¿ Quién Pagará la Cuenta?

 

Pulso Económico

¿ Quién Pagará la Cuenta?

Por: Jonathan Heath

Los programas de apoyo directo a los deudores han sido muy positivos para la sociedad.  El mercado por sí solo hubiera tardado mucho tiempo en sanear a empresas y familias, con un costo muy elevado sobre el empleo y la producción.  Al brindar una ayuda elemental a los deudores, se está buscando un camino más rápido para salir de la crisis actual.

No obstante, este rescate tiene un costo.  Lo que deja de pagar la persona o empresa endeudada, ahora lo absorbe el Gobierno.  Pero el Gobierno no puede hacer desaparecer este costo como por arte de magia.  Al final de cuentas también lo tiene que pagar.  La ventaja es que tiene los recursos para diluir su impacto a través del tiempo Sin embargo, al final lo termina pagando.

¿Pero quién o quiénes son los que terminan por pagar?  El Gobierno no es otra cosa más que una representación de la sociedad.  Sus recursos son nuestros impuestos de hoy y de mañana.  Diluir el costo a través del tiempo, significa que se pagará con los impuestos de este año y muchos más por venir.

Esto significa que 

todos los que pagamos impuestos somos los que cubriremos la condonación de las deudas.  Los que trabajan en la economía informal, es decir, los que no pagan impuestos, no contribuirán a la liquidación de la deuda asumida.  Pero al final de cuentas, de una y otra forma, tampoco son los que recibieron el beneficio.  Por lo general, los que han podido pedir prestado son los que trabajan dentro de la economía formal, es decir, los que sí pagan sus impuestos.
También por lo general, entre más grande sea una empresa, más grande es su pago de impuestos.  La gran mayoría de los impuestos son pagados por las familias más ricas y por las empresas más exitosas.  Ellos son los que pagarán la mayor parte del costo del rescate.
Sin embargo, el costo total sí será absorbido por el resto de la sociedad, aunque sea en forma indirecta.  Al dedicarle más del 8 por ciento del PIB a este tipo de programas, el Gobierno está dejando de gastar ese mismo dinero en otros programas.  Significará menos gasto social, menos ayuda para los más necesitados, menos proyectos de infraestructura, menos educación, menos hospitales, menos medicinas, menos luz, menos agua, menos drenaje.  En pocas palabras: menos para todos.
Pero no es únicamente el costo fiscal del rescate financiero, sino que también existe el costo de la depreciación de nuestros ahorros, el de los ingresos perdidos por falta de empleo, el de las empresas quebradas, el de las familias que perdieron su casa y su coche.  En pocas palabras, el costo total de la crisis.
El problema es que todos nosotros estamos pagando un precio muy elevado por una crisis que no provocamos.  Queda claro quién pagará la cuenta, sin embargo, no corresponde a quienes deberían de pagar.  Los que deberían de pagar son los culpables de la crisis, es decir, los que tomaron las decisiones equivocadas que provocaron el derrumbe de toda una sociedad.
Se habla mucho de querer eliminar la impunidad.  Si es cierto, entonces deberíamos empezar por lo más grave y grande: castigar a los que ocasionaron una pérdida de miles de millones de pesos a toda una sociedad, una falta imperdonable.
Hemos leído en un sinnúmero de editoriales y artículos periodísticos la frustración que vivimos todos al ver que a los culpables de las malas decisiones que nos llevaron a la crisis, no les ha pasado nada.  Muchos de ellos siguen  trabajando en el Gobierno, otros viven muy bien en el extranjero y a algunos los han premiado con puestos importantes en Casas de Bolsa y otros lados.  Otros culpables ocupan aún excelentes posiciones en los bancos o conservan las acciones de empresas que los han hecho millonarios (o más millonarios).  Un grupo pequeño, que son la excepción, están bien guardadas en Almoloya o refugiados de la justicia
Si no se aplican los castigos adecuados a los que cometen errores garrafales que nos llevan a todos a una situación de crisis, entonces tendremos situaciones similares en el futuro.  Ya deberíamos de haber aprendido esta lección después de tantas crisis repetidas.  Dado que permitimos la impunidad con los responsables de la crisis de 1976, tuvimos una crisis más grande en 1982, nos volvieron a cometer errores similares en 1994.  Con la misma lógica, dado que se ha otorgado una impunidad de facto a los perpetrados de este magno delito, deberíamos esperar otro similar en el futuro.
¿Qué estamos haciendo para evitar que no nos vuelva a suceder? ¿Dondé está el responsable de los Tesobonos (similar al endeudamiento de corto plazo de 1981-82)?  ¿Dónde está el responsable de la privatización bancaria, que vendió los bancos a inexpertos  ¿Dónde está el que permitió que la moneda se sobrevaluara y el déficit en la cuenta corriente llegara a niveles insostenibles?  Por lo visto, los errores de política son absueltos en forma automática.  El mensaje que estamos mandando es que no importa.
Deberíamos admitir que sería difícil encarcelar a los políticos que cometieron graves errores de los cuales sufre hoy en día toda la sociedad.  No existe ninguna ley que hayan quebrantado.  Sin embargo, sí deberíamos asegurar que no vuelvan ocupar algún cargo político, al mismo tiempo que deberíamos introducir alguna legislación para castigar a este tipo de acciones en el futuro.
La impunidad en nuestro país va mucho más allá de perdonar a gobernadores por gastar 50 veces su tope de campaña.  Va mucho más allá de no perseguir a los funcionarios públicos o personas influyentes.
Al final queda claro que la sociedad en su conjunto es la que paga la cuenta.  Pero es la sociedad en su conjunto la que ha permitido que siga vivo un sistema político con estos vicios.  Tenemos una justicia kafkiana que hace que paguemos por los males que permitimos.  ¿Será cierto el dicho que cada pueblo tiene el gobierno que se merece?  ¿Haremos por fin, algo para que ésta sí sea la última crisis que permitamos?

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