El Bono Sexenal

 

Pulso Económico

El Bono Sexenal

Por: Jonathan Heath®

A partir de 1997 el Congreso se convirtió formalmente en un poder independiente del Ejecutivo y empezó a modificar los términos con que se aprobaba el presupuesto.  Los grandes márgenes de maniobra con que se manejaba el gasto público se acotaron y se introdujo una mayor rendición de cuentas.  El resultado es un presupuesto mucho más transparente pero poco flexible para adaptarse a situaciones cambiantes.

Uno de los grandes reclamos de la sociedad ha sido una mayor transparencia en el manejo del gasto público.  Si pagamos impuestos, necesitamos saber exactamente en qué se gastan.  Si hay abusos o desvíos, queremos que se castigue a los culpables.  Si hay excedentes, preferimos que se reduzca la deuda pública, a que el gobierno gaste en lo que quiera, como quiera y cuando quiera.  Los grandes márgenes de maniobra siempre fueron origen de dudas sobre la honestidad de los funcionarios públicos, y una gran fuente de abuso y autoritarismo.

Aunque hubo algunos intentos en otros sexenios, sus resultados fueron cuando mucho, mediocres.  Una de las razones principales es que el Poder Legislativo nunca funcionó como un órgano independiente del Poder Ejecutivo.  Mientras que el Ejecutivo realizaba el presupuesto que quería, el Legislativo lo aprobaba en forma automática, casi sin discusión.  La aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal terminaba siendo un mero trámite.  No existía un mecanismo que funcionara como una verdadera rendición de cuentas.

En el transcurso de este sexenio hemos visto progreso importante hacia una mayor transparencia y una menor discrecionalidad en dos vías: primero, los esfuerzos propios del gobierno federal a través de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP; y después, a través de la Cámara de Diputados, que a partir de 1997 empieza a mostrar un carácter independiente al modificar los términos con que se aprueba el presupuesto.

A pesar de que la Constitución prevé el empleo de partidas secretas manejadas a discreción del Presidente de la República, se dejó de ejercer esta partida desde 1998, y se eliminó explícitamente a partir de este año.  En el sexenio anterior, esta partida llegó a rebasar 2 mil millones de pesos al año.

A pesar de que los ingresos totales del gobierno son aprobados a través de la Ley respectiva, siempre existe la posibilidad de que resulten diferentes a los aprobados por el Congreso.  Anteriormente no existía ninguna previsión acerca de lo que podía hacer el gobierno en este caso.  Se podía gastar los excedentes en forma totalmente discrecional.  Si los ingresos fueran inferiores, el Ejecutivo podía disminuir el gasto en la forma que quisiera o bien, endeudarse más sin mayor autorización.  A partir de 1998, el Congreso establece reglas explícitas que acotan los espacios de discrecionalidad, al especificar el destino de los recursos adicionales, así como los programas que no puede recortar cuando sea necesario reducir el gasto.

Otro adelanto importante ha sido la información desglosada del programa salarial de los trabajadores del sector público.  Anteriormente, se presentaba una sola cifra dentro del denominado “programa salarial” del presupuesto, a través del cual el Ejecutivo podía ejercer de forma totalmente discrecional su distribución entre dependencias, creación de plazas, pago de bonos y otro tipo de medidas que afectaban las percepciones de los trabajadores.  A partir de 1998, el presupuesto especifica el desglose entre incrementos salariales y nuevas plazas, además de que ahora se prohíbe traspasar recursos de otros capítulos de gasto hacia el programa salarial de las dependencias.  Ahora el gobierno nos presenta la información sobre las remuneraciones de los servidores públicos desglosada entre sueldos y estímulos por productividad, con topes mínimo y máximo por puesto.  Además, se especifican las prestaciones exactas a que tienen derecho, como seguros, vacaciones y similares.

Una vez aprobado el presupuesto, existe una imposibilidad jurídica para erogar mayores recursos a los aprobados en las negociaciones salariales que el Ejecutivo realizó con los diferentes gremios en el curso del ejercicio fiscal.  Esta restricción presupuestal modifica la relación con las distintas representaciones sindicales y grupos de trabajo y corresponsabiliza a la Cámara de Diputados en la determinación de la política salarial.  En principio, se pensó que inclusive evitaría que las negociaciones salariales fueran una fuente de presión al gasto público durante el ejercicio fiscal.

No cabe duda de que estos avances han sido producto de la presión social.  La sociedad civil es la que ha exigido mayor transparencia y la eliminación de la gran discrecionalidad con que se manejaba anteriormente el gobierno.  No queremos que los funcionarios públicos y demás burócratas reciban bonos o premios discrecionales.  Sin embargo, no todos lo han entendido así.  La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado ha organizado marchas, bloqueos y paros de labores para presionar al gobierno a que le otorgue el ya famoso bono sexenal.

Si el gobierno dobla las manos y otorga el bono o algún pago equivalente, estará dando marcha atrás a todo lo que hemos logrado avanzar.  Peor aún, si decide dar el bono mandará el peor mensaje de todos: el que no esté conforme con cualquier política gubernamental, simplemente tiene que bloquear el Periférico y perjudicar a millones de mexicanos para conseguir lo que quiere.  No importa qué diga la ley, que haya acordado el Congreso o el sentimiento de las mayorías.  Con cada una de estas acciones, el gobierno propicia la cultura del no pago, del no acatar a las leyes y de la desobediencia civil sin razonamiento.

México es un país con inaceptables niveles de desigualdad y pobreza, enmarcadas dentro de una cultura institucionalizada de corrupción e impunidad.  Tenemos una gran necesidad de que el gobierno combata nuestras insuficiencias a través de un mayor gasto social.  Sin embargo, la evasión fiscal ha limitado la cantidad de recursos fiscales con que cuenta el gobierno.  Pero es difícil pedirle a la población que pague sus impuestos si los recursos recaudados van a pagarle a los burócratas bonos sexenales.

