La Economía Informal en Tiempos de Crisis

 

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La Economía Informal en Tiempos de Crisis

Por: Jonathan Heath

El debate en la Cámara de Diputados, en torno a la aprobación del Presupuesto para el año entrante, podría ser mucho menos dramático si el País tuviera más recursos para financiar las incontables necesidades que se tienen.  Si no hubiera restricción presupuestal, podríamos pagar mucho mejor a los maestros, incrementar la infraestructura de comunicaciones y transporte hasta el último rincón del País y proveer una mejor atención médica hasta para la población más marginada de la nación.  Sin embargo, la realidad nos hace ver que tenemos recursos limitados  por lo mismo, debemos establecer prioridades.

Dentro de la frustración de no poder hacer todo lo que nos gustaría, contamos con el hecho irrefutable de que somos de los países en el mundo con la más baja recaudación de impuestos, como proporción de la actividad económica.  Queda claro que existe una gran parte de nuestra población que no paga impuestos o que utiliza todos los caminos posibles para minimizar los recursos encaminados al fisco. De hecho, los que sí pagamos impuestos estamos subsidiando a los que rehusan a cumplir con esos deberes.

Por lo mismo, existe la necesidad urgente e disminuir en forma decisiva la evasión fiscal y de aumentar la recaudación de impuestos.  A fines de agosto pasado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) planteó la necesidad de gravar a la economía informal, es decir, a aquella parte de la población que no tiene registros administrativos o fiscales y que por lo tanto, no contribuye al erario público.  En principio, lo que busca esta propuesta es la mayor incorporación del País a la economía formal.

Ahora que el Poder Ejecutivo ha entregado su propuesta de Presupuesto a la Cámara de Diputados para su discusión, posible modificación y eventual aprobación, encontramos que se ha incluido la propuesta del PRD, a través de la creación de un nuevo régimen fiscal para personas físicas que realizan actividades empresariales (como por ejemplo, el ambulantaje), con ingresos de hasta 2.2 millones de pesos al año.  En principio, a través de un solo régimen fiscal para pequeños contribuyentes y la simplificación que significa, se pretende incorporar a un mayor número de personas al padrón de contribuyentes.

Este nuevo régimen sustituiría, en caso de ser aprobado, a cuatro regímenes distintos que existen actualmente.  El propósito es incorporarlos en un solo régimen, lo más simple posible, que consistiría en el pago, cada seis meses, de un impuesto por el 2.5 por ciento de los ingresos brutos.  La idea es que se requeriría únicamente de un registro simplificado de ventas o ingresos, sin la obligación de presentar declaraciones informativas, estados financieros, expedir comprobantes por ventas menores, ni conservar comprobantes por compras.

Una buena parte de la evasión fiscal ocurre por la dificultad para cumplir con tanta formalidad.  El Gobierno exige una cantidad impresionante de requisitos, licencias, permisos, declaraciones, comprobantes, estados financieros, registros, requerimientos y documentaciones, a tal grado que el acatamiento correcto es casi imposible.  Por lo mismo, una proporción creciente de las personas optan por no cumplir.

La economía informal se define a partir de aquellas personas que trabajan en un establecimiento, o por su parte, sin ningún registro administrativo o fiscal.  En otras palabras, son los que trabajan sin pagar impuestos.  Sin embargo, existe una gran cantidad de personas y establecimientos que cumplen con una parte de sus obligaciones, pero no todas, estableciendo un área gris entre la economía formal y la informal, que pudiéramos llamar ya sea la semi-formal (o la semi-informal).  Aunque han existido muchos intentos de medir el tamaño de la economía informal, lo más seguro es que la semi-formal sea la parte más importante de la economía en su conjunto.

El INEGI reporta en su encuesta mensual de empleo urbano, algunos datos que sugieren el tamaño de la economía informal.  Por ejemplo, del total ocupados, el 50.3 por ciento no-perciben prestaciones.  Sin embargo, muchos de éstos pudieran ser profesionistas independientes.  Pero aproximadamente una cuarta parte de los asalariados (24.6 por ciento en agosto de este año) no reciben la prestaciones establecidas por la ley, indicativo de la economía informal.

Otro indicador del INEGI señala que el 44.7 por ciento de la población ocupada trabaja en establecimientos con cinco empleados o menos. Sin embargo, alrededor de la mitad de estas personas trabajan en un negocio definido como informal.  A mediados de 1996, el 22.9 por ciento e la población ocupada trabajaba en negocios con menos de cinco empleados, sin ningún tipo de registro ante las autoridades fiscales o administrativas.

Aunque la economía informal es un problema creciente de nuestro País, no debemos confundirla con la economía subterránea.  La economía informal es una parte de la actividad económica que opera fuera de la ley.  Sin embargo, su ilegalidad se limita a la evasión de impuestos y a la falta de cumplimiento de todos los registros y trámites fiscales que requiere el Gobierno.  En cambio, la economía subterránea va a un paso más allá, al incurrir en algún acto ilícito penado por la ley, independientemente, de la falta de pago de impuestos.  El mejor ejemplo es la producción y distribución de drogas.  El narcotráfico no solamente es una actividad que evade por completo el pago de impuestos, sino que además consiste en la realización de una actividad penada por la ley, en términos de ser un atentado contra la salud.

Dentro de la economía informal, podríamos señalar distintos niveles.  Existen aquellos comerciantes que compran y venden artículos legales, comunes y corrientes, pero que evitan el pago de impuestos y operan sus negocios sin la licencia o permiso necesarios.  Sin embargo, habrá personas que llevan esta actividad un paso más allá, al dedicarse al contrabando de mercancías, es decir, a la importación ilegal de bienes y que buscan evadir las restricciones existentes.  Un ejemplo claro sería la importación ilegal de automóviles usados.

El crecimiento de la economía informal se debe en muy buena parte a las restricciones que impone el propio Gobierno.  En tiempos de crisis, cuando la gente está más necesitada, la economía informal tiende a crecer más rápidamente.  Por ejemplo, el aumento del IVA de 10 a 15 por ciento, en el momento culminante de la crisis, incrementó los incentivos para evadir el pago de impuestos.

En la medida en que la actividad económica va recuperando y creando más oportunidades, deberíamos esperar que más personas se incorporen a la economía formal.  Este proceso se puede acelerar con la simplificación tributaria, a través de a introducción de regímenes fiscales más sencillos.  Sin embargo, el Gobierno debe buscar muchas medidas adicionales más, si es que pretende reducir en forma significativa la economía informal.

