Cintra y la CFC

 

Pulso Económico

Cintra y la CFC

Por: Jonathan Heath®

El martes pasado, la CFC dio a conocer su resolución sobre la venta de las líneas aéreas mexicanas, lo cual ha despertado una gran polémica.  Se dice que el gobierno es juez y parte de la decisión, y que simplemente justifica sus acciones mediante el sello de la Comisión.  Sin embargo, no es el caso.

Como casi todo lo que pasa en el país últimamente, el caso Cintra se ha politizado y amenaza con ser otro asunto tan complejo como el Renave.  El problema de fondo es que existen muchos intereses creados y que nadie quiere ceder.  Queda claro que la separación de las aerolíneas es para el bien del país, ya que ningún monopolio conviene al país.  El riesgo es que quede en segundo plano el bien de la población y vuelvan a dominar los intereses de unos cuantos.

Alejandra Barrales, la lideresa de los sobrecargos, amenazó con bloquear las pistas de los aeropuertos si no se retracta de su resolución la Comisión Federal de Competencia (CFC).  Argumenta que la venta separada de las dos aerolíneas es el primer paso que llevará a la venta de rutas nacionales a los extranjeros, en perjuicio de los trabajadores mexicanos.  También acusa al gobierno de ser juez y parte en la decisión.  Sin embargo, no parecen ser argumentos lo suficientemente sólidos como para justificar un monopolio.

La Ley Federal de Competencia entra en vigor el 24 de diciembre de 1992 para promover la competencia y combatir las prácticas monopólicas.  La prohibición de prácticas monopólicas es común en un gran número de países en el mundo, dado que tanto la teoría como la práctica señalan que su existencia es nociva para el consumidor y la economía.  La CFC entra en funciones el 23 de junio de 1993 como un ente autónomo para proteger el proceso de competencia y asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados.  Se establece como un organismo independiente precisamente con el fin de que el gobierno no sea juez y parte en algunas decisiones y para evitar que las resoluciones emitidas sean tomadas con base en criterios políticos.

El dueño mayoritario de Cintra es el gobierno federal, que a través del IPAB controla el 66 por ciento de las acciones.  Banamex y Bancomer tienen 21 por ciento entre los dos, mientras que el 13 por ciento restante está colocado entre el público mediante la Bolsa de Valores.  Dado que el IPAB está en el proceso de venta de sus activos, es lógico que quiera vender a Cintra, con lo que se estima podría obtener hasta mil millones de dólares.  Con conocimiento de la situación jurídica de Cintra, el IPAB sabe perfectamente bien que no podría venderla como una sola empresa, ya que viola la Constitución y la Ley Federal de Competencia.  Sin embargo, si vende las dos aerolíneas por separado, obtendrá menos dinero.

En principio el IPAB no ha mostrado una preferencia marcada por la forma en que se venda Cintra; más bien lo único que pretende es venderla lo más rápido posible para disminuir el costo del rescate bancario.  En cambio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con Banamex y Bancomer, han expresado su interés por venderla como una sola empresa.  La razón es obvia, ya que obtendrían más dinero.  Esto significa que ninguno de los dueños tiene un interés en vender las aerolíneas por separado.  Sin embargo, ante la incertidumbre jurídica, el IPAB pide una resolución a la CFC.  Ante esta situación, la CFC no tiene otra opción más que emitir una resolución sobre el caso y en los tiempos marcados por la ley.

La petición del IPAB fue muy explícita: que se permitiera la venta de Cintra como una sola empresa sin restricciones.  Como la CFC es un organismo autónomo, no se puede argumentar que es juez y parte.  Además, si fallara a favor del gobierno hubiera resuelto permitir el monopolio.  No obstante, la CFC decide en contra del IPAB y ordena la separación de las aerolíneas en cumplimiento de la Ley.

Los criterios utilizados por la CFC son principalmente de orden técnico.  Incluye la elaboración del Índice de Concentración Industrial de Herfindahl, que es utilizado mundialmente para medir el grado de ejercicio monopólico que puede ejercer un mercado.  Según los resultados, Cintra estaría cerca de tener un control total del mercado, operando casi como un monopolio perfecto.  El estudio arroja resultados contundentes en este sentido.  El papel de la CFC es simplemente aplicar la ley.  Sin lugar a dudas, Cintra como una sola empresa es un monopolio.  Si el fallo hubiera sido contrario, la CFC estaría violando la Ley y además perdería toda credibilidad ante la opinión pública.

La CFC no ha ordenado la venta de Cintra ni ha emitido recomendación alguna sobre la forma específica en que el IPAB la debe vender.  Ha ordenado la separación de las aerolíneas, independientemente si se venden o no, dado que se trata de una concentración prohibida por la Ley Federal de Competencia.

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