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La Inflación

 

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La Inflación

Por: Jonathan Heath®

El martes pasado el Banco de México reportó que la inflación de la primera quincena de octubre fue 0.44 por ciento.  Resultó superior a la esperada de 0.34 por ciento y a la de la misma quincena del año pasado de 0.37 por ciento.  Esta noticia se ha tomado como el comienzo de un periodo más difícil para el abatimiento inflacionario y fue una de las razones para explicar la depreciación del tipo de cambio de ayer.

Se había dicho que la semana pasada el Banco de México aumentó el corto para mostrar que su intención de cumplir con la meta de 6.5 por ciento el año entrante va en serio.  Sin embargo, ahora con la noticia de la inflación de la primera semana de octubre, algunos analistas han dicho que fue en anticipación a esta mala noticia.  La inflación venía mostrando una clara tendencia a la baja desde principios de 1999, que ahora se ve claramente interrumpida.  Las autoridades monetarias han insistido que vendrían mayores presiones inflacionarias.  ¿Será el comienzo de un periodo más difícil?

La inflación esperada para esta quincena era de 0.34 por ciento, consistente con una tasa de 0.51 a 0.53 por ciento para el mes.  Sin embargo, ahora la inflación mensual apunta hacia una tasa de 0.62 por ciento o más.  ¿Por qué nos equivocamos?  ¿Existen presiones que no habíamos contemplado?  Afortunadamente, el Banco de México expide ahora mucha más información analítica para contestar estas preguntas.

La verdad es no hicimos bien nuestra tarea.  Deberíamos de haber advertido una tasa más elevada, ya que varios de los factores que explican el repunte sí eran previsibles.  Por ejemplo, en mayo de este año la inflación de fue de 0.37 por ciento, cuando en los meses anteriores había sido mayor a 0.50 por ciento.  La explicación fue el comienzo de la temporada cálida en 11 ciudades del país, por lo cual entraba en vigor un subsidio a las tarifas eléctricas por un periodo de seis meses.  Dado que ya se acabó este periodo, termina el subsidio y vuelven a subir las tarifas.  Esto ya lo sabíamos y se nos olvidó, pero explica sólo cinco centésimas de la inflación.

Otro factor que también podríamos haber anticipado fue que terminó la promoción que tuvo el servicio de larga distancia internacional por un mes, lo cual explica otras dos centésimas.  Si le sumamos estas siete centésimas a la inflación esperada de 0.34 por ciento, tendríamos 0.41 por ciento y únicamente faltaría por explicar tres centésimas, lo cual es mucho más razonable.

Según el boletín de prensa del Banco de México, en las cuotas del servicio telefónico local hubo un aumento importante que no se esperaba y que explica seis centésimas.  También hubo un aumento importante en el precio del jitomate, que cada mes parece subir o bajar en grandes proporciones.  Podemos recordar que parte de la explicación de la inflación elevada de la segunda quincena de agosto fue por el incremento en el precio del jitomate; igualmente la inflación fue menor a la esperada en la primera quincena de septiembre porque bajó.

Al final de cuentas, dado que la inflación es un aumento generalizado y sostenido en los precios, siempre habrá precios que estén subiendo.  Entonces, ¿por qué es importante distinguir cuáles fueron?  La relevancia de tratar de distinguir de dónde proceden los aumentos viene de que pueden ser de una naturaleza diferente.  Dependiendo del tipo de producto o servicio que aumente, será el resultado de presiones inflacionarias internas o externas, de factores bajo el ámbito de la política monetaria o totalmente ajenos.

Por ejemplo, la variación en el precio del jitomate obedece mucho más a las condiciones climatológicas, que además de estar fuera del control de la política monetaria, es de naturaleza temporal.  No es necesario apretar la política monetaria, cuando es muy probable que bajará el precio el mes entrante.  Justamente por estas razones, el Banco de México introdujo el nuevo índice que mide la inflación subyacente.

Si listamos los precios que más aumentaron en la quincena, encontramos que los de gas doméstico, electricidad, servicio telefónico y gasolina, pertenecen al rubro de precios administrados y concertados.  Al mismo tiempo, los precios del jitomate y la cebolla pertenecen al índice de precios agrícolas.  Ambos índices se excluyen del de la inflación subyacente, justamente por ser de alta volatilidad y de una naturaleza distinta al resto de los precios en la economía.  Por lo mismo, aunque la inflación subió más de lo esperado en esta quincena, podemos adelantar que la inflación subyacente en el mes de octubre será sustancialmente menor.  Esto significa que la tendencia de inflación a mediano plazo sigue a la baja y que no tenemos que preocuparnos demasiado por esta cifra de 0.44 por ciento.

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Los Recursos Excedentes

 

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Los Recursos Excedentes

Por: Jonathan Heath®

El precio promedio del petróleo superó 29 dólares por barril en el mes de septiembre, por lo cual se estima que el promedio del año será mayor a 25 dólares.  Para ayudar a contener el incremento en el precio, el gobierno ha aumentado la plataforma de exportación a 1.75 millones de barriles diarios.  Dado que el precio y el volumen del presupuesto federal eran de 16 dólares y 1.525 millones de barriles diarios respectivamente, se ha generado una cantidad importante de recursos excedentes.

Un precio de 16 dólares por barril y un volumen de 1.525 millones de barriles diarios da un ingreso de 8,930 millones de dólares, que era el monto presupuestado por el gobierno para el año.  Sin embargo, se estima que el precio promedio será 25.31 dólares y el volumen promedio alcanzará 1.676 millones de barriles diarios, lo que significa un ingreso de 15,524 millones de dólares, un excedente de 6,594 millones de dólares o de 62,470 millones de pesos.  Este monto equivale a 1.16 por ciento del PIB, por lo que no es una cifra trivial.  ¿Qué hará el gobierno con el excedente?

