La Paridad del Poder Adquisitivo

 Pulso Económico

La Paridad del Poder Adquisitivo

Por: Jonathan Heath

Mucha gente está preocupada por el tipo de cambio.  Algunos temen que se debilite y que vaya a presionar los precios hacia arriba, provocando una espiral inflacionaria.  Otros quieren evitar una devaluación sorpresiva y por lo tanto, no les gusta ver que se fortalezca mucho.

Los primeros tienen razón.  Si el tipo de cambio se deprecia en forma continua, se convierte en una presión inflacionaria.  Al existir más inflación, será necesario que el tipo de cambio se deprecie aún más, ocasionando un círculo vicioso de devaluación-inflación.  Tanto la depreciación como la inflación hacen que las tasas de interés tengan que permanecer elevadas, limitando la inversión y el crecimiento.

Sin embargo, los segundos también tienen razón.  En la medida en que el tipo de cambio no se mueve, va perdiendo competitividad y tiende a sobrevaluarse.  Esto hace que las importaciones crezcan más rápido y se produzca un déficit en la balanza comercial.  Si no hay flujos de capital, esta situación puede provocar una devaluación.

Para evitar una sobrevaluación que puede terminar en una devaluación, o bien, una subvaluación que puede provocar más inflación, nos interesa conocer la valuación correcta del tipo de cambio.  Desafortunadamente, la única forma fácil de calcularlo es a través de una teoría desacreditada que se llama la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA).  Aunque padece de muchos defectos y puede llegar a conclusiones erróneas, es comúnmente utilizada por su sencillez.

Se toma el tipo de cambio de un año dado y simplemente se aplica la diferencia entre la inflación mexicana y la de los Estados Unidos (que representa al resto del mundo).  La diferencia porcentual entre el número que resulta y el tipo de cambio actual, es el porcentaje de sobre o sub valuación del tipo de cambio.

El problema radica en que el número que resulta no es necesariamente la valuación correcta del tipo de cambio.  Más bien es un número arbitrario, simplista y peligroso por lo desatinado que puede resultar.  Pero por más que se dice, la gran mayoría de los analistas sigue insistiendo en su uso.

Precisamente por esto, resulta de sumo interés un artículo de Kenneth Rogoff de la Universidad de Princeton, titulado “The Purchasing Power Parity Puzzle” (El Enigma de la Paridad del Poder Adquisitivo) publicado en el último número del Journal of Economic Literature.  El Profesor Rogoff realiza un análisis de los pormenores de la PPA, tratando de entender por qué no funciona.  El dice que son realmente pocos los economistas que toman a la PPA como una propuesta seria en el corto plazo.  Sin embargo, existen muchos que piensan que esta teoría tiene algo de validez en el largo plazo.  En otras palabras, existe la creencia de que la diferencia entre la inflación de México y el resto del mundo es, a la larga, lo que determina el nivel correcto del tipo de cambio.

El estudio llega a la conclusión de que existe cierta evidencia empírica (aunque algo débil), de que esta teoría se cumple en el largo plazo.  Esto significa que si existe más inflación en México que en los Estados Unidos, el tipo de cambio va a depreciarse, para reflejar esta diferencia.  El único problema es que el ajuste se va a hacer en una forma muy lenta y a través de mucho tiempo.  Según los estudios, el 50 por ciento del ajuste tardará entre tres y cinco años.

Esto tiene implicaciones muy importantes para nuestra política cambiaria.  Lo primero es que el cálculo que todos hacen de la PPA para determinar el porcentaje de sub o sobre valuación, no sirve de mucho.  Unicamente podría ser indicativo de la dirección en que se podría mover el tipo de cambio en un futuro muy lejano.  Segundo, no es base para calcular el tipo de cambio correcto en un momento dado.  Por último, no sirve de mucho para pronosticar un movimiento brusco en el valor de la moneda.

¿Por qué no funciona esta teoría?  Principalmente porque son muchos factores más que la simple inflación lo que determina el tipo de cambio.  Los costos de transporte de un país a otro, los aranceles, las barreras no arancelarias, la discriminación de precios de un mercado a otro, los flujos de capital y las diferencias de productividad, son algunos factores importantes que se deben considerar.

Por ejemplo, no puede ser el mismo tipo de cambio real de equilibrio en una economía cerrada (como existía antes de 1986) y en una economía abierta.  Los aranceles y barreras arancelarias son muy distintos, al igual que los flujos de capital.  Después de cierto tiempo, debido a las presiones derivadas de una mayor competencia, las empresas serán más productivas.  Todos estos factores nos dicen que no se puede comparar el tipo de cambio de hoy en día con el que existía antes de los cambios estructurales.

Los proponentes de la PPA dicen que hoy en día el tipo de cambio está subvaluado en un 6 por ciento con respecto a 1990.  Sin embargo, si utilizamos como base otro año, el nivel de subvaluación podría ser muy distinto.  Por ejemplo, si utilizamos un año cercano a 1987, el tipo de cambio de hoy estaría muy sobrevaluado.  En los dos casos, la recomendación de política sería totalmente distinta.

No obstante, la comparación del tipo de cambio real de hoy en día con el que existió en otro momento puede ser interesante.  Sin utilizar la palabra sub o sobre valuación, podríamos decir que el tipo de cambio real es hoy en día 6 por ciento más débil que el que existía en 1990.  Al decirlo de esta manera no estamos sugiriendo que está mal, sino simplemente que es diferente.

De ahora en adelante, con un régimen cambiario de flotación, debemos empezar a acostumbrarnos a analizar mejor el tipo de cambio y sus tendencias futuras.  Tiene muchas implicaciones para el nivel de las tasas de interés, la inflación y las decisiones de importar y exportar dentro de la empresa.  Sin embargo, debemos dejar de utilizar como herramienta la PPA para determinar o pronosticar el tipo de cambio, dado que puede llevarnos a conclusiones peligrosamente equivocadas.

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La Política Económica en el Segundo Trimestre

 

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La Política Económica en el Segundo Trimestre

Por: Jonathan Heath

Con el anuncio del crecimiento del Producto Interno Bruto de 7.2 por ciento para el segundo trimestre del año, ya empezó formalmente la etapa de recuperación económica.  Podrán algunos analistas cuestionar el hecho de que si ya pasó la recesión o no, dado que todavía muestran signos negativos y no se ha podido revertir la pérdida del poder adquisitivo de la mayorías.  Sin embargo, existe una definición exacta de lo que es una recesión y una recuperación, dentro de las teorías económicas de los ciclos de negocios.