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Impuesto a la Especulación

 

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Impuesto a la Especulación

Por: Jonathan Heath©

Los ajustes drásticos que se han llevado a cabo en los mercados bursátiles de casi todo el mundo nos han abierto los ojos a nuestra vulnerabilidad, ante el fenómeno de la globalización.  Uno de los puntos medulares de esta fragilidad es la recepción de capitales, dirigidos a inversiones relativamente liquidas como la Bolsa de Valores o el mercado de dinero.  Como es ampliamente conocido, este capital es de corto plazo, especulativo y volátil por naturaleza.

Todo parece indicar que estos flujos de capital son mucho más dañinos que lo que aparentan.  Primero, jugaron un papel importante en los problemas que enfrentó el mercado europeo en 1992.  Después, fueron fundamentales en la crisis del peso mexicano en 1994.  Este año han creado devaluaciones en n buen numero de países asiáticos, para finalizar con la desestabilización del mercado de Hong Kong.

Siempre que vemos los efectos negativos de estos flujos, alguien termina por señalar a Chile.  Este país impuso un gravamen a las inversiones que entran a su economía con una temporalidad menor a un año.  El resultado ha sido muy positivo en términos de menor turbulencia y lo ha convertido en uno de los países menos vulnerables de todas las economías emergentes.

Para poder reducir nuestra vulnerabilidad ante un shock externo (y también interno) queda claro que debemos cuidarnos de este tipo de capital.  El régimen cambiario de flotación y la política monetaria actual han contribuido a reducir en forma significativa el capital foráneo dirigido al mercado de dinero.  Según las cifras de la balanza de pagos del primer semestre de este año, estos flujos apenas representaron el 2.3 por ciento del total de la inversión  extranjera.  Sin embargo, los flujos dirigidos al mercado bursátil representaron 18.3 por ciento, que sin ser una proporción demasiado elevada, sí nos dice que seguimos recibiendo capital de portafolio.

Ante esta situación muchos analistas y políticos han sugerido medidas que impondrían mayores limitaciones a la inversión especulativa, en especial la introducción de un impuesto similar al que existe en Chile.  No obstante, las autoridades se han negado a considerarlo como una posibilidad.  ¿Por qué?

Antes que nada, existen algunas consideraciones legales que habrían que tomar en cuenta.  México firmó hace unos años un tratado para evitar la doble tributación con los Estados Unidos y Canadá, que antepone ciertas restricciones a lo que podemos hacer.  Para empezar, en términos generales, el tratado con Estados Unidos establece que la inversión extranjera bursátil no esta sujeta al Impuesto Sobre la Renta, siempre y cuando el inversionista se limite a menos del 25 por ciento de las acciones de una empresa y su tenencia sea menor a un año.  En el caso de Canadá, el tratado establece la exención del Impuesto Sobre la Renta para toda inversión en bolsa.

Estos tratados tienen una jerarquía mayor en comparación a cualquier cambio que se quisiera hacer a la ley del Impuesto Sobre la Renta.  Esto significa que no existe la posibilidad de introducir un impuesto a la inversión extranjera en bolsa que permanezca en el país por un periodo menor a un año, como es el caso de Chile.  Unicamente se podrían gravar las ganancias de las inversiones mayores a un año, lo cual permiaría todavía mas la inversión especulativa de corto plazo.

Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), se estableció el principio de trato nacional, lo cual significa que cada país le otorgará a los inversionistas de las otras dos partes, un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente a la adquisición, venta u otra disposición de las inversiones.  Bajo el espíritu del TLC, significaría que tendríamos que establecer un impuesto generalizado a este tipo de inversiones, independientemente del origen del inversionista.

Por lo pronto, en México se tienen dos consideraciones distintas dependiendo del inversionista.  Si es una persona moral, es decir, alguna empresa, instituto o sociedad, las ganancias procedentes de este tipo de inversiones están gravadas como cualquier otra utilidad, a una tasa del 34 por ciento.  Dado que es acumulable a los ingresos totales de la empresa, en principio, esto es el equivalente a un impuesto sobre las ganancias de capital.  Obviamente, no existe ningún tipo de diferenciación con una ganancia derivada de una inversión realizada en un plazo menor a un año.

Las personas físicas están exentas de este tipo de impuestos.  En principio, la inversión en bolsa es de carácter patrimonial para la mayoría de las personas y significa una forma importante de su ahorro. En este caso, un impuesto iría en contra del ahorro, lo cual podría provocar un resultado contrario a lo que se busca.  Un impuesto específico a las inversiones menores a un año reduciría en forma significativa la bursatilidad de la acciones, es decir, lo atractivo de invertir en bolsa.  El mercado de acciones es una fuente importante de capital para un gran número de empresas, además de que pulveriza las acciones entre miles de personas.  Entre más industrializado sea un país, más necesita de su mercado de capitales, por lo que ésta es una actividad que se debería de estimular y no coartar.

Sin embargo, aun en el caso de que se modificara la Ley del impuesto Sobre la Renta para castigar las inversiones bursátiles a corto plazo, queda en vigor el tratado para evitar la doble tributación con los Estados Unidos, por lo cual de todos modos quedarían exentos los extranjeros. Esto significa que es realmente difícil establecer un impuesto a la inversión extranjera de portafolio, dado que no se puede hacer distinción entre el origen del inversionista dentro de Norteamérica y por la existencia de los tratados ya firmados y ratificados por ambos Senados.

Podríamos pensar en un impuesto  la inversión que proceda de otros países fuera de Canadá y los Estados Unidos.  Sin embargo, esta diferenciación sería casi imposible de regular.  Primeramente, la gran mayoría de las inversiones proceden de nuestro vecino y socio comercial, por lo que estaríamos limitando únicamente una proporción pequeña de este tipo de capital.

Segundo, sería sumamente difícil distinguir dentro de un fondo de inversión establecido en los Estados Unidos con inversiones fundamentalmente en México, quiénes son los tenedores de las acciones del fondo.  Al final de cuentas, las posibilidades de triangulación serían tan elevadas, que su cobro resultaría una pesadilla.

Tercero, tendríamos que asegurar que la gran mayoría de los países tuvieran impuestos similares, porque de no ser  así, habrían una fuga constante de capitales internos, buscando invertir en los países que no tuvieran estos gravámenes.  Por querer limitar la inversión extranjera en nuestro País, terminaríamos en el otro extremo al limitar la inversión propia, propiciando la fuga de capitales nacionales.

