Las Finanzas Públicas

 

Pulso Económico

Las Finanzas Públicas

Por: Jonathan Heath

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó ayer al Congreso los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre del año.  El balance arrojó un superávit de 23 mil millones de pesos, superior en 46.4 por ciento al mismo periodo del año pasado.

Sin conocer todavía los detalles del informe sobre las finanzas públicas, ya sabemos que en la primera mitad del año los ingresos del gobierno fueron mayores a los aprobados por el Congreso.  El precio promedio del petróleo superó 24 dólares por barril, mientras que el presupuesto contemplaba apenas 16 dólares.  Aunque el tipo de cambio resultó menor a lo que se había programado, fue suficiente para un incremento de 26.4 por ciento en los ingresos petroleros.  La actividad económica ha aumentado más de 7 por ciento en lo que va del año, cuando se había contemplado un crecimiento de 4.5 por ciento.  Esto explica que la recaudación del IVA aumentó 15.2 por ciento y la del ISR 10.2 por ciento.

Es difícil interpretar el superávit generado en la primera mitad del año, ya que los compromisos del presupuesto son de carácter anual.  De hecho es necesario generar un superávit ahora para enfrentar los mayores gastos que se darán más adelante.  Lo único que nos dice el gobierno es que estamos en línea con la meta de un déficit anual del uno por ciento del PIB.  Esto significa que a pesar de contar ya con los datos de los primeros seis meses, no podemos analizar claramente la magnitud de los ingresos adicionales ni su destino específico.  Seguramente parte se destinará a un mayor gasto, parte a compensar otros rubros de ingresos que no se lograrán y parte a la amortización de la deuda.

Sin embargo, a partir del presupuesto de egresos de 1998, la Cámara de Diputados ha acotado los espacios para las variaciones del gasto público que se pudieran generar en respuesta a un cambio en los ingresos.  Se establecieron reglas que determinan el monto máximo de gasto que se puede ejercer, al igual que los límites a partir de los cuales se debe reducir el gasto cuando disminuyan.  También se determinó el destino específico de los recursos adicionales, que en los últimos tres años ha variado en función de la percepción de la Cámara de Diputados sobre las necesidades más apremiantes.

En términos generales, se estableció que el excedente de ingresos se destinara a mayor gasto hasta un máximo de uno por ciento del PIB, a partir del cual se tiene que utilizar para amortizar la deuda pública.  En el caso específico del presupuesto para 2000, el artículo 35 del decreto marca con precisión cómo se deben aplicar los excedentes generados.  Después de descontar el incremento automático en el gasto no programable, se podrá aplicar al gasto programable un monto máximo de 750 millones de pesos.  Los ingresos excedentes que rebasen ese monto se destinarán en un 40 por ciento a la constitución de un fondo de estabilización de los ingresos petroleros y 60 por ciento a la amortización de la deuda pública.

En palabras de la Secretaría de Hacienda, una implicación del mecanismo anterior es que brinda una mayor protección a favor de la estabilidad macroeconómica, ya que impide que el déficit público varia en el curso del ejercicio fiscal más allá de los limites establecidos.  Así, además de reducir la facultad del Ejecutivo para asignar recursos públicos, se evita que el gasto público sea causa de desequilibrios macroeconómicos como ocurrió en ocasiones anteriores.

Este tipo de reglas funcionó muy bien en 1998 cuando el gobierno tuvo que recortar el gasto en varias ocasiones para acomodar los ingresos perdidos ante la baja en el precio del petróleo.  También le pone candados necesarios al Ejecutivo para que no abuse de una situación de mayores ingresos como el que se prevé para este año.  El proceso tiene como mérito un fortalecimiento de la Cámara de Diputados, ya que limita el campo de acción discrecional de que pudiera disponer el Ejecutivo.

Estas cláusulas le restan casi toda la flexibilidad que antes tenía el gobierno federal para adecuar el presupuesto a circunstancias cambiantes.  Debido al abuso de años anteriores, se han ido cerrando las puertas hasta que ya no hay margen de maniobra.  El problema es que ahora nos hemos ido al otro extremo: ya no existe la flexibilidad necesaria para enfrentar el sobrecalentamiento de la economía.

La recomendación actual es de una restricción fiscal, que implica que el gobierno debería de reducir su gasto para ayudar a enfriar la marcha de la economía.  Ante esta situación, no solamente debería de aplicar el monto total de los ingresos excedentes a amortizar deuda, sino que además debería de recortar el gasto programable.  El problema radica en que el gasto programable es una proporción cada vez menor del gasto total y resulta que no existe mucho margen para reducirlo después de que resultó aprobado por la Cámara de Diputados.

Queda muy claro que somos un país con muchas carencias y que hacen falta más recursos para enfrentar nuestras necesidades.  Resulta casi impensable recortar el gasto social destinado a la educación, los programas de combate a la pobreza o la atención a la salud.  Ciertos sectores estratégicos, como el eléctrico, tienen rezagos importantes en inversión pública que pudieran perjudicar al país en pocos años.  Sin embargo, la inestabilidad macroeconómica pudiera perjudicarnos aun más si no nos preocupamos lo suficiente para adoptar las medidas de restricción fiscal pertinentes.

Puede ser que ya no exista margen para recortar el gasto este año y por lo tanto no queda más que aceptar las consecuencias más adelante.  Sin embargo, debería de tomar nota el grupo de transición económica que en estos momentos esta negociando con Hacienda para la elaboración del presupuesto de 2001.  Si el sobrecalentamiento de la economía empieza a producir estragos más adelante, será necesario que el gobierno entrante cuente con la flexibilidad necesaria para enfrentar cualquier contingencia.  Esto significa pensar en los diferentes escenarios posibles y llegar preparados al año próximo con las armas suficientes.

Con la advertencia de posibles presiones inflacionarias, una disminución en el ahorro interno y un déficit exterior vulnerable, más vale prevenir que lamentar.

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