Cuando el PIB muestra dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, formalmente se declara una recesión.  Cuando el PIB registra un trimestre de crecimiento, se dice que ya es recuperación.  Estas son definiciones exactas inventadas por los economistas hace mucho tiempo atrás.

Si alguien no está de acuerdo puede inventar otra terminología con otras reglas.  Sin embargo, no es válido cambiar la definición de algo que ya existe y es utilizado comúnmente.  En este sentido, una recesión y una recuperación ya tienen sus definiciones que se han utilizado por mucho tiempo.

Dado que ya se dio un trimestre con un crecimiento en el Producto Interno Bruto positivo, la recuperación dio su inicio.  Podrá ser una recuperación endeble, incompleta, sin poder adquisitivo, fomentado únicamente por exportaciones y sin respuesta en el mercado interno, pero al fin de cuentas, es una recuperación.

Estaremos todavía en crisis, con graves problemas en el sector bancario, con una cartera vencida todavía creciente y con una tasa de mortalidad elevada de empresas, pero sigue siendo una recuperación.

Esta recuperación se dio como resultado de una política económica restrictiva que buscó estabilizar los mercados financieros y normalizar los flujos de capital y del exterior.  La balanza de pagos se encuentra equilibrada, tanto en su cuenta corriente como en su cuenta de capital.  La inflación lleva una tendencia marcada a la baja, mientras que las tasas de interés han podido descender significativamente.  El tipo de cambio ya no muestra las variaciones tan amplias como observamos el año pasado.

La gran mayoría de los sectores manufactureros ya presentan crecimientos positivos, mientras que muchas ramas han llegado a registrar niveles históricos en su producción.  En ningún momento se dio marcha atrás en la apertura comercial, ni se introdujeron controles de cambio.  Se logró mantener el acceso a los mercados de capital para contratar nueva deuda y mantener los pagos de las deudas anteriores.

Todo esto se hizo a través de una política monetaria restrictiva y una política fiscal prudente.  Ahora falta consolidar esta recuperación y poco a poco reducir la vulnerabilidad que permanece como característica de esta recuperación.  Sin embargo, a la fecha de hoy, podría ser imprudente iniciar una etapa expansiva inducida principalmente por un cambio en la política económica.  Si hasta ahora ha funcionado, no debemos cambiar el rumbo.

Durante el primer semestre del año, el Gobierno mantuvo un superávit fiscal, es decir no gastó más de los recursos con que cuenta.  Al mismo tiempo, la política monetaria mantuvo un rumbo firme sin permitir más liquidez de lo necesario.  Las expectativas de inflación siempre fueron a la baja, acomodando una tendencia declinante en las tasas de interés

Existen algunos indicios de que el Gobierno podría estar manejando la política actual pensando que lo peor de la crisis terminó.  El Banco de México anunció un relajamiento en su postura de requerimiento de liquidez, que ocasionó casi inmediatamente una baja importante en las tasas de interés.  Esto podrá estimular la inversión y provocar un mayor crecimiento económico.  Sin embargo, podría resultar contraproducente en su lucha por abatir la inflación, provocando desajustes futuros en el mercado cambiario.  Si tomamos en cuenta que la economía está creciendo a una tasa superior al 7 por ciento, este estímulo podría ser contraproducente, dado que ocasionaría un sobrecalentamieno parecido al de 1984-85.

También parece ser que el Gobierno Federal empezará a ampliar el gasto público, dado que tiene margen para hacerlo.  Aprovechando el superávit fiscal del primer semestre, se podría incrementar el gasto para inducir mayor crecimiento económico y empezar a responder a las inquietudes sociales.  Sin embargo, al igual que con la política monetaria, no existe la necesidad de cambiar ninguno de estos parámetros, dado que la inflación ha mantenido su trayectoria a la baja y la actividad económica está respondiendo.

Va a ser importante tratar de separar las decisiones de política económica para fomentar una recuperación más rápida, de las decisiones políticas que simplemente buscan más apoyo para la hora de las elecciones.  Tenemos que recordar que el PRI está apostando fuertemente a que esta recuperación sea la forma más segura de capturar votos.  No podemos permitir que se den decisiones de fomento a la actividad económica, simplemente como medidas electorales temporales para después regresar a la necesidad de realizar ajustes mayores posteriores a las elecciones.  Esta forma de hacer las cosas la hemos visto una y otra vez, siendo que siempre lo tenemos que pagar a través de menos poder adquisitivo, menos empleo y más pobreza y miseria.

El Gobierno debe mantener la política económica actual intacta, independientemente de quién gana las elecciones del año entrante.  El crecimiento se empieza a dar y la inflación va a la baja, por lo tanto, no le muevan.  El PRI tendrá mucho que ganar y poco que perder al variar la política económica.  Sin embargo, el pueblo tiene poco que ganar y todo que perder si es que se apliquen las mismas maneras de siempre.

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¿ Quién Pagará la Cuenta?

 

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¿ Quién Pagará la Cuenta?

Por: Jonathan Heath

Los programas de apoyo directo a los deudores han sido muy positivos para la sociedad.  El mercado por sí solo hubiera tardado mucho tiempo en sanear a empresas y familias, con un costo muy elevado sobre el empleo y la producción.  Al brindar una ayuda elemental a los deudores, se está buscando un camino más rápido para salir de la crisis actual.

No obstante, este rescate tiene un costo.  Lo que deja de pagar la persona o empresa endeudada, ahora lo absorbe el Gobierno.  Pero el Gobierno no puede hacer desaparecer este costo como por arte de magia.  Al final de cuentas también lo tiene que pagar.  La ventaja es que tiene los recursos para diluir su impacto a través del tiempo Sin embargo, al final lo termina pagando.

¿Pero quién o quiénes son los que terminan por pagar?  El Gobierno no es otra cosa más que una representación de la sociedad.  Sus recursos son nuestros impuestos de hoy y de mañana.  Diluir el costo a través del tiempo, significa que se pagará con los impuestos de este año y muchos más por venir.