En principio, podríamos pensar que existen muchas opciones.  El gobierno se lo puede gastar y aun así cumplir su meta presupuestal de un déficit de 1.0 por ciento del PIB.  Se podrían invertir en PEMEX para ampliar su capacidad productiva, especialmente ahora que existe un precio muy elevado.  También podría cerrar el año con un déficit menor al 1.0 por ciento y así ayudar al Banco de México a contener las presiones inflacionarias.  Sin embargo, el gobierno no tiene tantas opciones como parece, ya que existen previsiones muy claras en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2000.

Lo primero que habría que considerar es que no necesariamente van a sobrar 62,470 millones de pesos.  Existen algunos otros ingresos presupuestados que no se materializaron, como una provisión de alrededor de 8 mil millones de pesos de privatizaciones de aeropuertos y puertos marítimos.  Habrá seguramente otros rubros que considerar, pero desafortunadamente no tenemos información.  Pero para completar el ejercicio, vamos a suponer que de todos modos sobran 54 mil millones de pesos.

Si estuvieron atentos al debate sobre el presupuesto en diciembre del año pasado, seguramente recordarán que los Diputados acordaron gastar alrededor de 15 mil millones de pesos más de lo originalmente propuesto por el Poder Ejecutivo.  Para financiar el incremento en el gasto, se aumentó el supuesto del precio de petróleo y se realizaron varios ajustes, de tal forma que se cubrió más o menos la mitad.  Posteriormente, se dejó estipulado en el Articulo 84 del Decreto Aprobatorio que el Ejecutivo tenía que realizar ajustes en el gasto general por un monto de 7,624 millones de pesos.  Sin embargo, se dejó una provisión en el Artículo 35 del mismo Decreto que de existir excedentes en los ingresos presupuestados, lo primero que se haría sería utilizarlos para reponer el gasto recortado.  Esto significa que de nuestra estimación de 54 mil millones de pesos, habría que descontar 7,600 millones, por lo que quedan 46,400 millones.

El Articulo 35 del Decreto Aprobatorio estipula lo que se debe hacer con el resto del excedente.  No queda claro para qué, pero de entrada, le permite al gobierno descontar 750 millones de pesos.  Posiblemente este es el margen que le deja al Poder Ejecutivo para incrementar el gasto en imprevistos.  No obstante, es un monto menor y todavía deja un sobrante de 45,650 millones de pesos.

El Decreto aprobado por la Cámara de Diputados establece que el resto de los ingresos excedentes se destinarán en un 40 por ciento a la constitución de un Fondo de Estabilización de los ingresos Petroleros y el 60 por ciento restante a la amortización de la deuda pública.  Esto significa que, según nuestros cálculos, se debe constituir el Fondo con 18,260 millones de pesos, equivalentes al 0.34 por ciento del PIB.  Los 27,390 millones de pesos restantes (0.51 por ciento del PIB), se utilizarán para amortizar la deuda pública.

El ejercicio anterior suena interesante, pero hasta la fecha el gobierno no ha reportado la constitución del Fondo de Estabilización, ni ha admitido la existencia de un excedente, por lo menos en la primera mitad del año.  El siguiente reporte de las Finanzas Públicas, que incluye el tercer trimestre, estará disponible hasta el 15 de noviembre.  Esperemos algún indicio sobre el destino apropiado de estos recursos.

Al aplicar 27,390 millones de pesos a la amortización de deuda, se logrará un ahorro importante en el pago de intereses en el futuro.  Esto no solamente implica una disminución en el déficit del año por este rubro, sino que le dará más margen de maniobra a las siguientes administraciones en el manejo de las finanzas públicas.

Sin embargo, habría que admitir que en el presupuesto de un año, siempre podrán aparecer imprevistos o errores de estimación en los cálculos de ingresos.  Por lo mismo, es de esperarse que la decisión final de constituir el Fondo se hará en el cuarto trimestre del año y no en el tercero.  Es casi un hecho que el gobierno no solamente cumplirá con su meta del déficit de 1.0 por ciento del PIB, sino que seguramente terminará ligeramente por debajo.  De hecho, en la encuesta que realiza la prestigiada empresa Consensus Economics, todos los participantes opinan que el gobierno terminará con un déficit presupuestal menor a 1.0 por ciento.  El pronóstico de consenso es de 0.7 por ciento del PIB, mientras que las estimaciones van de 0.5 por ciento del PIB (GEA, Inverlat y Santander), hasta 0.9 por ciento del PIB (ITAM, Interacciones y Vector).

La confianza en que el gobierno cumplirá su meta se extiende hasta el año entrante, en el cual ya se anunció la intención de reducir el déficit a 0.5 por ciento del PIB.  El consenso de los especialistas es de 0.7 por ciento del PIB; JP Morgan, ITAM, Consultores Económicos y GEA, son los que creen que el gobierno cumplirá su meta de 0.5 por ciento.  Los más pesimistas, que creen que el gobierno no cumplirá, son Interacciones, la empresa ESANE y Bursamétrica.  Por una extraña razón, Bursamétrica opina que el gobierno de Fox faltará a la ley al terminar el año con un déficit de 1.5 por ciento del PIB.

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La Falta de Flexibilidad

 

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La Falta de Flexibilidad

Por: Jonathan Heath®

El martes pasado preguntábamos ¿cómo puede argumentar el gobierno que el tipo de cambio de hace seis años estaba mal valuado y ahora es el correcto, cuando son iguales?  Nuestra hipótesis es que el tipo de cambio era el adecuado en 1994, al igual que ahora.  El problema fue más bien la falta de flexibilidad de la política económica.

