita que el número de ecuaciones sea igual al número de variables.

Si elaboramos una lista de qué nos gustaría que abarcara la reforma fiscal, sin mucho esfuerzo tendríamos más de una docena de objetivos, todos seguramente importantes.  En la lista seguramente estarán mayor recaudación, menor evasión fiscal, promoción de la inversión productiva, incremento en el ahorro, simplificación administrativa, integración de la economía informal, redistribución del ingreso, creación de empleos permanentes, impulso de las empresas pequeñas y medianas, protección de los estratos de menores ingresos, seguridad jurídica, equilibrio regional y trato equitativo.

Sin embargo, los instrumentos con que contamos son las políticas de ingresos, de gasto y de déficit público.  Esto significa que difícilmente podremos cumplir con más de tres grandes objetivos.  Al pretender incorporar más, entramos en un terreno peligroso en el cual el gobierno va a fallar porque, de entrada tiene un mal diseño.

La segunda consideración es que muchos de los objetivos que planteamos para la reforma son sustitutos y no complementarios.  Por ejemplo, las propuestas de equidad y progresividad en la estructura tributaria están encontradas con la de incrementar la recaudación.  La simplificación administrativa y la reducción de la evasión nos llevarían a eliminar las exenciones al IVA, mientras que los objetivos de redistribuir el ingreso y crear mayor equidad nos indican que habría que incorporar más exenciones y tasas múltiples.

Esto significa que tenemos que analizar cada uno de los objetivos y agruparlos según su complementariedad.  En otras palabras, si un objetivo es independiente o sustituto de otro, habría que considerarlo aparte.  Únicamente podremos considerar juntos los objetivos que se complementan entre sí.  Por ejemplo, queda claro que la reducción de la evasión, el elevado cumplimiento tributario, la expansión de la base gravable y la integración de la economía informal, se pueden juntar en un solo objetivo amplio de incrementar la recaudación.  Sin embargo, no podemos agrupar la propuesta de equidad o de redistribución del ingreso con la de mejorar la recaudación.  Ya agrupados de esta manera, tendremos que ordenarlos por prioridad.  Todos los objetivos serán importantes y deseables, pero tendremos que establecer prioridades para escoger entre unos y otros.

La tercera consideración es que no se ha puesto suficiente atención a la eficacia relativa de cada instrumento para determinar su uso.  Por ejemplo, ¿es mejor utilizar la política de gasto o la de ingresos para cumplir con el objetivo de combatir la pobreza?  Se puede utilizar cada uno de los instrumentos para cumplir en una forma u otra con los diferentes objetivos.  Sin embargo, resulta medio absurdo utilizar un instrumento poco efectivo para cierto objetivo si existe la posibilidad de utilizar otro mejor.  Por lo mismo, antes de pensar en los detalles de la reforma, valdría la pena examinar los instrumentos y asignarle a cada uno el objetivo más idóneo.

Esto significa que el punto de partida para la elaboración de la reforma fiscal es el establecimiento metodológico.  Primeramente, habría que elaborar la lista de objetivos, asignándole a cada uno su prioridad.  Segundo, habría que establecer claramente cuáles son los instrumentos con que contamos y su eficacia relativa para cumplir con los distintos objetivos. Tercero, en respuesta a los objetivos más importantes (prioritarios), le asignamos el instrumento más idóneo.

De esta forma sabremos de antemano los alcances de la reforma, sin esperar más que lo que resuelve, y al mismo tiempo, elaborar una propuesta que tenga sentido.  Intuitivamente, podríamos pensar que la política de ingresos tendría el objetivo de incrementar la recaudación y la política de gasto buscaría combatir la pobreza.  Si éste es el caso, ya podremos partir para elaborar las propuestas específicas.

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