Esto significa que 

todos los que pagamos impuestos somos los que cubriremos la condonación de las deudas.  Los que trabajan en la economía informal, es decir, los que no pagan impuestos, no contribuirán a la liquidación de la deuda asumida.  Pero al final de cuentas, de una y otra forma, tampoco son los que recibieron el beneficio.  Por lo general, los que han podido pedir prestado son los que trabajan dentro de la economía formal, es decir, los que sí pagan sus impuestos.
También por lo general, entre más grande sea una empresa, más grande es su pago de impuestos.  La gran mayoría de los impuestos son pagados por las familias más ricas y por las empresas más exitosas.  Ellos son los que pagarán la mayor parte del costo del rescate.
Sin embargo, el costo total sí será absorbido por el resto de la sociedad, aunque sea en forma indirecta.  Al dedicarle más del 8 por ciento del PIB a este tipo de programas, el Gobierno está dejando de gastar ese mismo dinero en otros programas.  Significará menos gasto social, menos ayuda para los más necesitados, menos proyectos de infraestructura, menos educación, menos hospitales, menos medicinas, menos luz, menos agua, menos drenaje.  En pocas palabras: menos para todos.
Pero no es únicamente el costo fiscal del rescate financiero, sino que también existe el costo de la depreciación de nuestros ahorros, el de los ingresos perdidos por falta de empleo, el de las empresas quebradas, el de las familias que perdieron su casa y su coche.  En pocas palabras, el costo total de la crisis.
El problema es que todos nosotros estamos pagando un precio muy elevado por una crisis que no provocamos.  Queda claro quién pagará la cuenta, sin embargo, no corresponde a quienes deberían de pagar.  Los que deberían de pagar son los culpables de la crisis, es decir, los que tomaron las decisiones equivocadas que provocaron el derrumbe de toda una sociedad.
Se habla mucho de querer eliminar la impunidad.  Si es cierto, entonces deberíamos empezar por lo más grave y grande: castigar a los que ocasionaron una pérdida de miles de millones de pesos a toda una sociedad, una falta imperdonable.
Hemos leído en un sinnúmero de editoriales y artículos periodísticos la frustración que vivimos todos al ver que a los culpables de las malas decisiones que nos llevaron a la crisis, no les ha pasado nada.  Muchos de ellos siguen  trabajando en el Gobierno, otros viven muy bien en el extranjero y a algunos los han premiado con puestos importantes en Casas de Bolsa y otros lados.  Otros culpables ocupan aún excelentes posiciones en los bancos o conservan las acciones de empresas que los han hecho millonarios (o más millonarios).  Un grupo pequeño, que son la excepción, están bien guardadas en Almoloya o refugiados de la justicia
Si no se aplican los castigos adecuados a los que cometen errores garrafales que nos llevan a todos a una situación de crisis, entonces tendremos situaciones similares en el futuro.  Ya deberíamos de haber aprendido esta lección después de tantas crisis repetidas.  Dado que permitimos la impunidad con los responsables de la crisis de 1976, tuvimos una crisis más grande en 1982, nos volvieron a cometer errores similares en 1994.  Con la misma lógica, dado que se ha otorgado una impunidad de facto a los perpetrados de este magno delito, deberíamos esperar otro similar en el futuro.
¿Qué estamos haciendo para evitar que no nos vuelva a suceder? ¿Dondé está el responsable de los Tesobonos (similar al endeudamiento de corto plazo de 1981-82)?  ¿Dónde está el responsable de la privatización bancaria, que vendió los bancos a inexpertos  ¿Dónde está el que permitió que la moneda se sobrevaluara y el déficit en la cuenta corriente llegara a niveles insostenibles?  Por lo visto, los errores de política son absueltos en forma automática.  El mensaje que estamos mandando es que no importa.
Deberíamos admitir que sería difícil encarcelar a los políticos que cometieron graves errores de los cuales sufre hoy en día toda la sociedad.  No existe ninguna ley que hayan quebrantado.  Sin embargo, sí deberíamos asegurar que no vuelvan ocupar algún cargo político, al mismo tiempo que deberíamos introducir alguna legislación para castigar a este tipo de acciones en el futuro.
La impunidad en nuestro país va mucho más allá de perdonar a gobernadores por gastar 50 veces su tope de campaña.  Va mucho más allá de no perseguir a los funcionarios públicos o personas influyentes.
Al final queda claro que la sociedad en su conjunto es la que paga la cuenta.  Pero es la sociedad en su conjunto la que ha permitido que siga vivo un sistema político con estos vicios.  Tenemos una justicia kafkiana que hace que paguemos por los males que permitimos.  ¿Será cierto el dicho que cada pueblo tiene el gobierno que se merece?  ¿Haremos por fin, algo para que ésta sí sea la última crisis que permitamos?

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ADE Para Todos

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ADE Para Todos

Por: Jonathan Heath

Hacia finales de la semana pasada, el gobierno anunció otro programa de apoyo directo a deudores en el contexto del ADE.  Aunque en lo personal ya perdí la cuenta, alguien por ahí dijo que este es el octavo de la serie.  A la hora de la presentación, Guillermo Ortiz dijo que ahora sí este es el último.

El año pasado, cuando se anunció el primer programa del ADE, nuestras autoridades dijeron que el costo fiscal total del rescate del sistema financiero llegaría al 5.1 por ciento del PIB, estimación que quedó plasmada en el documento de Criterios Generales de Política Económica.  Sin embargo, los analistas perspicaces de la empresa calificadora de valores, Standard & Poor’s (S&P), calcularon que el costo final llegaría más bien al 12 por ciento del PIB.  En su momento este cálculo pareció escandaloso y el gobierno lo calificó de inmediato como exagerado.

Pues bien, parece ser que esa estimación de S&P va a resultar bastante atinada.  El Secretario de Hacienda ya admitió que el costo fiscal llegó al 8 por ciento del PIB.  Sin embargo, el 8 por ciento mencionado por el Dr. Ortiz es en relación al PIB de este año.  La estimación del 12 por ciento de S&P fue en relación al PIB de 1995.  Al convertir el 12 por ciento del PIB de 1995 a cifras de 1996, ya estamos muy cerca de esa estimación original.

