¿Más Gasto Social o Menos Impuestos?

 

Pulso Económico

¿Más Gasto Social o Menos Impuestos?

Por: Jonathan Heath

El Poder Ejecutivo entregó formalmente al Poder Legislativo la semana pasada la Iniciativa de la Ley del Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica para 1998.  Este último, requerido por ley para la aprobación del Presupuesto desde 1983, es el documento que explica las intenciones de política del Gobierno Federal y los objetivos trazados sobre los cuales descansa toda la elaboración del Presupuesto.

Al leerlo, los diputados podrán entender más a fondo lo que pretende hacer el Ejecutivo durante el año.  Si están de acuerdo con la filosofía general y las direcciones marcadas en el documento, podrán aprobar el Presupuesto más fácilmente.  Si tienen puntos de diferencia, podrán concentrarse en ellos in tener que adivinar las intenciones que justifican los números.  Al mismo tiempo, podrá examinar la congruencia entre los objetivos principales y los rubros específicos del Presupuesto.  Por lo mismo, este documento es pieza central dentro del proceso de discusión y aprobación al que nos estaremos enfrentando durante las siguientes semanas.

Aunque el documento ha acompañado los presupuestos durante los últimos 15 años, sabemos bien que ésta es realmente la primer vez que cumplirá su cometido. En todas las ocasiones anteriores, el proceso de aprobación era casi una mera formalidad, ya que se entregaba el documento de Criterios Generales simplemente como una cortesía por parte del Ejecutivo para enterar a los Diputados de la política económica que se llevaría  cabo.  Sin embargo, en esta ocasión es una pieza fundamental y una lectura obligada para entender y participar en el debate, que será intenso, acalorado y mucho más profundo que en cualquier momento anterior.

Desde que se desató la crisis devaluatoria a fines de 1994, se han incrementado en forma impresionante los reclamos a la política económica.  Para poder evitar un desplome mayor en la recaudación de impuestos, el Gobierno se vio obligado a incrementar la tasa del IVA.  Hubo la necesidad de recortar el gasto y retrasar obras de inversión.  Sin embargo, gran parte del descontento con la política económica actual se fue gestando desde antes de la recesión de 1995.

La política de apertura comercial hizo quebrar a muchas empresas y produjo una disminución importante en las oportunidades de empleo.  Por lo mismo, aumentó en forma impresionante la cantidad de personas que se vieron obligadas a trabajar en el sector informal, al margen de las leyes fiscales.  Muchas de las privatizaciones terminaron en escándalos y quiebras.  En general, pareció que el Gobierno estaba más preocupado por el México moderno, mientras se abría más y más el abismo con el México tradicional y rezagado.

Estos problemas y reclamos fueron la base los resultados en las urnas el pasado 6 de julio y la razón principal por la cual el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputado.  Muchos ciudadanos votaron por un apoyo más decidido a los pobres y marginados, a través de las promesas de campaña de más gasto social.  Otros votaron por una disminución de impuestos y una reactivación de la economía que pudiera generar más empleos y resarcir su poder adquisitivo.

El Poder Ejecutivo ha escuchado estos reclamos y múltiples propuestas para incorporarlas al Presupuesto. No solamente de la gente que los ha manifestado directamente y de los medios que se los están reportando diariamente, si no además, por primera vez, a través  un buen número de reuniones que sostuvieron con los legisladores de los distintos partidos, antes de someter formalmente el Presupuesto.

El problema principal que afronta el Gobierno es que la gran mayoría de las propuestas implican un aumento en el déficit fiscal.  Si disminuyen los impuestos y aumenta el gasto, el déficit público se incrementaría en una forma peligrosa.  No solamente estaríamos ante el umbral de mayor inflación y tasas de interés, sino que sería mayor nuestra vulnerabilidad ante cualquier shock externo (e interno) y pudiéramos terminar de nuevo en una crisis sexenal.

Por lo mismo, el punto modular de la propuesta del Gobierno es el cálculo del déficit público más elevado posible que pudiéramos sostener, sin crear un peligro macroeconómico y que fuera financiable.  La propuesta de un déficit público del 1.25 por ciento el PIB deja bien claro que es el máximo que se puede tener, sin que la deuda neta total del sector público aumente como proporción del PIB.  Si se incurre en un déficit mayor, entonces aumentaría la deuda neta total y habría un deterioro en la capacidad de pago del Gobierno.

Desde el punto de vista macroeconómico, sería recomendable un déficit todavía menor, ya que podría disminuir visiblemente la carga de deuda que tiene el País y disminuiría las erogaciones que se tiene que realizar en pagos de interés.  Esto haría que hubiera más espacio para incrementar el gasto social en el futuro o bien abriría la posibilidad de disminuir los impuestos.  Sin embargo, los problemas sociales que tiene el País no pueden esperar y los reclamos públicos, acerca de la insensibilidad e la política macroeconómica hacia la población, van cada día en aumento.

Por los mismo, el punto de partida es el déficit de 1.25 por ciento del PIB, que es el máximo permitido sin perjudicar las finanzas del País.  Ahora bien, con est restricción presupuestal se tiene que acomodar el mayor número de propuestas posibles.  Por lo mismo, el Gobierno no puede incorporar todo y tiene que marcar prioridades.-  El Presupuesto entregado la semana pasada es justamente un proyecto de prioridades, más que una propuesta de política económica.

Al analizar los documentos, queda muy claro que el Gobierno está dando la máxima prioridad al gasto social, el combate a la pobreza y a una mayor participación a los estados y municipios.  Los rezagos de la sociedad ocupan la atención principal y el Gobierno está presentando un Presupuesto que refleja aumentos importantes en estos rubros.

Es bien conocida la necesidad de sostener el crecimiento económico que hemos observado en los últimos dos años y de que se incremente todavía más la capacidad de generación de empleos en el País.  Una disminución en los impuestos podría representar una inyección de recursos a la economía que pudiera estimular más la inversión.  Sin embargo, el Gobierno ve una economía que ya va creciendo y que toma su propia inercia. La inversión privada está aumentando a tasas del 30 por ciento anual.  Esto significa que no parece ser necesario un estímulo adicional.

La disminución de impuestos significaría menos recursos dirigidos a los proyectos sociales y un aumento hacia las actividades productivas.  Pero el mayor crecimiento de la actividad económica no necesariamente se traduciría en un aumento para el bienestar de todos.  Por lo mismo, el Gobierno está proponiendo posponer los recortes de impuestos para otro ejercicio fiscal, con el fin de asegurar que tenga los recursos necesarios hoy en día para atender las necesidades básicas de los menos privilegiados.

En una sociedad como la nuestra, en la que la distribución del ingreso es de las peores del mundo, no podemos negar que el apoyo decidido al combate a la pobreza tiene que ser nuestra prioridad.  La gran mayoría de los impuestos los paga el 10 por ciento más acomodado de la Nación.  Un recorte de impuestos beneficia a los estratos altos de la sociedad.  Un aumento en el gasto social nos beneficia a todos.

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