El Costo de la Crisis

 Pulso Económico

El Costo de la Crisis

Por: Jonathan Heath®

Ahora que estamos llegando al final del año, es costumbre realizar una reflexión del desempeño de los últimos doce meses.  Obviamente, los funcionarios públicos se concentran en lo positivo y difícilmente hablan de lo negativo.  Los líderes de la oposición buscan resaltar las deficiencias, ampliar lo negativo y nunca mencionan lo positivo.  Al final de cuentas, la realidad siempre se encuentra en medio.  Ni es tan blanco como lo quieren pintar los funcionarios públicos, ni es tan negro como lo describen los de la contrapartida.

Este año la economía ha presentado números verdaderamente impresionantes.  Por ejemplo, no habíamos observado un crecimiento tan elevado en el PIB desde hace veinticinco años.  Desafortunadamente, no se prevé que se pueda sostener este ritmo.  Una buena parte es reflejo de la base estadística, es decir, fue tan brutal la caída del año anterior, que cualquier cosa se verá como mejoría.  Aun creciendo al 5 por ciento este año, estaremos 1.5 por ciento por debajo del nivel que existía en 1994.

Para poder reproducir el PIB del último trimestre de 1994, tendremos que crecer 6.2 por ciento en el último trimestre de este año.  Sin embargo, aun así el PIB promedio anual estaría 1.6 por ciento por debajo de lo que fue en 1994.  Esto significa que sin lugar a dudas, el PIB ya estará en un nuevo pico para 1997.  Aquí el costo de la crisis es de tres años.

El problema es que ese mismo PIB lo tenemos que dividir ahora entre más gente.  Se estima que en 1997 seremos casi cinco millones más de personas.  En este sentido, el PIB real per capita, es decir, la cantidad producida en todo el país que toca por cada habitante, se recuperará hasta el año 1998.  El costo de la crisis en términos por habitante es de cuatro años.

En el fondo, la crisis de 1995 fue inducida por una devaluación masiva, lo que nos hace suponer que el tipo de cambio que prevalecía estaba equivocado.  Si queremos medir el PIB per capita en términos de dólares en vez de pesos reales, entonces resulta que recuperaremos el nivel de 1994 en el año 2000 (bajo supuestos generosos).  Aquí el costo de la crisis es de seis años, todo un sexenio perdido.

El PIB no es otra cosa que el promedio de lo que producimos en el país.  Sin embargo, en los promedios se esconden muchas cosas.  Tenemos una actividad industrial intensa, que está creciendo a tasas de dos dígitos, mientras que la actividad comercial todavía no recupera los niveles promedio del año pasado.

La actividad manufacturera había registrado su nivel más elevado en octubre de 1994.  Prácticamente para marzo de 1996 ya se había regresado al mismo nivel, mientras que para mayo ya lo habíamos superado ampliamente.  El costo de la crisis en términos de producción manufacturera fue aproximadamente un año y medio.

Sin embargo, existe un aspecto positivo de la crisis.  Indujo una aceleración en el proceso del cambio estructural de una economía cerrada hacia una abierta.  Las empresas estaban pasando por una etapa de transición, de reajuste, en la que se buscaba mayor eficiencia y productividad.  El costo más elevado se podía observar a través del número de personas empleadas en el sector.  Si tomamos como referencia el número mensual de empleados contra el mismo mes del año anterior, encontramos una tendencia negativa, es decir, de destrucción neta de empleo manufacturero, desde octubre de 1990 hasta abril de 1996.  Esto equivale a 67 meses consecutivos de una destrucción de empleos.  A partir de mayo de este año, por primera vez en cinco años empezamos a observar un incremento en el número de empleos.  Aunque tenemos que reconocer que hubo un costo brutal en la transición económica, de aquí en adelante, cada empleo generado va a ser de mayor productividad y mejor remunerado.