El costo total del rescate es muy elevado para una economía que carece de recursos financieros.  ¿Vale la pena?  Esta es una pregunta que nos debemos hacer, ya que no es nada trivial el monto e implica un costo de oportunidad tremendo para toda la sociedad.  Si estos recursos no los hubiéramos aplicado al rescate de deudores, los podríamos haber destinado a construir más escuelas para dar lugar a todos los estudiantes, para que ya no tengan que protestar para falta de cupo, a pagar mejor a los maestros, para que ya no tengan que venir a manifestarse a la capital, a brindar apoyo a los campesinos de Chiapas, para que ya no tengan que levantarse en armas y muchas otras causas nobles que seguramente bien valen la pena.

Uno de los primeros puntos a considerar es el de la impunidad económica, o lo que en ingles llaman el “moral hazard”.  Al rescatar a las personas y empresas que pidieron prestado y no han pagado, se está perdonando el hecho de que no han pagado una deuda y permitiéndoles escapar sin pagar las verdaderas consecuencias de sus errores.  El problema radica en que no se eliminan los incentivos para volver a cometer los mismos errores en el futuro.  Si yo pido prestado y no puedo pagar, simplemente me perdonan mi deuda y sigo como si nada.  ¿Realmente es éste el caso?

Para contestar esta pregunta, debemos considerar varios puntos.  Primero, si no se hubieran presentado los diversos programas de apoyo, que ahora sí abarcan casi a todos de una forma u otra, hubiera existido un problema de equidad.  ¿Por qué a unos sí y otros no?  La condonación parcial de deuda tiene que ser pareja.

El segundo punto a considerar es que tiene que existir un mayor premio al que sí trató de pagar y un alivio menor al que buscó la salida fácil.  En principio esto podría parecer paradójico, ya que el que ha podido pagar es el que menos ayuda necesita, mientras que el que no ha pagado es el que seguramente requiere de más alivio.  Sin embargo, la condonación de deudas a quienes no pagaron es sumamente inequitativa e injusta para quien pagó y manda un mensaje equivocado: es mejor no pagar.

El tercer punto es fundamental: ¿de quién es la culpa del hecho de que un gran segmento de la población esté sobre-endeudado?  Las reformas estructurales emprendidas desde el sexenio pasado, liberaron una gran cantidad de recursos financieros que utilizaba el gobierno para financiar su déficit, para poder otorgarlos al sector privado.  Los nuevos banqueros no supieron administrar adecuadamente el otorgamiento de crédito, por lo que la cartera vencida empezó a crecer aceleradamente desde antes de la crisis devaluatoria.  Con la devaluación el problema se generalizó y se agudizó aún más.  A nivel particular, hubo algunas familias y empresarios que nunca debieron de haber pedido prestado.  También hubo algunos neobanqueros que nunca debieron haber sido banqueros.  Sin embargo, a nivel general es muy difícil culpar específicamente a alguien, a un grupo de personas o a algún sector de la sociedad.

Dado que el problema se agudizó profundamente con la crisis, llegamos a registrar un nivel de endeudamiento que ya rebasaba la capacidad de la economía en general.  Si se hubiera dejado que se arreglara solo, seguramente hubiéramos tardado el resto de la década para salir de una crisis de deuda interna muy complicada.  Es en estos momentos en que necesitamos la intervención del gobierno para arreglar algo que el mercado no podría solucionar en forma satisfactoria.

Aun los más asiduos defensores de las fuerzas del mercado tienen que admitir que llega un momento en que la intervención del gobierno es positiva.  Siempre y cuando esta ayuda sea equitativa, que no otorgue premios equivocados y nos ayude a todos a salir de un problema profundo, es sumamente positivo (y nada neoliberal).

Gracias al saneamiento de las finanzas públicas, el gobierno tiene la capacidad de absorber el costo tan elevado de estos programas y diluir su impacto a través de los años.  Esto le está dando un respiro elemental a las empresas, a las familias, al campo y a la sociedad, para que podamos salir en menos tiempo de esta crisis de endeudamiento.

Sí vale la pena.  Sin embargo, como dijo Milton Friedman, no existe tal cosa como una comida gratis.  Al final de cuentas, alguien lo tiene que pagar.  En nuestro caso, ¿quién pagará esta cuenta?

Tenemos que recordar que no es únicamente el costo del rescate en si, sino que además debemos considerar el costo de las empresas quebradas, de las familias que ya perdieron su casa y de las personas que perdieron su empleo.  En pocas palabras, el costo total de la crisis.  Si no lo paga el culpable, existe un tipo de impunidad.

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La Nueva Cultura Laboral

 

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La Nueva Cultura Laboral

Por: Jonathan Heath

Con el objetivo de generar más empleos, el gobierno, los seudo-líderes empresariales y el Congreso del Trabajo firmaron el martes pasado, un convenio titulado “Principios para la Nueva Cultura Laboral”.  Según los discursos este acuerdo permitirá mejorar el ingreso de los trabajadores y fortalecer la fuente de empleo.

Sin conocer los detalles del acuerdo, llaman la atención los comentarios diversos que expresaron algunas de las cabezas empresariales.  Hector Larios, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que (como por arte de magia) el acuerdo iba a crear entre 400 y 500 mil empleos en el próximo año.  En forma mucho más realista, Carlos Abascal, Presidente de la Coparmex, dijo que no se va a dar de manera espectacular ni mágicamente, sino como fruto del trabajo, esfuerzo y concentración y en un plazo no muy breve.  Al parecer, el primero insiste en vender ilusiones, una práctica de mucho daño ya muy conocida en nuestro país.  En cambio, el segundo quiso subrayar lo positivo, pero con cautela y sin prometer lo imposible.

La idea fundamental detrás de la nueva cultura laboral es la de establecer un cambio en las relaciones de trabajo entre empresarios y trabajadores.  En la actualidad, tanto la ley laboral como la mayoría de los sindicatos, protegen en exceso al trabajador, restándole incentivos importantes para su buen desempeño.

Por ejemplo, el sindicato pone restricciones al tipo de labor que puede realizar un trabajador dentro de la empresa, limitando su esfera a una sola función.  Un trabajador que se contrató para funciones de lavandería, no puede elaborar una función por decir de limpieza de vidrios.  Estas restricciones le restan a la empresa la posibilidad de disminuir costos e incrementar su productividad.  Sin embargo, también le restan al personal la posibilidad de ganar un poco más.

