ADE Para Todos

 Pulso Económico

ADE Para Todos

Por: Jonathan Heath

Hacia finales de la semana pasada, el gobierno anunció otro programa de apoyo directo a deudores en el contexto del ADE.  Aunque en lo personal ya perdí la cuenta, alguien por ahí dijo que este es el octavo de la serie.  A la hora de la presentación, Guillermo Ortiz dijo que ahora sí este es el último.

El año pasado, cuando se anunció el primer programa del ADE, nuestras autoridades dijeron que el costo fiscal total del rescate del sistema financiero llegaría al 5.1 por ciento del PIB, estimación que quedó plasmada en el documento de Criterios Generales de Política Económica.  Sin embargo, los analistas perspicaces de la empresa calificadora de valores, Standard & Poor’s (S&P), calcularon que el costo final llegaría más bien al 12 por ciento del PIB.  En su momento este cálculo pareció escandaloso y el gobierno lo calificó de inmediato como exagerado.

Pues bien, parece ser que esa estimación de S&P va a resultar bastante atinada.  El Secretario de Hacienda ya admitió que el costo fiscal llegó al 8 por ciento del PIB.  Sin embargo, el 8 por ciento mencionado por el Dr. Ortiz es en relación al PIB de este año.  La estimación del 12 por ciento de S&P fue en relación al PIB de 1995.  Al convertir el 12 por ciento del PIB de 1995 a cifras de 1996, ya estamos muy cerca de esa estimación original.

El costo total del rescate es muy elevado para una economía que carece de recursos financieros.  ¿Vale la pena?  Esta es una pregunta que nos debemos hacer, ya que no es nada trivial el monto e implica un costo de oportunidad tremendo para toda la sociedad.  Si estos recursos no los hubiéramos aplicado al rescate de deudores, los podríamos haber destinado a construir más escuelas para dar lugar a todos los estudiantes, para que ya no tengan que protestar para falta de cupo, a pagar mejor a los maestros, para que ya no tengan que venir a manifestarse a la capital, a brindar apoyo a los campesinos de Chiapas, para que ya no tengan que levantarse en armas y muchas otras causas nobles que seguramente bien valen la pena.

Uno de los primeros puntos a considerar es el de la impunidad económica, o lo que en ingles llaman el “moral hazard”.  Al rescatar a las personas y empresas que pidieron prestado y no han pagado, se está perdonando el hecho de que no han pagado una deuda y permitiéndoles escapar sin pagar las verdaderas consecuencias de sus errores.  El problema radica en que no se eliminan los incentivos para volver a cometer los mismos errores en el futuro.  Si yo pido prestado y no puedo pagar, simplemente me perdonan mi deuda y sigo como si nada.  ¿Realmente es éste el caso?

Para contestar esta pregunta, debemos considerar varios puntos.  Primero, si no se hubieran presentado los diversos programas de apoyo, que ahora sí abarcan casi a todos de una forma u otra, hubiera existido un problema de equidad.  ¿Por qué a unos sí y otros no?  La condonación parcial de deuda tiene que ser pareja.

El segundo punto a considerar es que tiene que existir un mayor premio al que sí trató de pagar y un alivio menor al que buscó la salida fácil.  En principio esto podría parecer paradójico, ya que el que ha podido pagar es el que menos ayuda necesita, mientras que el que no ha pagado es el que seguramente requiere de más alivio.  Sin embargo, la condonación de deudas a quienes no pagaron es sumamente inequitativa e injusta para quien pagó y manda un mensaje equivocado: es mejor no pagar.

El tercer punto es fundamental: ¿de quién es la culpa del hecho de que un gran segmento de la población esté sobre-endeudado?  Las reformas estructurales emprendidas desde el sexenio pasado, liberaron una gran cantidad de recursos financieros que utilizaba el gobierno para financiar su déficit, para poder otorgarlos al sector privado.  Los nuevos banqueros no supieron administrar adecuadamente el otorgamiento de crédito, por lo que la cartera vencida empezó a crecer aceleradamente desde antes de la crisis devaluatoria.  Con la devaluación el problema se generalizó y se agudizó aún más.  A nivel particular, hubo algunas familias y empresarios que nunca debieron de haber pedido prestado.  También hubo algunos neobanqueros que nunca debieron haber sido banqueros.  Sin embargo, a nivel general es muy difícil culpar específicamente a alguien, a un grupo de personas o a algún sector de la sociedad.

Dado que el problema se agudizó profundamente con la crisis, llegamos a registrar un nivel de endeudamiento que ya rebasaba la capacidad de la economía en general.  Si se hubiera dejado que se arreglara solo, seguramente hubiéramos tardado el resto de la década para salir de una crisis de deuda interna muy complicada.  Es en estos momentos en que necesitamos la intervención del gobierno para arreglar algo que el mercado no podría solucionar en forma satisfactoria.

Aun los más asiduos defensores de las fuerzas del mercado tienen que admitir que llega un momento en que la intervención del gobierno es positiva.  Siempre y cuando esta ayuda sea equitativa, que no otorgue premios equivocados y nos ayude a todos a salir de un problema profundo, es sumamente positivo (y nada neoliberal).

Gracias al saneamiento de las finanzas públicas, el gobierno tiene la capacidad de absorber el costo tan elevado de estos programas y diluir su impacto a través de los años.  Esto le está dando un respiro elemental a las empresas, a las familias, al campo y a la sociedad, para que podamos salir en menos tiempo de esta crisis de endeudamiento.

Sí vale la pena.  Sin embargo, como dijo Milton Friedman, no existe tal cosa como una comida gratis.  Al final de cuentas, alguien lo tiene que pagar.  En nuestro caso, ¿quién pagará esta cuenta?

Tenemos que recordar que no es únicamente el costo del rescate en si, sino que además debemos considerar el costo de las empresas quebradas, de las familias que ya perdieron su casa y de las personas que perdieron su empleo.  En pocas palabras, el costo total de la crisis.  Si no lo paga el culpable, existe un tipo de impunidad.

Comentarios, observaciones y críticas al Email: heath@infosel.net.mx