Al final de cuentas la crisis aceleró la transición económica, es decir, acortó el tiempo necesario de ajuste entre una industria poco productiva y una mucho más eficiente, capaz de competir globalmente.  Hoy en día surge un sector manufacturero mexicano muy eficiente, mucho más productivo y bastante competitivo.  En este caso, la crisis únicamente aceleró el tiempo en que teníamos que pagar el costo de la transición.

Como resultado de lo mismo, el costo de la crisis se acentúa mucho más en la economía interna, pero en especial en el sector comercio.  Hasta cierto grado, este resultado es lógico.  Toda la mano de obra expulsada del sector manufacturero durante los últimos cinco años, había encontrado su sostén de vida en el sector comercial.  Dado que este trabajo era mucho más improductivo y menos remunerado, cuando llegó el tiempo de realizar ajustes en nuestro patrón de gasto, este rubro resultó el más afectado.

Los datos subrayan este efecto en forma contundente.  El consumo privado, es decir, la totalidad de las ventas a los consumidores del país (tú, yo y todos los demás), ha aumentado en cada uno de los últimos tres trimestres.  En el tercer trimestre de este año, el consumo aumentó 5.5 por ciento.  Sin embargo, los últimos seis meses, las ventas al menudeo han disminuido 0.8 por ciento promedio por mes, en comparación con el año anterior.  La explicación se encuentra en que estamos consumiendo un poco más que el año pasado, aunque menos que 1994, pero en forma más eficiente.  Buscamos hacer rendir más nuestro dinero, evitamos comprar al intermediario que le compró al intermediario y estamos más conscientes de los precios.

Sin embargo, donde más podemos apreciar el costo de la crisis es en los niveles de consumo y en el poder adquisitivo de los salarios.  No será hasta 1998 (con supuestos optimistas) en que podemos regresar a los niveles de consumo que teníamos en 1994 (un costo de cuatro años).  En términos de consumo per capita, no será hasta el año 2001, lo cual implica 7 años de sacrificio.

En términos del poder adquisitivo del salario medio, no será hasta 2003 o 2004 en que podemos tener el mismo poder de compra.  Un costo de 10 años, siempre y cuando nuestro gobierno no termine este sexenio con otra devaluación, que es una tradición ya muy arraigada, como la de las posadas.

Otro Caso Exitoso: Negromex

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Otro Caso Exitoso: Negromex

Por: Jonathan Heath®

La semana pasada comentamos que es indispensable cambiar la atención de los medios de comunicación y de la sociedad en general, sobre los fracasos y vergüenzas pasadas, para subrayar y señalar los casos notables.  La reforma económica ha empujado a muchas industrias a ser eficientes, competitivas y exitosas.  Precisamente de esto se trata.  Señalamos que un excelente ejemplo de una privatización exitosa es el del acero.  Otro ejemplo de éxito es Industrias Negromex.  Ha ganado premios de calidad, de innovación y de exportación.  Es un ejemplo digno de lo que queremos de la industria mexicana.

Industrias Negromex es una empresa que produce hule sintético.  Hace aproximadamente diez años, bajo el liderazgo de su Director General, Rafael Beverido, decidió tomar en serio el reto de la apertura económica.  Empezó a invertir de manera importante en la investigación tecnológica, a reorganizar la compañía y a atacar seriamente el mercado exterior.  Hoy en día no solamente tiene un retorno satisfactorio sobre su inversión, sino que acaba de recibir el Premio Nacional de Calidad de manos del Presidente de la República.

México es el tercer país del mundo en instituir este premio a nivel nacional, después de que lo hicieran Japón y los Estados Unidos.  Es una distinción que merece respeto, ya que es el resultado de un esfuerzo extraordinario.  Un comité evaluador estudia hasta ocho diferentes categorías (benchmarks) en una visita a la planta, como respuesta a un reporte detallado que tuvo que realizar la empresa.  Toma en cuenta una gran variedad de puntos, todos dirigidos a lo que es el concepto de calidad total.  En el pasado, otras empresas como General Motors y Crysel, de Cydsa han ganado esta distinción.  Hace dos días se lo otorgaron a esta empresa que pertenece al Grupo Girsa, parte del Grupo Desc, junto con la empresa Polysid, filial de Cydsa.