Otro ejemplo radica en la posibilidad de trabajar por hora, qué está limitada por la ley actual, implicando restricciones innecesarias a las condiciones laborales.  El empresario necesita flexibilidad ante condiciones cambiantes, mientras que el trabajador necesita incentivos y estímulos para su mejor desempeño.  En este sentido, la nueva cultura laboral deberá basarse en elementos que puedan incrementar la productividad laboral, para que la empresa pueda reducir costos mientras que el trabajador gana más.

Al final de cuentas, nuestro problema laboral no es la falta de trabajo en sí.  El hecho de que la tasa de desempleo abierto sea relativamente baja es muestra de que no faltan empleos en lo general.  Más bien, el problema principal es que la gran mayoría no son empleos productivos o bien remunerados.  Son ocupaciones, muchas veces marginales o en el sector informal, que no contribuyen mucho al ingreso familiar ni al ingreso nacional.  En este sentido, debemos crear trabajos de calidad para sustituir el desempleo disfrazado, el subempleo, el empleo marginal, el empleo informal y el empleo con ingresos insuficientes.

El INEGI reporta que más del 20 por ciento de todas las personas que dicen que trabajan, lo hacen en un establecimiento sin registro administrativo o fiscal, sin domicilio fijo y con 5 empleados o menos.  De entrada, este tipo de empleo carece de toda protección para el trabajador según lo marca la ley, como es el seguro social y demás prestaciones.  Sin embargo, la cantidad excesiva de regulaciones y requisitos legales para formar una empresa y los impuestos desmesurados que carga el gobierno, sirven como estímulo para trabajar fuera de la ley.  En este caso, lo que está mal no es el trabajador que evita pagar impuestos, sino el gobierno que cobra impuestos excesivos y emite regulaciones burocráticas exageradas.

Entre todas las personas que dicen que trabajan, aproximadamente el 5 por ciento se ocupa en labores que podemos designar como marginales.  Esto incluye la venta de servicios o productos en la calle como boletos de lotería o periódicos, malabaristas, payasos, lanza-fuego, etc.  Este tipo de ocupaciones es lo que necesitamos eliminar, pero no a través de más regulaciones o prohibiciones, sino de la creación de mejores oportunidades.

El problema de la falta de flexibilidad laboral se manifestó ampliamente durante la última década cuando realizamos la apertura comercial.  Al empezar a competir con el exterior, quedó claro que se necesitaba reducir los costos laborales en forma importante en muchas empresas y sustituir tecnologías obsoletas por otras modernas.  Como consecuencia, tuvimos 67 meses consecutivos en que el INEGI reportaba menos personas trabajando en el sector manufacturero en comparación con el mismo mes del año anterior.  Al principio, estas personas encontraban trabajo en el sector servicios o en la economía informal.  Sin embargo, después de cierto tiempo, la capacidad de absorción de esta mano de obra empezó a reducirse y el desempleo mostró signos inequívocos de empeoramiento.

Varios de los indicadores complementarios de empleo y desempleo que produce el INEGI, muestran un deterioro laboral anterior a la gran recesión de 1995.  El porcentaje de desempleados adultos empezó a subir desde varios años antes y entre ellos, el porcentaje que perdió su empleo por despido ha ido en aumento desde 1992.

Al comparar los resultados de los censos económicos de 1988 y 1993, también se pueden percibir cambios importantes, resultantes del efecto de la apertura comercial.  Por ejemplo, el número de empleados promedio por empresa es menor en casi todos los rubros.

Estas consideraciones son muy importantes dado que el deterioro en las condiciones de empleo y el aumento en el desempleo no son resultado únicamente de la recesión, sino que obedecen a factores relacionados con los cambios estructurales de la última década.  En este sentido, resulta fundamental que la nueva cultura laboral refleje estos cambios y permita la flexibilidad necesaria para adaptarnos más fácilmente.

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La Recuperación Económica

 

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La Recuperación Económica

Por: Jonathan Heath

Todas las últimas noticias sobre el desempeño de la economía han sido positivas.  La actividad industrial creció 13.2 por ciento; las ventas al mayoreo aumentaron 7.7 por ciento y la construcción subió 11.3 por ciento, todo en mayo con respecto al año pasado. 

 De las distintas ramas que comprenden a la industria manufacturera, 49 de las 57 presentadas por el INEGI ya  muestran tasas positivas de crecimiento, es decir, el 86 por ciento de las industrias manufactureras están en plena recuperación.
No obstante, existen muchos incrédulos que cuestionan la recuperación y no creen en las cifras.  Dado que todavía no es palpable para la mayoría de la población, a través de un resarcimiento en su poder adquisitivo, las cifras estadísticas son irrelevantes.  Además los números están afectados de manera importante por la base de comparación, dado que el crecimiento reportado es a partir del punto más bajo de la recesión.  Todavía falta mucho para regresar a los niveles pico anteriores a la devaluación.
Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el primer paso para resarcir el poder adquisitivo del salario es una recuperación en la producción.  Con un mercado deprimido, sería imposible un aumento posterior en los salarios.  En este sentido, aunque todavía nuestro poder de compra es menor a lo que era en un momento dado, deberíamos estar satisfechos con estos primeros pasos.
Lo segundo es que hay que reconocer que existe una tendencia a exagerar lo profundo de la recesión.  No estamos acostumbrados a los ciclos económicos como suelen producirse en los países industrializados y como consecuencia, tendemos a extrapolar la recesión hacia el futuro, pensando que nunca vendrá una recuperación.  No obstante, las cifras muestran una mejoría mucho más relevante de lo que queremos reconocer.
En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las distintas divisiones de la actividad industrial.  En la primera columna está el crecimiento del último mes disponible (mayo de 1996) con respecto al mismo mes del año anterior.  Tal y como muchos han señalado, esta cifra se ve abultada dado que se está comparando con el punto más bajo de la recesión.  Por lo mismo, en la segunda columna está el crecimiento con respecto al mismo mes pero de 1994, año previo a la recesión.  Si esta cifra es positiva, entonces la recuperación es muy válida dado que significa que hemos regresado a niveles de producción anteriores a la recesión.  Con fines informativos, la última columna reporta el mes en que se observó la producción más elevada.
Como podemos observar, comparado con el año pasado, únicamente “productos de papel, editoriales e imprenta” no se han recuperado.  Aquí el punto de referencia es uno de los momentos más profundos de la recesión y por lo mismo, los números están sesgados.  Sin embargo, si tomamos como punto de referencia el mismo mes pero 1994, nos encontramos que únicamente tres ramas presentan números negativos: la misma rama de papel, construcción y minerales no metálicos.  Como esta última representa la producción de muchos insumos primordiales para la construcción casi podemos decir que únicamente la construcción y la industria papelera son las que todavía no se recuperan.
Ya son muchas ramas de la actividad industrial que han regresado (e incluso superado) a los niveles de producción anteriores a la recesión.  Siete divisiones han llegado a niveles históricos de producción durante este año.  Queda claro que muchas industrias han logrado recuperarse a través de la exportación y que los números no representan necesariamente una recuperación en ventas internas.  Sin embargo, las exportaciones representan un mercado que produce utilidades y oportunidades para una reestructuración pronta en el poder adquisitivo.
Si aplicamos el mismo ejercicio a los datos de ventas en establecimientos comerciales, que ya presentan números positivos con respecto al año pasado, encontramos que las ventas al mayoreo están todavía 13.8 por ciento por debajo del mismo mes pero de 1994 y las ventas al menudeo 23.8 por ciento abajo también de mayo de 1994.  Obviamente, esto demuestra que todavía le falta fuerza a la recuperación del mercado interno.
Sin menospreciar la falta de dinamismo de las ventas internas, las cifras que arrojan las distintas divisiones de la actividad industrial muestran una recuperación muy sólida.  Esto se debe interpretar como buena noticia, ya que representa la base para el restablecimiento del comercio interno en un futuro nada lejano y una redención del poder adquisitivo más adelante.
No podemos cantar victoria hasta que la recuperación empiece a llegar a los bolsillos de la mayoría, sin embargo, tampoco podemos dejar que nos gane el pesimismo.