Queda claro que un impuesto a la inversión extranjera de corto plazo o especulativa no es el camino más adecuado para limita este tipo de flujos de capital.  Sin embargo, esto no significa que no deberíamos buscar caminos alternativos.  Sin lugar a dudas, es un capital que aumenta nuestra vulnerabilidad y, por lo mismo, las posibilidades de que ocurra en el futuro otra crisis similar a la de 1994.

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El Futuro de la Política Monetaria

 

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El Futuro de la Política Monetaria

Por: Jonathan Heath

El cualquiera de estos días conoceremos el nombre del nuevo gobernador del Banco de México que sustituirá a Miguel Mancera a fines de este año.  Sin lugar a dudas, es una de las decisiones más importantes que tomará el Presidente en materia de designaciones, ya que no se trata solamente de la conducción de la política monetaria de los próximos seis años, sino que además estará en juego la consolidación de la autonomía del banco central, su credibilidad ante la opinión pública, tanto interna como en el extranjero, y las posibilidades de seguir reduciendo nuestra vulnerabilidad ante probables futuras crisis económicas.

Muchos analistas han señalado que si el Presidente se equivoca y escoge a un abogado o político ajeno a la propia institución y sin vocación de banquero central, no solamente se perdería mucha de la credibilidad que poco a poco ha ido recobrando el banco, sino que además se estaría mandando una señal contraproducente para la confianza en la futura conducción de la política monetaria del País.  Agencias calificadores del riesgo país, como Standard & Poor´s han manifestado que una decisión equivocada podría perjudicar la obtención de una mejor calificación del “riesgo-México” y redituaría en un costo financiero más elevado de la deuda externa.

Se ha señalado que el próximo gobernador tiene que ser alguien que garantice la continuidad de una política monetaria responsable e independiente.  No obstante, existen algunos que ven esta oportunidad como el momento de cambiar la conducción de una política monetaria ortodoxa hacia una de mayor responsabilidad social; participativa en los problemas principales del País, como son la pobreza abrumadora de un parte creciente de la población y una distribución sumamente inequitativa del ingreso.  Afortunadamente, los que comparten esta última opinión pertenecen a una minoría que disminuye cada día, dado que la política monetaria no puede ni debe pretender resolver estos problemas (es algo que le corresponde a oros instrumentos de la política económica).

Aun así, muchos analistas han señalado que se pueden esperar algunas adecuaciones a la política monetaria, dependiendo de quién sea el próximo gobernador.  Dicen a manera de especulación que si es Francisco Gil Díaz, se favorecería una política de caja de convertibilidad al estilo de Argentina o Hong Kong; que si es José Sidaoui, se manejaría un tipo de cambio real estable; que si es Eduardo Fernández, habría cambios radicales, etcétera.  Sin embargo, casi todas estas observaciones son conjeturas sin bases firmes, que no nos dice mucho acerca del futuro de la política monetaria.

Si manejamos el escenario más probable, deberíamos de anticipar que el próximo gobernador es alguien que actualmente es miembro de la Junta de Gobernadores del propio banco.  Ante este supuesto, podríamos adelantar un cambio probable que se podría dar, si no este año que viene, sí para 1999.  Es algo que está muy de moda en los bancos centrales de muchos países y se conoce como “inflation targeting”.  La traducción sería algo como política monetaria por objetivo de inflación

La política funciona a través de un anuncio del banco central de una meta de inflación y el compromiso explícito de cumplirla.  Bajo la política actual, el banco anuncia su meta para el año, pero sin ningún compromiso formal.  Más bien, se compromete a llevar a cabo una política consistente con su meta a través del control en los agregados monetarios.  Los únicos compromisos explícitos son en cuanto al techo de la expansión son del crédito interno neto y al piso de acumulación de reservas internacionales.

En nuestro caso, el Banco de México calcula el crecimiento necesario en la base monetaria para satisfacer la demanda de dinero consistente con una baja en la inflación.  Si en un momento dado no cumple con la meta de inflación establecida, simplemente nos dice que no fue su culpa, dado que se instrumentó una política consistente con su meta y la falla fue por algún imprevisto, un shock externo o simplemente por mala suerte, pero no por mala fe.

En el supuesto caso de que se adoptara la nueva política, dejarían de ser válidas las justificaciones del banco acerca de un incumplimiento, ya que tendría la obligación explícita de realizar los ajustes necesarios para poder alcanzar cabalmente la meta establecida.  Por un lado, es una política rígida, ya que no se permiten desviaciones.  Sin embargo, realmente es una política flexible, dado que el banco puede utilizar cualquier instrumento a su disposición para cumplir su cometido, sin estar atado a una sola posibilidad (como por ejemplo, el suministro de la base monetaria).

Parte del problema que tenemos en México es que nuestra demanda de dinero no es muy predecible, a lo que técnicamente se refiere como una velocidad de circulación inestable.  Esto significa que el Banco de México tiene un pretexto cuando no cumple con su meta.  Por ejemplo, este año la demanda de dinero ha aumentado más de lo que se anticipaba, por lo que el banco ha incrementado la oferta a un ritmo mayor a lo anunciado.  Con el cambio de política, el banco dejaría de notificar sus intenciones en cuanto a la base monetaria y se comprometería explícitamente a cumplir con la meta de inflación.

Aunque esta política ha funcionado con éxito en Canadá, el Reino Unido, Suecia, Australia, Finlandia e Israel, es en Nueva Zelandia en donde se lleva al extremo.  En caso de que su banco central no cumpla con la meta, su gobernador tiene que presentar su renuncia.  Unicamente existen algunas contadas excepciones en donde la desviación de la inflación, en relación a su meta, se explica por un shock externo fuera del control inmediato del banco central.

La instrumentación de esta política sería relativamente fácil para nuestro País, ya que la mayoría de las características ya se han implantado desde hace varios años.  Nada más faltarían los últimos toques y compromisos por parte del banco central.  Todo parece indicar que existe un consenso hacia dentro del banco de que esta política pudiera funcionar y de que conviene al País.  Para aquellos interesados en leer acerca de esta política, les sugiero el artículo titulado “Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?”, de Ben Bernanke y Federic Mishkin, publicado en The Journal of Economic Perspectives, Spring  1997, Volumen 11, Número 2.

En unos cuantos días, conoceremos quién será el nuevo gobernador del Banco de México.  En el transcurso del mes de diciembre, seguramente nos dará a conocer un adelanto del programa monetario para el primer semestre de 1998.  De esta manera, se irán despejando las dudas.

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¿Más Gasto Social o Menos Impuestos?

 

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¿Más Gasto Social o Menos Impuestos?