La búsqueda de la calidad en todos sus aspectos ha sido la clave de esta empresa, ya que ha cambiado por completo la cultura de la organización y le ha dado los elementos para competir exitosamente a nivel internacional.  Con el liderazgo y una visión empresarial correctos, los logros son los ejemplos a seguir.

Primero decidieron no solamente adoptar tecnología de punta, sino ser innovadores de su propia tecnología.  Empezaron a invertir en investigación propia que les arrojó varias patentes a nivel internacional.  En marzo de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los reconoció como la primera empresa innovadora de toda América Latina con un premio otorgado en Costa Rica.

Después buscaron asegurar que sus clientes tuvieran la garantía de su calidad.  Obtuvieron la certificación europea del ISO9000, que da una garantía de calidad total sobre sus exportaciones.  De esta manera sus clientes podían anticipar que lo que compraban iba a ser de calidad.

Otra parte de su estrategia fue abrir oficinas en los Estados Unidos y en Europa.  No es lo mismo tratar de vender sus productos en el resto del mundo, sentados en sus oficinas en México, que tener oficinas en los países donde querían colocarlos.  No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran exportando una buena parte de su producción a diversos países.  Esto lo lograron a través de calidad, eficiencia y perseverancia, sin esperar a que la política cambiaria los favoreciera.  Aunque hoy exportan más del 75 por ciento de su producto, antes de la devaluación colocaban más del 60 por ciento.  El mes pasado, en noviembre, el Presidente de la República les reconoció este esfuerzo al entregarles el segundo lugar del premio a la exportación que otorga SECOFI, a esta empresa que vende a más de 40 países alrededor del mundo.  Este reconocimiento no fue simplemente por el valor de su exportación, sino por la consistencia y persistencia como empresa exportadora.  El primer lugar lo obtuvo Celanese del Grupo Hoescht, presidido por Isaac Saba.

Después decidió aprovechar el proceso de privatización para adueñarse de la paraestatal Hules Mexicanos.  Esta empresa, que había sido parte de PEMEX, fue adquirida del Grupo Servia a punto de la quiebra.  Negromex la rehizo casi por completo a través de una astringencia y limpia completa.  La reorganizaron, puliendo sus procesos administrativos y productivos hasta poder fusionarla con el resto de Negromex.  Después de ser una empresa improductiva, con tecnología obsoleta, la convirtieron en parte de su estrategia ganadora.

Hoy en día es parte de una organización que vende un tipo de asfalto para carreteras, desarrollado con tecnología propia patentada, que tiene el 80 por ciento del mercado norteamericano.  Negromex y Girsa pertenecen al Grupo Desc de Fernando Senderos.  Otras dos empresas de la misma organización, Engranes Cónicos y Velcon, las dos de la rama de autopartes, han ganado el Premio Nacional de Calidad.  La visión de Senderos ha llevado a sus empresas a ser el grupo que más premios de este tipo ha ganado.  Innovación, exportación y calidad.  Una combinación que los ha llevado al éxito.

Hace diez años, el Grupo Desc tenía dos tipos de empresas.  El primer grupo eran las que funcionaban bien y producían las utilidades.  Dentro de ellas casi no hubo reorganización ni mejorías.  Hoy en día estas son las empresas que tienen más problemas y que menos utilidades le están dejando.

En cambio, el segundo grupo de empresas, que eran las que más problemas daban anteriormente, fueron producto de una reorganización completa, de inversión en tecnología y de un proceso de mayor eficiencia.  Como resultado, hoy en día estas son las joyas del Grupo Desc.