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¿Y los Pobres qué?

 

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¿Y los Pobres qué?

Por: Jonathan Heath

Durante los últimos días hemos conocido muy buenas noticias sobre el desempeño de la economía.  La actividad industrial creció 13.2 por ciento en mayo con respecto al año pasado; las tasas de interés disminuyeron más de 3 puntos porcentuales para ubicarse por debajo del 27 por ciento; la Bolsa ha estado recuperándose en forma importante; la inflación continúa su tendencia decreciente; el tipo de cambio ha vuelto a fortalecerse y regresado a niveles cercanos de 7.50 pesos por dólar; las ventas al mayoreo y menudeo están empezando a mostrar signos de vida con tasas de crecimiento positivas; la industria de la construcción mostró un incremento por primera vez, en mayo; el IMSS reportó una recuperación de 400 mil empleos durante el primer semestre.  Sin lugar a dudas, la recuperación económica está en plena marcha.

Obviamente, falta que esta recuperación se refleje en el poder adquisitivo de la mayoría de la población.  El Presidente Zedillo ya nos dijo que van a transcurrir varios años antes de regresar al nivel de vida que teníamos antes de la devaluación.  Sin embargo, esta recuperación se refiere básicamente a la clase media, inclusive quizá media-alta.  El problema es que la mayoría de la gente no pertenece a la clase media y difícilmente podrán aspirar a hacerlo.  Nuestra realidad es que la gran masa de mexicanos vive en condiciones paupérrimas y no tiene los medios para superarse.

Aquí es donde entra nuestra responsabilidad como sociedad y como seres humanos.  No podemos quedar satisfechos con una recuperación, por más buena que sea, que involucre únicamente el 15 por ciento cuando mucho, de la sociedad.  El PIB podrá crecer 10 por ciento, la tasa de desempleo reducirse al 2 por ciento, la inflación abatirse a niveles de un dígito y el tipo de cambio jamás volver a devaluarse.  Todo lo anterior es insignificante si no lo podemos hacer extensivo a toda la sociedad.

La política económica que se ha seguido durante el último año y medio ha sido atinada en lo general.  Con sacrificios y dificultades, se ha conseguido estabilizar la economía, revertir las salidas de capital y empezar a sentar las bases para el crecimiento sostenido.  Se han instrumentado varias medidas que deberán incrementar poco a poco el ahorro interno, que será la base para financiar nuestro desarrollo futuro.  La deuda externa se está reestructurando a través del mercado para mejorar nuestro perfil de amortizaciones.  La industria exportadora seguramente traerá una generación de empleos para resarcir la gran cantidad perdida durante los últimos cinco años dentro de la industria manufacturera.  Sin embargo, todo esto es irrelevante si no puede darse una mejoría significativa en el nivel de vida de las mayorías.

Las mayorías no somos ni tu ni yo.  Simplemente el hecho de que tenemos un periódico en las manos y lo leemos, ya nos ubica en la minoría privilegiada de este país.  Desafortunadamente, la mayoría de las personas ven algo tan simple como un periódico como un bien de lujo.  Un periódico que cuesta cuatro pesos diarios es casi el 18 por ciento de un salario mínimo.

Aun en el extremo de que el periódico fuera regalado, la gran mayoría lo utilizaría para taparse, alimentar un fuego o como cobija para dormir.  No lo leería simplemente porque no puede leer bien o porque las palabras allí expresadas hablan sobre otro tipo de realidades, muy ajenas a su acontecer diario y nada relevante para su lucha por sobrevivir.

Un buen amigo mío que se quedó sin trabajo, me compartió su angustia.  Con varios hijos mayores en la Universidad, se encuentra muy presionado para sacarlos adelante y no disminuir demasiado su nivel de vida.  Hasta ahora ha encontrado algunas ocupaciones que le dejan algo, pero está todavía lejos de alcanzar su situación anterior.  Sin embargo, al reflejar sobre su situación me dí cuenta que con todo y sus problemas, este amigo es de la minoría privilegiada.  Con todo y la crisis y la pérdida de su empleo, sigue comiendo bien, tiene casa y coche propio (aunque modestos), hijos que aspiran tener un grado universitario y hasta vacaciones en Acapulco.  Esto lo ubica entre el 5 y 10 por ciento más acomodado de la población.

Me refiero al otro México, el México cuyo ingreso mensual es menor a lo que yo le dedico exclusivamente a la compra de periódicos.  ¿Cuál ha sido la política económica para ellos?  Su situación es tan precaria que ni siquiera se dan cuenta de la diferencia entre la recesión y los años anteriores.  No tenían más que para sobrevivir antes de la devaluación y ahora están igual.  Pero para ellos sobrevivir significa obtener para medio kilo de tortillas, acompañados de unos cuantos chilitos.  En un buen día, tendrán para un poco de frijoles.  Esta es la realidad para la mayoría de los mexicanos.