Por: Jonathan Heath

El Poder Ejecutivo entregó formalmente al Poder Legislativo la semana pasada la Iniciativa de la Ley del Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica para 1998.  Este último, requerido por ley para la aprobación del Presupuesto desde 1983, es el documento que explica las intenciones de política del Gobierno Federal y los objetivos trazados sobre los cuales descansa toda la elaboración del Presupuesto.

Al leerlo, los diputados podrán entender más a fondo lo que pretende hacer el Ejecutivo durante el año.  Si están de acuerdo con la filosofía general y las direcciones marcadas en el documento, podrán aprobar el Presupuesto más fácilmente.  Si tienen puntos de diferencia, podrán concentrarse en ellos in tener que adivinar las intenciones que justifican los números.  Al mismo tiempo, podrá examinar la congruencia entre los objetivos principales y los rubros específicos del Presupuesto.  Por lo mismo, este documento es pieza central dentro del proceso de discusión y aprobación al que nos estaremos enfrentando durante las siguientes semanas.

Aunque el documento ha acompañado los presupuestos durante los últimos 15 años, sabemos bien que ésta es realmente la primer vez que cumplirá su cometido. En todas las ocasiones anteriores, el proceso de aprobación era casi una mera formalidad, ya que se entregaba el documento de Criterios Generales simplemente como una cortesía por parte del Ejecutivo para enterar a los Diputados de la política económica que se llevaría  cabo.  Sin embargo, en esta ocasión es una pieza fundamental y una lectura obligada para entender y participar en el debate, que será intenso, acalorado y mucho más profundo que en cualquier momento anterior.

Desde que se desató la crisis devaluatoria a fines de 1994, se han incrementado en forma impresionante los reclamos a la política económica.  Para poder evitar un desplome mayor en la recaudación de impuestos, el Gobierno se vio obligado a incrementar la tasa del IVA.  Hubo la necesidad de recortar el gasto y retrasar obras de inversión.  Sin embargo, gran parte del descontento con la política económica actual se fue gestando desde antes de la recesión de 1995.

La política de apertura comercial hizo quebrar a muchas empresas y produjo una disminución importante en las oportunidades de empleo.  Por lo mismo, aumentó en forma impresionante la cantidad de personas que se vieron obligadas a trabajar en el sector informal, al margen de las leyes fiscales.  Muchas de las privatizaciones terminaron en escándalos y quiebras.  En general, pareció que el Gobierno estaba más preocupado por el México moderno, mientras se abría más y más el abismo con el México tradicional y rezagado.

Estos problemas y reclamos fueron la base los resultados en las urnas el pasado 6 de julio y la razón principal por la cual el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputado.  Muchos ciudadanos votaron por un apoyo más decidido a los pobres y marginados, a través de las promesas de campaña de más gasto social.  Otros votaron por una disminución de impuestos y una reactivación de la economía que pudiera generar más empleos y resarcir su poder adquisitivo.

El Poder Ejecutivo ha escuchado estos reclamos y múltiples propuestas para incorporarlas al Presupuesto. No solamente de la gente que los ha manifestado directamente y de los medios que se los están reportando diariamente, si no además, por primera vez, a través  un buen número de reuniones que sostuvieron con los legisladores de los distintos partidos, antes de someter formalmente el Presupuesto.

El problema principal que afronta el Gobierno es que la gran mayoría de las propuestas implican un aumento en el déficit fiscal.  Si disminuyen los impuestos y aumenta el gasto, el déficit público se incrementaría en una forma peligrosa.  No solamente estaríamos ante el umbral de mayor inflación y tasas de interés, sino que sería mayor nuestra vulnerabilidad ante cualquier shock externo (e interno) y pudiéramos terminar de nuevo en una crisis sexenal.

Por lo mismo, el punto modular de la propuesta del Gobierno es el cálculo del déficit público más elevado posible que pudiéramos sostener, sin crear un peligro macroeconómico y que fuera financiable.  La propuesta de un déficit público del 1.25 por ciento el PIB deja bien claro que es el máximo que se puede tener, sin que la deuda neta total del sector público aumente como proporción del PIB.  Si se incurre en un déficit mayor, entonces aumentaría la deuda neta total y habría un deterioro en la capacidad de pago del Gobierno.

Desde el punto de vista macroeconómico, sería recomendable un déficit todavía menor, ya que podría disminuir visiblemente la carga de deuda que tiene el País y disminuiría las erogaciones que se tiene que realizar en pagos de interés.  Esto haría que hubiera más espacio para incrementar el gasto social en el futuro o bien abriría la posibilidad de disminuir los impuestos.  Sin embargo, los problemas sociales que tiene el País no pueden esperar y los reclamos públicos, acerca de la insensibilidad e la política macroeconómica hacia la población, van cada día en aumento.

Por los mismo, el punto de partida es el déficit de 1.25 por ciento del PIB, que es el máximo permitido sin perjudicar las finanzas del País.  Ahora bien, con est restricción presupuestal se tiene que acomodar el mayor número de propuestas posibles.  Por lo mismo, el Gobierno no puede incorporar todo y tiene que marcar prioridades.-  El Presupuesto entregado la semana pasada es justamente un proyecto de prioridades, más que una propuesta de política económica.

Al analizar los documentos, queda muy claro que el Gobierno está dando la máxima prioridad al gasto social, el combate a la pobreza y a una mayor participación a los estados y municipios.  Los rezagos de la sociedad ocupan la atención principal y el Gobierno está presentando un Presupuesto que refleja aumentos importantes en estos rubros.

Es bien conocida la necesidad de sostener el crecimiento económico que hemos observado en los últimos dos años y de que se incremente todavía más la capacidad de generación de empleos en el País.  Una disminución en los impuestos podría representar una inyección de recursos a la economía que pudiera estimular más la inversión.  Sin embargo, el Gobierno ve una economía que ya va creciendo y que toma su propia inercia. La inversión privada está aumentando a tasas del 30 por ciento anual.  Esto significa que no parece ser necesario un estímulo adicional.

La disminución de impuestos significaría menos recursos dirigidos a los proyectos sociales y un aumento hacia las actividades productivas.  Pero el mayor crecimiento de la actividad económica no necesariamente se traduciría en un aumento para el bienestar de todos.  Por lo mismo, el Gobierno está proponiendo posponer los recortes de impuestos para otro ejercicio fiscal, con el fin de asegurar que tenga los recursos necesarios hoy en día para atender las necesidades básicas de los menos privilegiados.