Difícilmente se puede explicar la devaluación de 1994 simplemente por la existencia de una supuesta sobrevaluación del peso.  Más bien, el tipo de cambio era el adecuado durante la mayor parte de 1994.  La apertura comercial y los incrementos en la productividad habían modificado el tipo de cambio real de equilibrio, de tal forma que el mercado reconocía una apreciación estructural de nuestra moneda.  Sin embargo, la política cambiaria operaba en un marco demasiado rígido y no pudo adaptarse adecuadamente a las circunstancias específicas del momento.

La devaluación de 1994 fue producto de la vulnerabilidad macroeconómica del momento y de los acontecimientos específicos (shocks) de ese año.  La falta de flexibilidad dio entrada a un ataque especulativo en contra del peso, dado que se sabía que no había forma “normal” de ajustar el tipo de cambio ante un shock.  Paul Krugman, el audaz economista norteamericano, explica la devaluación a través de un modelo de segunda generación de crisis, caracterizado por mecanismos de expectativas autorrealizables.  El mal manejo de la devaluación (el “error” de diciembre) incrementó el tamaño del ajuste más allá de lo necesario, a través de alimentar las expectativas negativas de los inversionistas.

Sin embargo, no fue la política cambiaria en sí lo que le restó flexibilidad a la política cambiaria.  Existía una flotación controlada entre dos bandas de intervención, de la cual se iba ampliando sistemáticamente la brecha entre el piso y el techo.  Si en un momento dado no era suficiente, era posible acelerar el desliz del techo, tal y como se hizo en varias ocasiones.  El verdadero problema radicaba en el “Pacto”, el acuerdo suscrito por el gobierno, los líderes obreros y la cúpula empresarial.  Éste negaba la posibilidad de cualquier ajuste sin antes “negociar” con las partes involucradas.

Al final del capítulo 35 de su libro, Salinas pregunta ¿por qué le proporcionaron a unos cuantos empresarios, información anticipada sobre la devaluación?  La respuesta es sencilla: porque así lo requería el Pacto.

El Pacto fue un mecanismo muy creativo y exitoso de Salinas y Pedro Aspe para abatir la inflación de tres dígitos que existía en 1987 y estabilizar a la economía.  Con el paso del tiempo, dejó de ser un instrumento económico, para pasar a ser más de índole política.  Era un buen pretexto para un gobierno autoritario poder decir que su política económica era de “consenso”.  Sin embargo, con el paso del tiempo lo que fue bueno para bajar la inflación, resultó estorboso para la conducción de la política económica.  Pero el gobierno no encontró modo de eliminar el Pacto sin crear problemas potencialmente mayores.

Hacia la segunda mitad del sexenio de Salinas, el Pacto era el sostén de un círculo vicioso.  El Pacto garantizaba que el tipo de cambio no se iba a depreciar más allá de la banda acordada.  Esto significaba que el gobierno asumía el riesgo cambiario y el inversionista extranjero podría traer sus capitales y obtener una buena ganancia sin incurrir en riesgo.  Esta política atraía una cantidad impresionante de capital, que a su vez presionaba al alza el déficit de la cuenta corriente.  La continuidad del Pacto era lo que sostenía la entrada de capital al país.

El problema es que se convirtió en un compromiso sin salida.  En el momento en que se eliminaran los compromisos del Pacto, los flujos de capital saldrían del país y se provocaría una devaluación masiva.  Por lo mismo, el Pacto eliminaba todo margen de maniobra al gobierno y lo ataba a un financiamiento externo muy vulnerable.  Constantemente se tenía que renovar el Pacto para darle seguridad a los inversionistas.  Aunque funcionó en su momento, no había flexibilidad para ajustar la política cambiaria a situaciones creadas por los shocks registrados en el transcurso del año.

El gobierno actual presume de una política cambiaria flexible que permite adaptarse a cualquier situación sin que se acumulen presiones.  Definitivamente es un mérito.  Sin embargo, el verdadero logro es haberse desecho del mecanismo del Pacto, que desapareció después de la “Alianza para el Crecimiento” a finales de 1997.  El Pacto ni siquiera era un acuerdo entre la sociedad civil, ya que lo firmaban los integrantes de la cúpula empresarial, que no tenían una representación genuina ni democrática de los empresarios.

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La Sobrevaluación

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La Sobrevaluación

Por: Jonathan Heath®

El martes pasado preguntábamos cómo puede argumentar el gobierno que el tipo de cambio de hace seis años estaba mal valuado y ahora es el correcto, cuando son iguales?  Nuestra hipótesis es que el tipo de cambio era el adecuado en 1994, al igual que ahora.  El problema fue más bien la falta de flexibilidad de la política económica.

Nunca he sido partidario de la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA) como método para calcular la valuación correcta del tipo de cambio.  Creo que a lo largo de los años he dejado un buen testimonio de argumentos en su contra.  Inclusive, cuando fui Director General de la hoy difunta empresa Macroasesoría Económica, me tocó elaborar y supervisar varios estudios sobre la paridad.  En todos se llegaba a la misma conclusión: la PPA no sirve para calcular el nivel de sub o sobrevaluación del peso.

Por lo mismo, me sorprende la cita de Carlos Salinas en su libro “México: un Paso Difícil a la Modernidad”, donde dice que Jaime Serra cita un estudio de Macroasesoría (página 1120) en el cual se dice que la sobrevaluación del peso era de 14 por ciento.  Más me sorprende el comentario del periodista Ricardo Medina Macías en el Economista, que dice “Qué curiosa manera de creerse las propias mentiras”.

Busqué entre mis archivos los estudios realizados por Macroasesoría en 1994 sobre el tema de la política cambiaria y encontré tres.  Uno que yo escribí en abril titulado “El Tipo de Cambio ante la Crisis Política”; otro escrito por Sergio Martín en agosto, “El Déficit Comercial y la Política Cambiaria”; y finalmente, uno elaborado por Sergio Méndez en septiembre, “Evaluación de la Viabilidad de la Política Cambiaria”.  En los tres artículos se pone énfasis en que no sirve la PPA para calcular la sobrevaluación del peso.  Se me hace difícil pensar que pudiera existir algún estudio adicional entre octubre y diciembre de ese año, ya que para entonces empezó a operar la censura impuesta a Macroasesoría sobre temas relacionados al tipo de cambio por los altos directivos de Serfin, dueño de la empresa.

