El Déficit Público

 

Pulso Económico

El Déficit Público

Por: Jonathan Heath

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó ayer un superávit de 23 mil millones de pesos en el primer semestre del año, lo cual es aproximadamente 0.4 por ciento del PIB.  Según las autoridades este monto va en línea con la meta de un déficit anual de 1.0 por ciento del PIB.  Con estos resultados, el déficit público promedio del sexenio será de 1.0 por ciento, menor que el de los dos sexenios anteriores.

Al dar a conocer el reporte trimestral sobre las finanzas públicas, el gobierno dice que los diversos indicadores muestran resultados favorables que confirman que se mantuvo la disciplina fiscal.  Aunque todavía no conocemos el PIB nominal del segundo trimestre, dado que el INEGI lo dará a conocer hasta el viernes de la semana entrante, podemos esperar que el superávit de la primera mitad del año sea de 0.43 por ciento del PIB.  Al tomar en cuenta que existen mayores erogaciones en el segundo semestre, todo parece indicar que sí es consistente con el cumplimiento de la meta de 1.0 por ciento del PIB para el año.

Sin admitir que la economía ya se encuentra en una fase de sobrecalentamiento, las autoridades reconocen que ante el vigoroso desempeño de la actividad económica hay que estar alerta para evitar presiones inflacionarias y garantizar una transición ordenada a la nueva administración.  También plantean que no sería conveniente introducir un estímulo adicional a la demanda agregada a través de un incremento al gasto público y por lo tanto, no utilizarán el excedente de 2,516 millones de pesos de ingresos obtenidos en los primeros seis meses del año.

Parte de la justificación para no ejercer el gasto adicional es que se prevé la posibilidad que los ingresos no recurrentes en el segundo semestre se sitúen por debajo de las previsiones originales, por lo que en el año en su conjunto no habría ingresos extraordinarios.  Esto ocurriría únicamente si se da una desaceleración muy marcada de la actividad económica y un desplome en los precios internacionales del petróleo.  Aunque esto es posible, realmente no es muy probable.  Sin embargo, vale la pena prevenir para después no lamentar.

Obviamente estamos ante una actitud muy diferente a la que prevalecía antes de las elecciones.  El mismo gobierno admite en su reporte que, excluyendo las erogaciones de carácter no recurrente como las asociadas a la organización del proceso electoral y al censo de población y vivienda, el gasto programable en el primer semestre aumentó 9.8 por ciento en términos reales con respecto al mismo periodo de 1999, por arriba del crecimiento del PIB.  Por lo mismo, el gasto público federal fue un motor de crecimiento importante en la primera mitad del año.

A lo largo del sexenio el gobierno ha presumido de la disciplina fiscal, plasmada en déficit públicos reducidos año tras año.  En 1995, año de una crisis severa y una caída pronunciada en los ingresos tributarios, se sostuvo un déficit de 0.01 por ciento del PIB.  Al año siguiente se registró un superávit de 0.01 por ciento, por lo que podemos decir que se presentó un presupuesto balanceado en los dos primeros años del sexenio.

A partir de 1997, ya con los costos asociados a Fobaproa y las reformas al Seguro Social, hubo gastos extraordinarios que llevaron de nuevo las finanzas públicas a un déficit.  Sin embargo, los déficit de los siguientes tres años fueron moderados en comparación con la década anterior, al promediar 1.04 por ciento del PIB entre 1997 y 1999.  Para este año se espera un déficit similar para llevar el promedio del sexenio a 0.7 por ciento del PIB.  El promedio del sexenio de Salinas fue 0.02 por ciento, incluyendo los ingresos extraordinarios de las privatizaciones, pero de 1.6 por ciento al no considerarlos.  En cambio, el déficit promedio observado del sexenio de De la Madrid fue de 11.9 por ciento del PIB.  Hasta aquí todo parece confirmar que sí existe un avance importante en la disciplina fiscal.

El problema surge cuando empezamos a considerar todos los rubros de gastos que no se contemplan dentro del presupuesto.  La definición que se utiliza, llamado el balance económico del sector público, no incluye toda una serie de conceptos que llevarían el déficit a un número mayor.  Por ejemplo, algunos analistas dicen que el costo fiscal del rescate bancario, las inversiones de las Pidiregas y otros conceptos no están integrados correctamente y llevarían el déficit a un número sustancialmente mayor.

Sin entrar en la polémica de qué rubros deben entrar y cuáles no, el propio Banco de México publica en su Informe Anual los Requerimientos Financieros del Sector Público, que es el concepto reconocido por el FMI como el más adecuado para medir las presiones de las finanzas públicas.  En los últimos seis años esta medida presenta un déficit promedio de 1.9 por ciento del PIB, más elevado que lo que presenta Hacienda.

¿Cuál es el déficit correcto?  Parece ser que todavía necesitamos avanzar más en términos de transparencia en las finazas públicas.

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