En una sociedad como la nuestra, en la que la distribución del ingreso es de las peores del mundo, no podemos negar que el apoyo decidido al combate a la pobreza tiene que ser nuestra prioridad.  La gran mayoría de los impuestos los paga el 10 por ciento más acomodado de la Nación.  Un recorte de impuestos beneficia a los estratos altos de la sociedad.  Un aumento en el gasto social nos beneficia a todos.

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La Evasión Fiscal

 

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La Evasión Fiscal

Por: Jonathan Heath

El viernes pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer la Agenda Legislativa para el primer periodo del primer año de trabajo de la LVII Legislatura, que propondrán y apoyarán los Diputados Federales de este partido.  De esta manera, ponen de manifiesto sus propuestas en forma explícita y eliminan parte de la confusión generada a través de tantas declaraciones de banqueta que se han publicado en los diarios

Cuando se asiste a este tipo de eventos es interesante observar lo que llama la atención, dado que no siempre se encuentra uno con nuevas propuestas. Por ejemplo, ya sabíamos que el PAN propone que baje la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la eliminación del Impuesto al Activo de las empresas, una reducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y un aumento a los estados y municipios.  Sin embargo, hubo algunas precisiones en estas ideas y aclaraciones acerca de otras propuestas que a muchos no nos habían quedado claras.

Quizá es muy trivial, pero me llamaron la atención algunos aspectos intranscendentes en la forma de presentar la Agenda Legislativa.  Arrancó el evento con música de Queen y Elton John.  Primero se oyó una de las canciones más famosas el grupo inglés Queen, titulada “We are the Champions” comúnmente escuchado en los partidos de fútbol en Inglaterra cuando algún equipo acaba de ganar.  Después hubo varias canciones del inglés Elton John, incluyendo la que actualmente esta de moda: “Candle in the Wind”, que el propio compositor reescribió en honor a la Princesa Diana y cantó en su funeral.

No es que no me guste este tipo de música, pero me pareció inapropiada para un evento de un partido político mexicano que busca ganarse la aprobación de una agenda que se va a discutir en el pleno de la Cámara de Diputados.  Tampoco esperaba escuchar a la Sonora Santanera, al Mariachi Vargas o al propio Luis Miguel, pero simplemente fue un detalle que se me quedó grabado.

Posteriormente, pasaron un video que parecía el lanzamiento del nuevo modelo de una empresa automotriz.  Aquí si tuvieron el tino de poner un fondo musical mucho más solemne para acompañar las imagines de los diputados hablando en la Cámara, mezclado con un amanecer del sol (¿no es eso de otro partido?), representaciones diversas del pueblo y paisajes.  Para terminar, una frase célebre de Manuel Gómez Morín.

El otro punto que me hizo reflexionar fue el de la evasión fiscal.  Aunque no es algo manejado explícitamente en la agenda del PAN, muchos de los puntos abordados tienen que ver con el tema.  El PAN ha retomado muchos de los reclamos populares han pedido hasta el cansancio que se elimine.  También el uso obligatorio de las máquinas registradoras de comprobación fiscal.  Estas medidas y otras fueron introducidas durante el sexenio pasado, con el propósito de reducir los espacios de evasión que tiene las empresas.  Ahora el PAN propone s eliminación.

En el pasado se ha criticado mucho a los políticos y a los partidos de oposición por presentar medidas simplistas, que no contemplan las consecuencias.  Por ejemplo, una reducción en los impuestos por sí sola no tiene sentido, si no viene acompañada de una propuesta complementaria para acomodar el impacto en las finanzas públicas.  Es típico que un partido proponga una reducción de impuestos, más gasto público y un presupuesto balanceado, pero sabemos que la aritmética no nos da para poderlo llevar a cabo.

En este sentido, el PAN ha sido muy cuidadoso en proponer políticas que cuadran , es decir, que en un momento dado se podrían llevar a cabo.  Las reducciones de impuestos que buscan vienen acompañadas de propuestas de menores erogaciones, como una disminución del 5 por ciento real del gasto corriente del Gobierno Federal.  A todos nos gustaría que nos bajaran los impuestos, pero tenemos que estar dispuestos a aceptar las consecuencias.  No es válido reclamarle al Gobierno un incremento en el gasto social, si no acompañamos la petición con una propuesta de financiamiento.

Ahora que está de moda el análisis de las finanzas públicas, ha salido a la luz el hecho de que las tasas impositivas que pagamos no son tan diferentes a las de otros países, pero la recaudación total como porcentaje del PIB es muy inferior a ellos.  Esta es una señal inequívoca de evasión de impuestos y de la existencia de una economía informal muy grande.  Consciente de este problema, la administración pasada buscó reducir los espacios para la evasión e introducir medidas que contribuyeran a una mayor recaudación.

Al final de cuentas, muchas de estas medidas resultaron impopulares y por lo mismo se buscan eliminar.  Sin embargo, no es válido proponer su derogación sin acompañarlas de medidas complementarias que ayudarán a abatir la evasión fiscal.  Es lo mismo que proponer una reducción de impuestos sin especificar la contrapartida en los gastos.  Las consecuencias podrían ser un incremento en la evasión y una baja en la recaudación.  Aunque podría ser un incremento en la evasión y una baja en la recaudación.  Aunque podría representar una victoria popular para el PAN en el corto plazo, sería contraproducente para las finanzas públicas y bastante injusto para los que sí pagamos impuestos.

El impuesto al Activo fue introducido para gravar principalmente a las empresas grandes que pasaban años sin para el ISR, dado que reportaban pérdida.  Sin embargo, estas empresas crecían y los dueños amasaban fortunas.  Invertían en departamentos muy creativos de contabilidad que buscaban todos los trucos del mundo para reducir el pago de impuestos.  El gobierno veía a este tipo de empresas como fuente importante de ingresos y por lo mismo, estableció el Impuesto al Activo.  Ahora tiene  que pagar el 2 por ciento que es deducible del ISR.

En sí el impuesto tiene una recaudación muy baja, pero desde su introducción ha ayudado a incrementar la captación del ISR.  Por un lado, llama la atención que los empresario pidan su eliminación dado que se puede sospechar que están buscando mayores oportunidades para reducir su pago de impuestos.  Pero por el otro lado, ésta es una señal de la necesidad de sustituir su eliminación con otras medidas destinadas a reducir la evasión.

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La Inflación y el Crecimiento

 

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La Inflación y el Crecimiento

Por: Jonathan Heath

La semana pasada, Alberto Aguilar, en su muy escuchado programa “Don Dinero”, invitó a Carlos Moreno, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), para una entrevista.  Entre las preguntas que le hizo, sobresalió la de cuál era su opinión sobre las metas presentadas por el Poder ejecutivo en relación a los Criterios Generales de Política Económica para 1998.  Dijo que estaba de acuerdo con todos os datos que se están presentando, con la notable excepción de la inflación.

