El Bono Sexenal

 

Pulso Económico

El Bono Sexenal

Por: Jonathan Heath®

A partir de 1997 el Congreso se convirtió formalmente en un poder independiente del Ejecutivo y empezó a modificar los términos con que se aprobaba el presupuesto.  Los grandes márgenes de maniobra con que se manejaba el gasto público se acotaron y se introdujo una mayor rendición de cuentas.  El resultado es un presupuesto mucho más transparente pero poco flexible para adaptarse a situaciones cambiantes.

Uno de los grandes reclamos de la sociedad ha sido una mayor transparencia en el manejo del gasto público.  Si pagamos impuestos, necesitamos saber exactamente en qué se gastan.  Si hay abusos o desvíos, queremos que se castigue a los culpables.  Si hay excedentes, preferimos que se reduzca la deuda pública, a que el gobierno gaste en lo que quiera, como quiera y cuando quiera.  Los grandes márgenes de maniobra siempre fueron origen de dudas sobre la honestidad de los funcionarios públicos, y una gran fuente de abuso y autoritarismo.

Aunque hubo algunos intentos en otros sexenios, sus resultados fueron cuando mucho, mediocres.  Una de las razones principales es que el Poder Legislativo nunca funcionó como un órgano independiente del Poder Ejecutivo.  Mientras que el Ejecutivo realizaba el presupuesto que quería, el Legislativo lo aprobaba en forma automática, casi sin discusión.  La aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal terminaba siendo un mero trámite.  No existía un mecanismo que funcionara como una verdadera rendición de cuentas.

En el transcurso de este sexenio hemos visto progreso importante hacia una mayor transparencia y una menor discrecionalidad en dos vías: primero, los esfuerzos propios del gobierno federal a través de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP; y después, a través de la Cámara de Diputados, que a partir de 1997 empieza a mostrar un carácter independiente al modificar los términos con que se aprueba el presupuesto.

A pesar de que la Constitución prevé el empleo de partidas secretas manejadas a discreción del Presidente de la República, se dejó de ejercer esta partida desde 1998, y se eliminó explícitamente a partir de este año.  En el sexenio anterior, esta partida llegó a rebasar 2 mil millones de pesos al año.

A pesar de que los ingresos totales del gobierno son aprobados a través de la Ley respectiva, siempre existe la posibilidad de que resulten diferentes a los aprobados por el Congreso.  Anteriormente no existía ninguna previsión acerca de lo que podía hacer el gobierno en este caso.  Se podía gastar los excedentes en forma totalmente discrecional.  Si los ingresos fueran inferiores, el Ejecutivo podía disminuir el gasto en la forma que quisiera o bien, endeudarse más sin mayor autorización.  A partir de 1998, el Congreso establece reglas explícitas que acotan los espacios de discrecionalidad, al especificar el destino de los recursos adicionales, así como los programas que no puede recortar cuando sea necesario reducir el gasto.

Otro adelanto importante ha sido la información desglosada del programa salarial de los trabajadores del sector público.  Anteriormente, se presentaba una sola cifra dentro del denominado “programa salarial” del presupuesto, a través del cual el Ejecutivo podía ejercer de forma totalmente discrecional su distribución entre dependencias, creación de plazas, pago de bonos y otro tipo de medidas que afectaban las percepciones de los trabajadores.  A partir de 1998, el presupuesto especifica el desglose entre incrementos salariales y nuevas plazas, además de que ahora se prohíbe traspasar recursos de otros capítulos de gasto hacia el programa salarial de las dependencias.  Ahora el gobierno nos presenta la información sobre las remuneraciones de los servidores públicos desglosada entre sueldos y estímulos por productividad, con topes mínimo y máximo por puesto.  Además, se especifican las prestaciones exactas a que tienen derecho, como seguros, vacaciones y similares.

Una vez aprobado el presupuesto, existe una imposibilidad jurídica para erogar mayores recursos a los aprobados en las negociaciones salariales que el Ejecutivo realizó con los diferentes gremios en el curso del ejercicio fiscal.  Esta restricción presupuestal modifica la relación con las distintas representaciones sindicales y grupos de trabajo y corresponsabiliza a la Cámara de Diputados en la determinación de la política salarial.  En principio, se pensó que inclusive evitaría que las negociaciones salariales fueran una fuente de presión al gasto público durante el ejercicio fiscal.

No cabe duda de que estos avances han sido producto de la presión social.  La sociedad civil es la que ha exigido mayor transparencia y la eliminación de la gran discrecionalidad con que se manejaba anteriormente el gobierno.  No queremos que los funcionarios públicos y demás burócratas reciban bonos o premios discrecionales.  Sin embargo, no todos lo han entendido así.  La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado ha organizado marchas, bloqueos y paros de labores para presionar al gobierno a que le otorgue el ya famoso bono sexenal.

Si el gobierno dobla las manos y otorga el bono o algún pago equivalente, estará dando marcha atrás a todo lo que hemos logrado avanzar.  Peor aún, si decide dar el bono mandará el peor mensaje de todos: el que no esté conforme con cualquier política gubernamental, simplemente tiene que bloquear el Periférico y perjudicar a millones de mexicanos para conseguir lo que quiere.  No importa qué diga la ley, que haya acordado el Congreso o el sentimiento de las mayorías.  Con cada una de estas acciones, el gobierno propicia la cultura del no pago, del no acatar a las leyes y de la desobediencia civil sin razonamiento.

México es un país con inaceptables niveles de desigualdad y pobreza, enmarcadas dentro de una cultura institucionalizada de corrupción e impunidad.  Tenemos una gran necesidad de que el gobierno combata nuestras insuficiencias a través de un mayor gasto social.  Sin embargo, la evasión fiscal ha limitado la cantidad de recursos fiscales con que cuenta el gobierno.  Pero es difícil pedirle a la población que pague sus impuestos si los recursos recaudados van a pagarle a los burócratas bonos sexenales.

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