Nota al margen: me acuerdo de un articulo en particular, realmente vergonzoso, que escribió la persona que me reemplazó a mi salida, en el cual se defendía el error de diciembre y se hablaba de los “meritos” de la política económica del gobierno.  ¡Imagínese!  Sin embargo, esto ya fue a principios de enero de 1995, por lo que no podía ser relevante.

Este es uno de los cuestionamientos que hace Carlos Salinas 

La tercera hipótesis es que el tipo de cambio era el adecuado en 1994, al igual que ahora.  La apertura comercial y los incrementos en la productividad han modificado el tipo de cambio real de equilibrio, de tal forma que el mercado reconoce una apreciación estructural de nuestra moneda.  La devaluación de 1994 fue producto de la vulnerabilidad macroeconómica del momento y de los acontecimientos específicos (shocks) de ese año.  La falta de flexibilidad dio entrada a un ataque especulativo en contra del peso dado que se sabía que no había forma “normal” de ajustar el tipo de cambio ante un shock.  El mal manejo de la devaluación (el “error” de diciembre) incrementó el tamaño del ajuste más allá de lo necesario.  Lo importante es permitir que el tipo de cambio se ajuste libremente de tal forma que si cambian las circunstancias, el precio del dólar refleje los cambios.

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Los Criterios Generales de Fox

 

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Los Criterios Generales de Fox

Por: Jonathan Heath®

El equipo de transición del Presidente electo Vicente Fox, anunció lo que será el marco macroeconómico para el presupuesto de 2001.  Los números reflejan una política fiscal más restrictiva y un escenario de cautela, ante la probable desaceleración económica de Estados Unidos, una baja en el precio del petróleo y los signos de sobrecalentamiento de nuestra economía.

Hace más de seis meses el Banco de México advirtió sobre los peligros de un eventual sobrecalentamiento de la economía, después de analizar cuidadosamente la evolución de la demanda agregada, los salarios, el empleo, la productividad, el déficit comercial y el entorno externo.  Como resultado de su diagnóstico ha aplicado una política monetaria más restrictiva, lo cual ha ayudado a reducir la inflación en el transcurso del año.

Sin embargo, también señaló que no era tan conveniente frenar exclusivamente con la política monetaria, ya que un aumento en la tasa de interés intensificaría los flujos de capital de corto plazo al país, lo cual incrementaría la vulnerabilidad de la economía.  Mayores flujos implican un aumento en la oferta de divisas, lo que a su vez fortalecería todavía más a la moneda.  El resultado sería un mayor déficit comercial financiado por estos flujos y una apreciación en el tipo de cambio.  Aunque esto podría ayudar a reducir la inflación, no sería una situación sostenible.  Ante cualquier shock (como una caída en el precio del petróleo o una desaceleración de la economía norteamericana) se depreciaría el tipo de cambio nominal y traería consigo presiones inflacionarias.

Por lo mismo, para limitar esas presiones y asegurar un abatimiento permanente de la inflación, las autoridades monetarias han insistido en que el instrumento idóneo sería la política fiscal.  Una política fiscal más astringente generaría un mayor ahorro público y corregiría directamente el exceso de gasto agregado.  Por un lado, disminuiría la demanda de recursos financieros, lo cual bajaría la tasa de interés y evitaría la apreciación en el tipo de cambio.  Por otro lado, contribuiría a limitar las presiones inflacionarias asociadas con aumentos salariales por arriba de la productividad de las empresas.  Induciría una disminución en la importación de bienes y contribuiría a un déficit comercial menor.  De esta forma se podría obtener un crecimiento económico más equilibrado, aunque menor, que evitaría la necesidad de realizar correcciones mayúsculas en el futuro.

El equipo económico de transición del Presidente electo ha sostenido conversaciones con las autoridades monetarias, así como con los funcionarios de Hacienda y demás expertos en la materia.  Aunque su meta de mediano plazo es mayor crecimiento económico hasta llegar a siete por ciento en forma sostenida, entendió que para obtener un crecimiento sustentable, tendría que ser equilibrado, es decir, con los balances necesarios entre sus diferentes componentes.  Tratar de sostener el crecimiento actual sin realizar los ajustes recomendados llevaría a mayores complicaciones posteriores.

El marco macroeconómico presentado refleja esta necesidad.  Se optó por el camino más seguro y prudente.  Se decidió presentar un déficit fiscal más bajo (0.5 por ciento del PIB) que lo que originalmente se había planteado (0.75 por ciento) y aceptar un crecimiento más moderado en atención a que es muy probable que la economía de Estados Unidos crezca a un ritmo menor el año entrante y que los precios de petróleo seguramente bajarán.

Algunos analistas opinan que la propuesta quedó corta.  Se debería buscar un equilibrio inmediato en las finanzas públicas y de ser posible hasta un pequeño superávit.  En un mundo sin restricciones políticas esto sería la recomendación ideal.  Sin embargo, no todos están convencidos de las bondades de un presupuesto balanceado e insisten en un mayor gasto.  Es muy difícil encontrar los consensos necesarios para aprobar recortes en el gasto público.

Lo mismo podemos decir de la meta de inflación.  Sin lugar a dudas, la propuesta de bajar la inflación a 7.0 por ciento, cuando es muy probable que la de este año terminará más cerca del 8 que del 9 por ciento, es un esfuerzo mediocre.  Sin embargo, la meta de inflación es al fin y a cabo una decisión política, que tiene que conformarse en torno a las diferentes corrientes de opinión y grupos de presión.  Todavía algunos creen que la inflación no es nociva para el crecimiento económico y que su abatimiento es exclusivamente una propuesta neoliberal.  Por más que insistimos en lo contrario y lo tratamos de demostrar, debemos aceptar que vivimos en una democracia y no podemos imponer nuestra voluntad sobre la de los demás.