Comentó que no estaba de acuerdo con la meta de inflación de 12.5 por ciento para fin de año, dado que era muy restrictiva y que no sería sano para el crecimiento económico.  En su opinión, el Gobierno debería de permitir más inflación el año entrante para que haya mayores posibilidades de crecimiento.  Dijo que él estimaba que una inflación del 13.5 por ciento sería más sana para la economía.

Realmente sorprende el comentario del representante máximo de los ejecutivos de finanzas de nuestro País.  Primero, de su análisis se desprende que la inflación es buena para el crecimiento económico.  Segundo, en su opinión, deberíamos pensar que el Banco de México estaría aplicando una política monetaria restrictiva el año entrante para poder alcanzar la meta de 12.5 por ciento.  Tercero, al estar de acuerdo con los demás parámetros presentados acerca del tipo de cambio, tasas de interés y crecimiento económico, podemos inferir que existe una inconsistencia en el marco macroeconómico del Gobierno.

El licenciado Miguel Mancera, gobernador del banco central, quien ha sido un invitado frecuente del IMEF, ha expuesto reiteradamente cómo funciona la política monetaria actual y la relación entre la inflación y el crecimiento.  No solamente ha insistido en el tema en diversos foros públicos, sino que además lo ha hecho explícitamente en diversas reuniones del IMEF.  La última vez que lo hizo fue apenas hace unas tres semanas, en la entrega de los premios de Investigación Financiera del IMEF en el Castillo de Chapultepec, con la distinguida presencia del propio presidente del instituto y la mayoría de su Mesa Directiva.

Todo parece indicar que no le han puesto mucha atención, no le hacen caso o no están de acuerdo con él.  Primero, la afirmación de parte del IMEF de que la inflación de parte del IMEF de que la inflación perjudica las oportunidades de crecimiento económico es una contradicción directa de una de las hipótesis centrales del licenciado Mancera (y una buena parte del mundo académico).  El ha insistido en que el abatimiento de la inflación, sumado al fortalecimiento de la confianza en que la tendencia se mantenga, ha inducido en una caída importante de las tasas de interés, incluso las reales.

Justamente en la ceremonia del IMEF del mes pasado, el licenciado Mancera les dijo que la tendencia a la mayor estabilidad del nivel general de los precios está construyendo un marco más propicio para las inversiones y para la producción.  La acelerada acumulación de capital físico ha generado empleos y ha elevado la productividad media de la mano de obra.  En términos muy claros, les explicó que estos efectos de la inversión comienzan a determinar aumentos del salario real.

Tasas de interés declinantes y el ascenso del ingreso han permitido a las familias y empresas seguir corrigiendo el sobreendeudamiento que se fue gestando en la primera mitad de la presente década.  Textualmente, les dijo que todos estos factores han proporcionado un mayor consumo, el cual, junto con una inversión más cuantiosa, de bases a un rápido incremento del PIB en el presente y en el futuro.

El Banco de México ha insistido mucho en esta hipótesis, de la cual existe amplia evidencia empírica.  Es indudable que la reactivación económica se ha logrado en un ambiente de inflación a la baja.  También es incuestionable la coincidencia entre el incremento notable en la inflación desde principios de 1995 y la recesión económica que sufrimos.

Segundo, parece ser que el IMEF no entiende cómo funciona actualmente la política monetaria.  Resulta muy difícil argumentar exitosamente, como pretende hacerlo Carlos Moreno, que la política monetaria es restrictiva.  Durante todo el año, el banco central ha satisfecho enteramente la demanda de dinero de toda la población, tanto empresarios como consumidores.  En ningún momento ha buscado reducir la cantidad de dinero en circulación, con fines de abatimiento inflacionario en perjuicios del crecimiento económico.  Inclusive, cuando las autoridades monetarias estimaron que esta demanda era superior a la que habían anticipado, aseguraron que la oferta creciera más para satisfacerla.

Si el Banco de México estima que la inflación del año entrante podría ser de 12.5 por ciento (o posiblemente menor), es porque es una cifra que juzgan consistente con las perspectivas de crecimiento económico, la evolución probable del tipo de cambio y el propio proceso de remonetización que se está dando en la economía.  Actualmente, el banco no lleva a cabo una política monetaria con una meta central de inflación, sino más bien acomoda el crecimiento natural de los agregados monetarios que juzgan consistentes con una tendencia a la baja en la inflación.  Procura que la inflación vaga disminuyendo, pero no como objetivo último de la política monetaria, sino más bien porque estima que entre más baja sea la inflación, mejores serás las posibilidades de crecimiento económico y creación de empleos, dado que se crea el clima macroeconómico más propicio para ello.

No existe ninguna relación positiva real duradera entre la inflación y el crecimiento económico.  La hipótesis de que una inflación moderada influye al incrementar la actividad económica es obsoleta y ha sido descartada por la gran mayoría de los economistas académicos.  Lo que en un momento pareció ser una relación empírica (por ahí de los años Sesenta), resultó más bien una aberración de los datos.  La evidencia actual apunta claramente hacia una relación negativa entre las dos variables, como resultado de las distorsiones que introduce la inflación.

También queda claro que la política monetaria no puede inducir un estímulo permanente en la actividad económica a través de una mayor inyección del medio circulante.  Algunos piensan que la recesión económica observada durante 1995 fue inducida por la política monetaria, dado que disminuyó mucho el medio circulante real durante ese año.  Sin embargo, la casualidad fue justamente al contrario; la recesión y la inflación indujeron una disminución importantes en la demanda de dinero de las empresas y consumidores.

Se antoja lógico que el IMEF invite de nuevo al gobernador del Banco de México a su Convención Anual, a celebrarse pronto en la ciudad de León.  Pero en esta ocasión, le pediremos a los asistentes que pongan más atención a las explicaciones que rinde el distinguido huésped.

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El Déficit Público

 

Pulso Económico

El Déficit Público

Por: Jonathan Heath

Ahora que ya casi ha llegado el momento de la entrega oficial del Presupuesto de 1998 a la Cámara de Diputados, la discusión sobre el monto del déficit público se está acalorando.  La Secretaría de Hacienda estableció el 1.25 por ciento del PIB como propuesta oficial, mientras que diversos diputados de todos los partidos alegan que es inaceptable.  El Poder Ejecutivo ha iniciado una campaña en los medios masivos sobre la importancia de mantener finanzas sanas, con énfasis en la recuperación económica y los avances logrados durante los últimos dos años.  Los representantes de las cúpulas empresariales realizan una gama muy amplia de comentarios difusos y contradictorios.