¿Cuál ha sido la política económica para ellos?  ¿Cuáles son los planes del gobierno para incorporar estos mexicanos a la sociedad?  ¿Qué se ha hecho para incrementar su nivel de vida, para otorgarles los medios para mejorar?

Primero, debemos asegurarnos que tengan una alimentación adecuada.  La capacidad para crecer, pensar y contribuir positivamente a la sociedad, está directamente asociada con el nivel alimenticio de nuestra población.  Segundo, tenemos que proporcionarles una educación adecuada para que puedan tomar decisiones diarias, trabajar productivamente y ganarse un sustento mínimamente aceptable.  Posteriormente, debemos tratar de proporcionarles un cuidado de salud y una infraestructura mínima, como una casa con agua potable, drenaje y electricidad.  Específicamente, ¿cuál ha sido la política de este sexenio para progresar en este frente?  Si no existe progreso en este terreno, la recuperación y todo lo demás que hemos logrado durante el último año es inadmisible.

Este es el problema fundamental de nuestro país.  Lo demás palidece ante cualquier comparación.

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El Neoliberalismo no es Causa de Nuestros Problemas

 Pulso Económico

El Neoliberalismo no es Causa de Nuestros Problemas

Por: Jonathan Heath

Recientemente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sostuvo una conferencia en la que se discutieron diferentes ideas y soluciones para combatir el neoliberalismo.  Hubo una concurrencia grande, plural e internacional.  El fin último era hacer un frente común a lo que ven como el gran enemigo del pueblo: el neoliberalismo.

Según esta idea, el neoliberalismo ha sido culpable del deterioro en la distribución del ingreso, de la ampliación de la pobreza a más sectores de la población, del desacierto y descuido que se ha tenido en atender los problemas específicos de los indígenas, de la pérdida en el poder adquisitivo, de la falta de empleos productivos y remunerados y de muchos otros problemas que hemos tenido en el país.

Las instituciones símbolos del neoliberalismo son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.  Estas han buscado extender el neoliberalismo a todos los rincones del mundo para poder dominar los mercados y explotar al hombre.  Sus políticas han sido declaradas como nocivas, imperialistas, explotadoras, además de otros adjetivos calificativos negativos.

No obstante, el Banco Mundial ha gastado una buena parte de su presupuesto en estudiar la pobreza y buscar fórmulas para erradicarla.  Aun cuando la gran mayoría de sus préstamos son para proyectos de infraestructura de largo plazo, en muchas ocasiones han contemplado algunos para fines educativos.  Por ejemplo, no hace mucho que el Banco Mundial nos prestó una cantidad importante para el programa de textos gratuitos de la Secretaría de Educación Pública.  Me cuesta trabajo encontrar lo malévolo en esta política.

El FMI fue fundado hace como 50 años para apoyar a los países con problemas estructurales en su balanza de pagos.  Esta institución realiza constantemente estudios comparativos en búsqueda de las políticas económicas más exitosas que garanticen la estabilidad y el crecimiento económicos.  Acudir al FMI para un apoyo financiero es el último recurso de un país.  Cuando lo hace, es que ya se agotaron todos los recursos a su disposición y no encuentra otro camino.  No se debe enfocar a un programa con el FMI como una imposición de un organismo imperialista, sino como el fracaso de la política instrumentada por el gobierno del país que acudió a el.

Cuando hemos llegado a tener crisis devaluatorias bajo diferentes esquemas económicos, pero siempre con el mismo sistema político, no encuentro la lógica de maldecir el modelo económico actual.  La culpa radica en el sistema político, un sistema que permite la impunidad, que no responsabiliza a los culpables de decisiones erróneas, que fomenta la corrupción y que no se dedica a solucionar a fondo nuestros problemas.

Ampliar el presupuesto gubernamental para dedicar más recursos a la educación y a la eliminación de la pobreza, no es contradictorio con el esquema económico actual.  El neoliberalismo no implica una reducción en el papel del gobierno, sino más bien hacer más eficiente su participación.  A nadie le conviene que el gobierno haga un mal uso de sus recursos.  Inclusive, existen hoy en día muchos países que persiguen filosofías económicas de mercado y que tienen muchas políticas dirigidas al sector social.

Por ejemplo, en los Estados Unidos el gobierno otorga dinero a los desempleados por un tiempo definido para ayudarlos en lo que encuentran trabajo.  Si no lo encuentran después de cierto periodo, pueden solicitar un ingreso mensual mínimo de manutención (llamado welfare).  En ese mismo país, la educación pública es gratuita hasta la preparatoria, al mismo tiempo que existe un subsidio importante para las universidades del estado a fin de que sean accesibles.  Estas políticas son totalmente compatibles con un esquema de mercado o el llamado neoliberalismo.

Si un gobierno aplica equivocadamente un subsidio o fomenta la corrupción y venta de favores dentro de los programas de apoyo social, no le podemos echar la culpa al neoliberalismo.  La culpa lo tienen los políticos.  Pero si al mismo tiempo, tenemos un sistema político que permite esta corrupción y no castiga a fondo los abusos, entonces lo que está mal es el sistema político.

Por una razón u otra, esta confusión entre el sistema político y el modelo económico esta muy difundida.  No solamente son los Zapatistas los que critican al neoliberalismo, sino muchos grupos y sectores dentro de la sociedad.  Por un lado es positivo escuchar estas críticas, dado que son expresiones de una sociedad plural.  Sin embargo, de lo que no nos estamos dando cuenta es que estas críticas mal fundadas y dirigidas, nos están costando mucho dinero.  Dinero que bien pudiera utilizarse para mejorar la educación, combatir la pobreza, alimentar a nuestros niños o a reducir los impuestos.