Desde la óptica puramente económica la propuesta podría ser sustancialmente mejor.  Pero al incorporar las restricciones políticas, el marco macroeconómico presentado es el adecuado.

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El Libro de Salinas

 

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El Libro de Salinas

Por: Jonathan Heath®

Desde hace tiempo hemos esperado una explicación de Carlos Salinas de Gortari sobre los acontecimientos que llevaron a la crisis de 1995.  Ahora lo tenemos en una obra de 1,393 páginas titulado “México: un Paso Difícil a la Modernidad”.  El libro garantiza que armará polémica, debate y discusiones arduas sobre una etapa difícil de nuestra historia reciente.  Su lectura es obligada.

No podríamos esperar menos de quien fue Presidente el sexenio pasado.  El libro está muy bien escrito, lleno de detalles y explicaciones interesantes.  Después de leer uno de los cuarenta capítulos, es evidente que vale la pena su lectura completa.  Es un libro que debe leerse para no quedarse con los fragmentos publicados en los periódicos o con los comentarios de los analistas.

El capitulo número 35, “De un problema a una crisis: el error de diciembre”, ofrece un relato sobre muchos de los eventos que se llevaron a cabo en diciembre de 1994 y la explicación de Salinas acerca de la crisis de 1995.

El libro titulado “La Maldición de las Crisis Sexenales”, ofrezco mi punto de vista de cada una de las crisis que hemos padecido desde 1976 a la fecha.  Por su cercanía e importancia, entro en mayor detalle en la crisis de 1995.  Para explicar y comprender la dinámica que desembocó en esta crisis, tuve necesariamente que dividir el análisis en tres partes principales: (1) el periodo anterior a 1994 en el que se llevaron a cabo la mayoría de las reformas y se establecieron los fundamentos macroeconómicos; (2) el año de 1994, en el que México enfrentó múltiples shocks económicos y políticos y tuvo que tomar decisiones para enfrentar la situación; y (3) el periodo de diciembre de 1994 a marzo de 1995, cuando se cometieron muchos errores en el manejo de la situación que agravaron la crisis en sí.  Después de leer los puntos de vista de Carlos Salinas, la pregunta obligada es ¿cambiaría mi diagnostico?

En principio, no.  Sigo sosteniendo que la crisis fue producto de los tres periodos señalados y que difícilmente se podría entender sin la secuela señalada.  Salinas tiene razón al señalar que la crisis nunca hubiera sido de la magnitud que fue sin la debida consideración del error de diciembre.  Sin embargo, el error de diciembre hubiera sido casi irrelevante si no hubiera existido la vulnerabilidad macroeconómica del momento y si no se hubieran presentado los diversos shocks en el transcurso de 1994.

No obstante, el detalle que presenta Salinas sobre los eventos del momento aclara, o por lo menos ayuda a comprender mejor, muchos acontecimientos y resultados.  Por ejemplo, ya se había manejado con insistencia que reemplazar a Pedro Aspe con Jaime Serra fue un error, ya que minó la confianza de los inversionistas.  Yo había señalado que Aspe promovió que se identificara la estabilidad macroeconómica con su persona y no con la Secretaría de Hacienda como institución, o con México como país.  Aspe declinó efectuar correcciones en la política económica, al tiempo que dejó al nuevo Secretario de Hacienda desinformado y mal preparado para manejar la transición.  Tanto Salinas como Aspe personalizaron sus puestos, aprovechándose de la debilidad de las instituciones políticas y aumentando otro tanto la vulnerabilidad del país.

Ahora al leer la versión de Salinas, me doy cuenta que faltaba considerar un aspecto muy importante.  Dice que consumado el relevo de Aspe, fueron removidos todos los miembros del segundo mando, casi todos los miembros del tercero y muchos funcionarios en el cuarto y quinto mandos de la Secretaría de Hacienda.  En total se removieron tres subsecretarios, el Procurador Fiscal, el Tesorero de la Federación, todos los Directores General más relevantes, 79 directores de área y 176 subdirectores.  Por alguna razón (que Salinas atribuye a un odio de Ernesto Zedillo a Pedro Aspe) se desmanteló casi por completo la Secretaría encargada de elaborar los programas económicos del gobierno.

El documento de Criterios Generales que presentó Jaime Serra, de 16 páginas muy escuetas, no tenía un solo cambio en la política económica.  El documento hacía caso omiso de los problemas existentes y no presentaba alguna estrategia para conseguir el capital necesario que financiara la cuenta corriente.  El documento se interpretó como una negación de la realidad por parte de las autoridades y una ingenuidad absoluta al pensar que no se necesitaban correcciones sustanciales.  Había una razón: Zedillo había removido de sus puestos a todos los funcionarios capaces de elaborar ese documento.

Con esta explicación se abre la posibilidad de que no fue tanto el error de Aspe de personalizar el puesto y olvidarse de fortalecer a la institución, sino más bien el error fue de Zedillo al acabar con la institución cuando removió a todos los funcionarios.  No existe una institución que pudiera sobrevivir a este tipo de shock.  Con esta explicación se pueden entender los por qué de un documento tan pobre de Criterios Generales y la ausencia de un programa económico que acompañara a la devaluación.

Existen algunos detalles que omite el ex-Presidente en su libro.  Por ejemplo, Salinas escribe que Zedillo reconoció en el documento de Criterios Generales que las reservas internacionales se ubicaron en 17.2 mil millones de dólares al primero de noviembre, monto suficiente para financiar el déficit de la balanza comercial durante casi un año.  Sin embargo, un día antes de que se diera a conocer el documento, las reservas eran de 12.2 mil millones de dólares.  En vez de reconocer esta cifra, Zedillo reportó al país el nivel de reservas de 38 días antes.  Esta fue una obvia manipulación de las cifras, ya que el gobierno sabía perfectamente bien que en ese momento eran de cinco mil millones de dólares menos y que no alcanzaba a financiar el déficit.