Dentro del debate, ni siquiera queda claro cuál es la posición exacta de cada partido.  Por ejemplo, Pablo Gómez, del PRD, declaró que el déficit es demasiado alto y que se tiene que bajar para poder reducir la inmensa deuda pública.  Los gastos del Fobaproa han ocasionado un aumento irresponsable en el gasto público a través de operaciones discrecionales y obscuras, lo que ha generado el aumento en el déficit público.

Anteriormente, Porfirio Muñoz Ledo había dejado ver que el déficit propuesto por el Poder Ejecutivo era inaceptable, dado que no dedicaba una mayor atención hacia las necesidades sociales.  Propone, entre otras medias, un aumento importante a los salarios de los empleados públicos.  Al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador rechazó las críticas realizadas a la propuestas de su partido, en el sentido de que están sugiriendo políticas populistas.

Aquí surge una primera duda.  ¿Cuál es el déficit populista?  ¿Podemos catalogar un incremento del déficit como una política populista?  Resulta difícil afirmar que las propuestas actuales de los diversos partidos sean populistas, dado que los montos actuales están lejos de llegar a los niveles que existieron en épocas anteriores.

En 1982, cuando López Portillo aumentó de emergencia los salarios a los pocos meses dela devaluación de febrero y en anticipación a las elecciones de julio de ese año, el déficit público llegó a registrar el nivel más elevado al alcanzar el 16.9 por ciento del PIB.  Durante todo el sexenio de De la Madrid, el déficit nunca llegó a estar por debajo del 8 por ciento, y su promedio fue de 11.9 por ciento,durante su administración.  Inclusive, el promedio durante el sexenio de Salinas de Gortari fue de 1.6 por ciento, que es superior al 1.25 por ciento propuesto para 1998 (excluyendo los ingresos por desincorporación de empresas).

Más que una discusión sobre la existencia de un déficit populista, lo que estamos enfrentando es un debate sobre los efectos de un déficit moderado y los límites del financiamiento saludable.  Ningún partido está proponiendo una política presupuestal que pudiera quedar catalogada bajo este adjetivo.  Hemos visto una moderación en cuanto a las propuestas radicales de los partidos de izquierda, dado que hoy en día existe una mayor concientización sobre os efectos perversos de un déficit elevado.  Nadie propone un déficit que no se puede financiar.  Más bien, la discusión se ha concentrado en cuál será el monto máximo que pueda tener el déficit sin causar problemas en su financiamiento.

La propuesta del PAN, que a primera vista parece más sencilla, es todavía mucho más compleja.  No propone un aumento en el déficit público, lo cual es consistente con su posición tradicional de recortar el papel del Gobierno en la economía.  Más bien, el sustento principal de su propuesta de reducir los impuestos n descansa fundamentalmente en un recorte del gasto, sino más bien en el supuesto de que la recaudación no bajará tanto como sostiene el Ejecutivo ante una disminución en la tasa del IVA.  Esta política está basada en lo que los economistas norteamericanos conocen como “supply-side economics”, bautizado como “Reaganomics” por el público en general.

El Presidente Reagan de Estados Unidos (1981-1988) propuso una reducción importante en los impuestos como una medida para estimular el crecimiento económico, argumentando que la mayor actividad económica elevaría la recaudación de impuestos.  Aunque la economía norteamericana tuvo un desempeño envidiable durante esos años, el resultado final fue un aumento sin precedentes en el déficit público.  Fue tan elevado el déficit público al terminar su gestión, que transcurrió casi una década para reducirlo a niveles manejables.

Hoy en día, Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo.  Una política similar en México podría desatar una nueva crisis económica, ya que no tenemos la capacidad de endeudamiento que tiene nuestro vecino del Norte.  Antes de tomar en serio la propuesta de aplicar el reaganomics a México, habría que revisar a fondo los estudios del Partido Acción Nacional que concluyen que podría funcionar.

Aún así, existe mucha preocupación sobre la elevación del déficit público.  La empresa calificadora de valores, Standard & Poor´s (S&P),  en su último análisis acerca del riesgo país que representa México, ha puesto de manifiesto el desasosiego acerca del tema.  Hace apenas un mes, S&P aumentó la perspectiva del País de “estable” a “positivo”, argumentando que el pilar de la recuperación a partir de la crisis ha sido la política fiscal conservadora que ha mantenido el Gobierno.

Dice la empresa que una disminución en la tasa del IVA reduciría las  posibilidades de mejoría del País.  La calificación de México está hoy en día limitada por la vulnerabilidad de la política económica ante las presiones políticas y aunque manifiesta la mejoría política alcanzada por la apertura democrática, señala que el riesgo político de México es mayor a otros países con la misma calificación.  El deterioro de las finanzas públicas en uno de los peligros principales que pudiera producirse por la nueva lucha política del País.

La calificación de riesgo país no es un asunto trivial, dado que tiene una repercusión directa sobre nuestro servicio de la duda.  Entre más riesgo representemos, mayor será la tasa de interes que tendremos que pagar al exterior.  El servicio de la deuda es uno de los gastos principales del Gobierno Federal por lo que una mejoría en nuestra calificación ayudaría a disminuir el gasto público en rubros que no tengan impacto social para canalizar lo hacia las prioridades marcadas.

Es en este sentido que los partidos de oposición le han revirado al gobierno Federal la crítica de un déficit elevado.  Los programas de rescate financiero, tanto bancario como carretero, aunados a la reforma del Seguro Social, representan por sí solos casi el 2 por ciento del PIB.  El Gobierno es criticado fuertemente por su incapacidad para recortar el gasto innecesario.  Un manejo más responsable del erario público hubiera abierto espacios par ampliar más el gasto social, reducir los impuestos impopulares y mantener el equilibrio en las finanzas públicas.