La agencia calificadora de valores, Standard & Poor’s (S&P) nos otorga una calificación “BB” de un país especulativo.  Esto significa que tenemos que pagar mucho más intereses sobre nuestros préstamos al exterior para poder compensar el alto riesgo que representamos.  Al analizar estos riesgos, nos encontramos que uno de los principales es la falta de apoyo público para continuar con las reformas tanto políticas como económicas necesarias para modernizar al país.  Es decir, se percibe un riesgo que los grupos de presión, como el propio EZLN, podrían influir para que se logre un cambio en el rumbo del país, regresando a esquemas populistas ineficientes, con un gobierno autoritario.  Si en un momento dado, hubiera un apoyo más generalizado para modernizar al país, manejar con eficiencia el gasto público y democratizar al sistema político, podríamos obtener una calificación mejor y ahorrarnos muchos dinero.

Por estas razones, el Presidente Zedillo dijo que sería bueno un debate nacional sobre el modelo económico.  Un debate serio, bien llevado, aclararía estas confusiones y llegaría necesariamente a la conclusión de cambiar lo político más que lo económico.

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El Riesgo País de México

 

Pulso Económico

El Riesgo País de México

Por: Jonathan Heath

Fue muy notorio el hecho de que nuestra última colocación internacional de bonos haya recibido la calificación BBB- (el mínimo para el grado de inversión) de la empresa calificadora de valores Standard & Poor’s (S&P), cuando el país como un todo apenas alcanza la calificación de BB (grado de especulación) y con perspectiva de calificación (“credit watch”) negativa.  La realidad es que México no es considerado como un país con una capacidad adecuada de pago de intereses y principal de su deuda.  Nuestra calificación significa que tenemos que hacer frente a incertidumbres significativas y a condiciones comerciales, financieras y económicas adversas, que podrían disminuir nuestra capacidad para realizar pagos puntuales sobre la deuda.  En pocas palabras, invertir en México es una especulación.

Como ya se ha mencionado, la razón de la calificación superior para esta colocación en particular, es el soporte de los fondos provenientes de exportaciones petroleras depositados en las cuentas especiales de la Reserva Federal de los Estados Unidos.  Vale la pena mencionar que los ingresos petroleros no constituyen  una garantía, sino más bien un soporte para el pago oportuno.  Al existir el “soporte”, S&P considera que se presentan los parámetros de protección adecuados,  No obstante, la calificación del BBB- significa que todavía pueden presentarse condiciones económicas adversas o cambios circunstanciales que pudieran debilitar la capacidad de pago.

El simple hecho de que México haya alcanzado una calificación de este tipo en una de sus colocaciones, ha provocado muchas especulaciones y comentarios sobre la posibilidad de un cambio en la calificación de nuestro país.  Debemos recordar que la calificación actual (BB) es el techo de las calificaciones que pudieran recibir todas las demás colocaciones.  Esta colocación en particular es una excepción, difícil de repetir, que se dio por la circunstancia específica del soporte de los ingresos petroleros.  Si se incrementa l

a calificación del país, obtendríamos un ahorro importante en los pagos de intereses, dado que a menor riesgo menor tasa.
Desafortunadamente, la posibilidad de un cambio en nuestra calificación simplemente no existe ni pronto ni en un periodo previsto.  Inclusive, nuestra calificación actual tiene una perspectiva negativa, lo cual significa que la posible dirección que puede tomar la calificación es a la baja.  Esto no es necesariamente un precursor de un cambio o de una acción futura, sino simplemente indicativo de que si se piensa en un cambio, sería para abajo.
Es fácil de entender por qué S&P redujo nuestra calificación en febrero del año pasado, de BB+ que teníamos desde 1992, a un simple BB.  Estábamos sumergidos en una crisis financiera muy compleja, caracterizada por una contingencia de casi 30 mil millones de dólares en Tesobonos, más otra cantidad importante de deuda de corto plazo.  La posibilidad de retraso de algún pago sobre el servicio de la deuda era muy elevada en ese momento.  En marzo del año pasado S&P decidió añadir a la nueva calificación una perspectiva negativa, lo cual indicaba que existía la posibilidad de una reducción adicional en nuestra calificación.
El año pasado fue muy difícil para México.  Experimentamos una recesión profunda de una caída de 6.2 por ciento en el PIB; un repunte inflacionario que llegó a 52 por ciento; un incremento en la tasa de desempleo abierto que llegó a un máximo de 7.6 por ciento; un deterioro en el poder adquisitivo del salario y una depreciación en el tipo de cambio que llevó caso a 8 pesos por dólar.  Enfrentamos la necesidad de acudir a un paquete de financiamiento de emergencia sin precedentes para poder afrontar nuestras obligaciones con el exterior.  En febrero de este año S&P ratificó nuestra calificación y perspectiva negativa, dado que todavía nos enfrentábamos a una problemática compleja.
Sin embargo, ya a mediados de año nuestra perspectiva empieza a mejorar.  Existen señales definitivas de que ya salimos de la recesión.  Incluso podríamos registrar un crecimiento en el PIB por arriba de la meta del 3 por ciento; la inflación va a la baja; el tipo de cambio se ha estabilizado y la tasa de desempleo muestra señales de mejoramiento.  Pero todavía más importante, la contingencia con los Tesobonos está resuelta en su totalidad y ya estamos reestructurando nuestra deuda con colocaciones exitosas a mayor plazo.  Hemos demostrado un compromiso con unas finanzas públicas sanas y una política monetaria prudente.  Podríamos pensar que la perspectiva negativa que nos asignan debería de cambiar.
No obstante lo anterior, nuestra calificación no va a cambiar por un tiempo.  Las razones están más en el terreno político que en el económico.  Existe una dificultad potencial para crear y mantener un consenso durable en favor de una política económica estricta ante un sistema político que está cambiando rápidamente.  Falta ya menos de un año para las elecciones de 1997 cuando se pondrán a prueba las últimas reformas electorales, la frustración del pueblo por la crisis de 1995 y la pérdida en su poder adquisitivo.  No queda muy claro que el gobierno actual pueda convencer a la mayoría de la necesidad de mantener el rumbo actual.  No se sabe cómo va a reaccionar el PRI ante la posibilidad de perder una parte importante de su poder.  La transición política hacia un sistema menos autoritario y más democrático significa entrar en un terreno desconocido.  Las implicaciones y posibilidades de cambio no se pueden anticipar en un ambiente político tan incierto.
Al final de cuentas tenemos que reconocer que tenemos muchos problemas políticos por resolver antes de poder brindar mayor confianza a los inversionistas del exterior.  Esto quiere decir simplemente que por lo pronto seguimos siendo un país “especulativo”.

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