En sí el libro está muy bien escrito y ampliamente documentado.  Da mucho de qué hablar y discutir por un buen tiempo.  En especial, deja ahora a Ernesto Zedillo muchas preguntas por responder.  Simplemente en el capítulo 35, Salinas termina con 27 preguntas explícitas.  No debemos esperar que el Presidente las conteste pronto.  Mal haría si lo hiciera.  Sin embargo, ya terminado el sexenio debemos esperar un nuevo libro.  Salinas ya ofreció su explicación.  Ahora le toca a Ernesto Zedillo.  No podría emitir el juicio final sobre la crisis de 1995 sin tener la oportunidad de escuchar los puntos de vista del Presidente actual.

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Cintra y la CFC

 

Pulso Económico

Cintra y la CFC

Por: Jonathan Heath®

El martes pasado, la CFC dio a conocer su resolución sobre la venta de las líneas aéreas mexicanas, lo cual ha despertado una gran polémica.  Se dice que el gobierno es juez y parte de la decisión, y que simplemente justifica sus acciones mediante el sello de la Comisión.  Sin embargo, no es el caso.

Como casi todo lo que pasa en el país últimamente, el caso Cintra se ha politizado y amenaza con ser otro asunto tan complejo como el Renave.  El problema de fondo es que existen muchos intereses creados y que nadie quiere ceder.  Queda claro que la separación de las aerolíneas es para el bien del país, ya que ningún monopolio conviene al país.  El riesgo es que quede en segundo plano el bien de la población y vuelvan a dominar los intereses de unos cuantos.

Alejandra Barrales, la lideresa de los sobrecargos, amenazó con bloquear las pistas de los aeropuertos si no se retracta de su resolución la Comisión Federal de Competencia (CFC).  Argumenta que la venta separada de las dos aerolíneas es el primer paso que llevará a la venta de rutas nacionales a los extranjeros, en perjuicio de los trabajadores mexicanos.  También acusa al gobierno de ser juez y parte en la decisión.  Sin embargo, no parecen ser argumentos lo suficientemente sólidos como para justificar un monopolio.

La Ley Federal de Competencia entra en vigor el 24 de diciembre de 1992 para promover la competencia y combatir las prácticas monopólicas.  La prohibición de prácticas monopólicas es común en un gran número de países en el mundo, dado que tanto la teoría como la práctica señalan que su existencia es nociva para el consumidor y la economía.  La CFC entra en funciones el 23 de junio de 1993 como un ente autónomo para proteger el proceso de competencia y asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados.  Se establece como un organismo independiente precisamente con el fin de que el gobierno no sea juez y parte en algunas decisiones y para evitar que las resoluciones emitidas sean tomadas con base en criterios políticos.

El dueño mayoritario de Cintra es el gobierno federal, que a través del IPAB controla el 66 por ciento de las acciones.  Banamex y Bancomer tienen 21 por ciento entre los dos, mientras que el 13 por ciento restante está colocado entre el público mediante la Bolsa de Valores.  Dado que el IPAB está en el proceso de venta de sus activos, es lógico que quiera vender a Cintra, con lo que se estima podría obtener hasta mil millones de dólares.  Con conocimiento de la situación jurídica de Cintra, el IPAB sabe perfectamente bien que no podría venderla como una sola empresa, ya que viola la Constitución y la Ley Federal de Competencia.  Sin embargo, si vende las dos aerolíneas por separado, obtendrá menos dinero.

En principio el IPAB no ha mostrado una preferencia marcada por la forma en que se venda Cintra; más bien lo único que pretende es venderla lo más rápido posible para disminuir el costo del rescate bancario.  En cambio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con Banamex y Bancomer, han expresado su interés por venderla como una sola empresa.  La razón es obvia, ya que obtendrían más dinero.  Esto significa que ninguno de los dueños tiene un interés en vender las aerolíneas por separado.  Sin embargo, ante la incertidumbre jurídica, el IPAB pide una resolución a la CFC.  Ante esta situación, la CFC no tiene otra opción más que emitir una resolución sobre el caso y en los tiempos marcados por la ley.

La petición del IPAB fue muy explícita: que se permitiera la venta de Cintra como una sola empresa sin restricciones.  Como la CFC es un organismo autónomo, no se puede argumentar que es juez y parte.  Además, si fallara a favor del gobierno hubiera resuelto permitir el monopolio.  No obstante, la CFC decide en contra del IPAB y ordena la separación de las aerolíneas en cumplimiento de la Ley.

Los criterios utilizados por la CFC son principalmente de orden técnico.  Incluye la elaboración del Índice de Concentración Industrial de Herfindahl, que es utilizado mundialmente para medir el grado de ejercicio monopólico que puede ejercer un mercado.  Según los resultados, Cintra estaría cerca de tener un control total del mercado, operando casi como un monopolio perfecto.  El estudio arroja resultados contundentes en este sentido.  El papel de la CFC es simplemente aplicar la ley.  Sin lugar a dudas, Cintra como una sola empresa es un monopolio.  Si el fallo hubiera sido contrario, la CFC estaría violando la Ley y además perdería toda credibilidad ante la opinión pública.

La CFC no ha ordenado la venta de Cintra ni ha emitido recomendación alguna sobre la forma específica en que el IPAB la debe vender.  Ha ordenado la separación de las aerolíneas, independientemente si se venden o no, dado que se trata de una concentración prohibida por la Ley Federal de Competencia.

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La Captación Bancaria

 

Pulso Económico

La Captación Bancaria

Por: Jonathan Heath®

El martes de la semana pasada, Reforma publicó en primera plana que el ahorro nacional había disminuido 11.4 por ciento, como consecuencia del crecimiento acelerado en el consumo.  Sin embargo, los indicadores disponibles señalan lo contrario.