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Las Lecciones del Mercado

 

Pulso Económico

Las Lecciones del Mercado

Por: Jonathan Heaths

Los sustos de la semana pasada y sus consecuentes ajustes en el mercado bursátil, el tipo de cambio y las tasas de interés, nos han llevado a reflexionar una vez más sobre las bondades y límites de los mecanismos de mercado.  Ante el desplome de la Bolsa, muchos pidieron a gritos una intervención por parte de las autoridades monetarias y bursátiles para impedir la caída tan marcada y para evitar los ajustes subsecuentes en el mercado cambiario y en las tasas de interés.  Cuando el Banco de México anunció que no iba a realizar ninguna acción y que iba a dejar que los mercados se ajustaran por sí solos, hasta los Senadores pidieron comparecencias del Gobernador del Banco de México y del Secretario de Hacienda y Crédito Público para que rindieran cuentas.
Es cierto que los mecanismos de mercado no son perfectos y que en muchas ocasiones a través de sus ajustes dañan a personas inocentes.  Por ejemplo, el encarecimiento del dólar seguramente tendrá un efecto sobre los precios de algún producto que compra alguien de recursos limitados y que no tiene nada que ver con la Bolsa.  Las alzas en las tasas de interés tendrán un impacto negativo sobre el pago de la hipoteca de muchas familias que ni siquiera saben dónde queda Hong Kong.
Sin embargo, el mercado manda señales a través de los movimientos en sus precios acerca de la relativa escasez o abundancia de los productos.  Estos mensajes son de primordial importancia y no se deben ignorar.  Si el tipo de cambio sube es porque existe un escasez de dólares ante la cantidad de personas que quieren comprarlos.  Si el precio del dólar no subiera, entonces todavía habría más personas que los quisieran comprar y por lo mismo, se harían más escasos.
Su aumento en precio está diciendo a los compradores potenciales que piensen bien si quieren comprar más dólares porque es un bien escaso.  Por lo tanto, debemos racionalizarlos.  Dado que sería sumamente complicado administrar esta racionalización, el mercado lo hace a través de aumentos en precios.  Podríamos argumentar que no es justo ya que este mecanismo favorece siempre al que más dinero tiene.  Sin embargo, a través del tiempo no se ha encontrado una alternativa que sea mejor.
El ejemplo clásico que utilizan los economistas para explicar el funcionamiento del mercado es a través del agua y los diamantes.  El primero es un bien sumamente útil y necesario hasta para la sobrevivencia misma.  El segundo tiene un uso limitado y podríamos prescindir fácilmente de él.  Sin embargo, el primero tiene un precio sumamente bajo, mientras que el segundo es de los bienes más caros del mundo.  En este caso, lo que están haciendo los precios es mandar un mensaje de la relativa escasez de un producto.  Dado que el agua es muy abundante (en comparación con los diamantes) tiene un precio muy bajo, lo cual significa que no la tenemos que cuidar mucho.  Pero los diamantes son muy escasos, así es que no los deberían de comprar a no ser que sean sumamente importantes para quien los quiere adquirir.
Los marxistas siempre han argumentado que la falla más grande del mercado es esta inconsistencia entre el valor de uso y el valor de intercambio.  El agua tiene un gran valor de uso pero no de intercambio, mientras que los diamantes no tienen valor de uso pero si un gran valor de intercambio.  Ellos han argumentado que no es justo el hecho de que un bien tenga mucho valor y pueda hacer rica a una persona simplemente porque tiene un valor de intercambio.
Puede que sea cierto que no es un sistema justo.  No obstante, no podemos ignorar la importancia de cuidar más el uso de los productos escasos.  Por ejemplo, muchos empresarios se quejan de que las tasas de interés son más elevadas en México que en muchas partes del mundo y que por lo mismo, el gobierno debería de bajarlas.  La tasa de interés no es otra cosa más que el precio del crédito.  Dado que no somos un país con mucho ahorro interno, el crédito es un bien escaso.  Si bajáramos su precio, entonces la gente ahorraría menos y habría menos disponibilidad de crédito.
Para aumentar la cantidad de ahorro en el país, tenemos que aumentar la tasa de interés para apremiar más al ahorrador.  Para aumentar más la inversión, tenemos que disminuir la tasa de interés para facilitar más la obtención del crédito.  ¿Cuál es el equilibrio?  Justamente es el mercado el que determina el equilibrio entre la oferta (los ahorradores) y la demanda (los inversionistas).
Si el gobierno trata de intervenir en el mercado ajustando artificialmente la tasa de interés, termina por mandar un mensaje equivocado.  Si la tasa de interés es baja, habrá muchos más empresarios que buscarán realizar inversiones.  Sin embargo, habrá mucho menos ahorro y por lo tanto, menos disponibilidad de crédito.  El mensaje que mandaría el gobierno es que el crédito es abundante y por lo tanto, no hay que cuidarlo mucho.  El mensaje que mandaría el mercado a través de una tasa de interés más elevada, es que es un bien escaso y por lo tanto, lo debemos de cuidar mucho más.
En una forma imperfecta y a través de mucho ruido, el mercado se está ajustando a la nueva realidad impuesta por el derrumbe de los mercados bursátiles a nivel mundial.  Primero, muchos fondos de inversión tienen que vender sus acciones para obtener más liquidez y afrontar a sus clientes que desean retirar sus inversiones.  Al querer vender muchos al mismo tiempo, el precio de las acciones baja, mandando una señal de abundancia de acciones.  El que quiere vender a un mercado ofrecido, pierde valor.
Segundo, dado que muchas de las personas que vendieron sus acciones, ahora quieren comprar dólares, la demanda de dólares empieza a superar la oferta.  El precio del dólar (el tipo de cambio) sube mandando señal de que es un bien escaso.  Esto significa que el que lo quiere comprar debe estar dispuesto a pagar un precio más alto.  Esta es la señal correcta.
Tercero, los que compraron dólares, ahora quieren comprar Bonos de la Tesorería de los Estados Unidos.  Por lo mismo, el precio del Bono sube (lo que hace que baje su rendimiento), mandando otra vez una señal correcta.
Cuarto, al ver que el rendimiento del Bono es muy bajo, muchos de sus tenedores lo venderán y comprarán acciones dado que son muy baratas.  El ciclo se mantiene hasta que los precios se estabilicen de nuevo.
A pesar de todo, el mecanismo de precios tuvo una función que podríamos llamar justa.  El que quería vender sus acciones por pensar que podría especular con todos los cambios, perdió valor.  El que quiso comprar dólares tuvo que comprar a un precio más caro.  Al final de cuentas, el dinero regresará a los mercados que tienen los mejores fundamentos y que permiten que los precios se ajusten en forma natural.
Es en este sentido que es mejor realizar los ajustes a través de los precios y no a través de las cantidades.  No sirve de mucho tener una tasa de interés muy baja si no existen créditos.  No tiene sentido tener un dólar barato si no existen dólares.
El apostar en contra de los mercados casi siempre lleva a pérdidas enormes.  Esta es una lección que no podemos ignorar.


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