El Banco de México da a conocer un reporte mensual de los agregados monetarios y la actividad financiera, en el cual incluye información detallada sobre la composición de las cifras.  La desagregación del agregado monetario M4a comprende entre otras variables, la captación de la banca comercial de residentes en el país, la cual disminuye 11.4 por ciento en términos reales (es decir, ya descontado el efecto de la inflación) en el mes de agosto con respecto al mismo mes del año pasado.  Esta disminución realmente es preocupante, especialmente cuando observamos que el crecimiento económico de los últimos seis meses ha sido sustancial.  Aunque queda claro que la cifra resulta desconcertante, habría que analizarla con cuidado, ya que no necesariamente es reflejo de una disminución en el ahorro, que a su vez se explica por el aumento en el consumo.

Lo primero que habría que señalar es que la captación de la banca comercial de residentes no es lo mismo que el ahorro nacional.  Por lo mismo, concluir que el ahorro nacional se desploma como consecuencia de una disminución en la captación bancaria es francamente engañoso.  Existen muchas formas de ahorro en una economía, una de las cuales es depositar parte del ingreso en el banco.  Si analizamos las cifras del ahorro interno del país, podemos observar que se ha sostenido su nivel como porcentaje del PIB, lo que sugiere que la disminución de la captación bancaria se ha compensado por aumentos en otras formas de ahorro.

Una de las primeras explicaciones es que el público ha decidido cambiar su forma de ahorrar, del sistema financiero a otros lugares, como podría ser la compra de bienes raíces o el consumo de bienes duraderos.  El agregado monetario más amplio, M4a, registra básicamente la misma proporción del PIB en el segundo trimestre del año (43.9%) que en el primero (43.6%).  Sin embargo, ambos trimestres son menores a la que existía hace un año (44.8% en el primer semestre de 1999).  Estas cifras sugieren que el público ha buscado otras formas de ahorro fuera del sistema bancario, aunque no en un monto suficiente como para explicar la caída en los depósitos bancarios.  Por lo mismo, debemos buscar dentro del mismo sistema financiero otros rubros que han aumentado.

El agregado M2a comprende los billetes y monedas en poder del público, cuentas de cheques y los activos financieros internos en poder de residentes del país.  Al analizar el desglose del último componente, podemos examinar la captación de la banca comercial, los valores emitidos por el gobierno federal y el IPAB y los fondos de ahorro para el retiro.  Aquí se observa claramente que la caída en la captación de la banca no se refleja en una disminución de M2a, sino al contrario, muestra un aumento a lo largo de los últimos cuatro años.  Mientras que la captación comercial disminuye, todos los demás rubros siguen creciendo, lo que significa que la gente sigue utilizando al sistema financiero como vehículo de ahorro, pero ya no a través de la banca comercial.

Intuitivamente, podríamos pensar que la razón principal radica en las tasas de interés tan bajas que ofrece la banca a sus ahorradores.  Por ejemplo, las tasas que paga la banca a los ahorradores pequeños en pesos son menores a la tasa que pagan los bancos en Estados Unidos a sus depósitos en dólares.  Si uno no tiene lo suficiente para abrir una cuenta para inversiones medianas (más de 100 mil pesos) más vale la pena gastarse el dinero o bien buscar una forma alternativa para ahorrar.  Sin embargo, estas tasas siempre han sido muy bajas y su captación no representa una proporción importante dentro de la captación total.

Una explicación de más peso la podemos encontrar en algunos cambios institucionales que han ocurrido en el transcurso de este año.  No fue hace mucho que el Congreso aprobó la creación del IPAB, instituto que no solamente sustituye al Fobaproa, sino que además tiene la facultad de comprar la deuda del Fobaproa a los bancos y sustituirla por los nuevos bonos IPAB.  Por ejemplo, el IPAB liquidó la deuda que tenía con Citibank, que le costaba la tasa TIIE más 4 puntos y lo sustituyó con la colocación de sus nuevos bonos que pagan la tasa de Cetes.  Esto representa un ahorro para el IPAB (y para los mexicanos que pagamos impuestos) de más de 5 puntos porcentuales.  Lo mismo sucedió con la mayoría de los otros bancos, aunque el ahorro varía en cada caso.

En el proceso los bancos recibieron una inyección de fondos que mejoró su liquidez y disminuyó su necesidad de fondeo.  Dado que no están otorgando mucho crédito que digamos, los bancos empezaron a tener más captación que lo que requerían.  El exceso que tenían lo han invertido en instrumentos emitidos por el gobierno federal y por lo propios bonos IPAB.  Por lo mismo, disminuyeron las tasas que pagan por la captación tradicional y muchos ahorradores de nivel medio (entre 100 y 400 mil pesos) se salieron de la banca y se fueron a lo que se llama el mercado de dinero (que comprende principalmente instrumentos del gobierno federal, papel comercial y aceptaciones bancarias).  Inclusive, se pudo observar un aumento importante en las aportaciones voluntarias a las Afores.

Esto significa que la mayor parte de la explicación de la disminución de la captación de la banca comercial radica en cambios institucionales dentro del propio mercado y no en una reducción en el ahorro.  La teoría económica nos dice que el ahorro depende del ingreso disponible, es decir, entre más aumenta el ingreso de las personas, más aumentará el ahorro.  Al observar una tasa de crecimiento elevado en la actividad económica, es de esperar que el ahorro debería aumentar.

Esto no significa que el sistema bancario salga bien librado.  Existe aún una tasa demasiado elevada en los créditos, mientras que se le paga muy poco a los ahorradores.  La diferencia, que es el margen financiero, es muy elevada.  El problema es que la banca está forzada a cobrar una prima sobre sus créditos por el alto riesgo que representa prestar en este país.

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