A través de la apertura comercial, estas empresas han logrado tener la calidad y eficiencia que buscaba instrumentar la política económica en todo el país.  Aprovechó el acceso al exterior, las importaciones más baratas (con menores aranceles), la desregulación y la privatización.  Es un digno ejemplo del éxito que puede producir las reformas económicas.

Sin embargo, no es suficiente la política económica.  Faltan buenos empresarios con visión, inteligencia y empuje.

El Proceso de Reforma Económica

 

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El Proceso de Reforma Económica

Por: Jonathan Heath

Hasta ahora todo parece indicar que las reformas han producido más problemas que soluciones y esto ha hecho que el público deje de apoyar los esfuerzos.  Esto es perfectamente entendible.  Veamos.

La privatización bancaria resultó en una crisis del sistema financiero.  La venta de Imevisión se vio sumergida en sospechas de financiamiento del famoso hermano incómodo.  Todo apunta a que Fertimex fue cedido al actual gobernador del estado de Coahuila, amigo personal de Salina, para su venta posterior.

La apertura comercial trajo cierre de empresas y desempleo.  El saneamiento de la finanzas públicas produjo aumentos en los precios de bienes básicos, como la tortilla y la leche.  La desregulación se ve como el desentendimiento y falta de control del Gobierno, que se han traducido en manifestaciones recurrentes, pugnas políticas y corrupción creciente.  Desafortunadamente, abundan los ejemplos de manejos obscuros, posibles cohechos, corrupción abierta, impunidades desconcertantes y fracasos rotundos.

Después de las devaluaciones del 82 y la recesión del 83, hubo casi una década perdida en términos de crecimiento económico y el bienestar general del mexicano sufrió un revés contundente.  En esos momentos la credibilidad en lo que nos decía el Gobierno había llegado a un mínimo histórico, mientras que la confianza que manteníamos en nuestras instituciones había, prácticamente, desaparecido.  Ante esta situación, surgió la esperanza de una reforma profunda que prometía resarcir lo perdido.  Fue una promesa fácil de comprar.

El problema fue que esta promesa nunca se concretó.  Nos prometieron crecimiento sostenido y nos dieron una recesión más grande que la anterior.  Nos prometieron estabilidad de precios y ahora tenemos una inflación de las más grandes de América Latina.  Nos prometieron una recuperación del poder adquisitivo y ahora el salario mínimo vale alrededor de 22 por ciento de lo que era hace 20 años.  Nos prometieron generaciones de empleos y ahora vemos cómo las empresas se han dedicado a recortar personal.  Quizá lo peor de todo es que nos prometieron que perteneceríamos al primer mundo y en su lugar obtuvimos una caída espectacular en nuestro PIB per capita.

Los acontecimientos de los últimos tres años han provocado una sensación de frustración y de enojo que ha desinflado por completo todo el apoyo popular que existía para seguir adelante en el proceso de reforma.  Ahora se empieza a sentir la fatiga, que se manifiesta en muchas formas.

Queda claro que el proceso de privatización tiene sus beneficios.  Pero no es simplemente porque los empresarios del sector privado son más eficientes que los administradores públicos.  El sector público tiene muchos intereses: quiere incrementar el gasto social, generar empleo, disminuir la pobreza, construir hospitales, producir medicinas, subsidiar las tortillas y la leche, otorgar desayunos escolares, financiar campañas políticas multimillonarias y pagar aguinaldos a los Regentes.  Tiene una importante demanda de recursos y resulta muy difícil otorgar el financiamiento para las inversiones necesarias para la modernización tecnológica.  En cambio, los empresarios del sector privado no tiene el mismo conflicto de intereses y pueden concentrar sus esfuerzos en innovar, emprender y empujar a la industria a que brinde los resultados vistos.

Como quien dice “zapatero a tus zapatos”.  El Gobierno tiene que concentrar sus esfuerzos en gobernar bien, erradicar la pobreza extrema y construir la infraestructura nacional necesaria, mientras que el sector privado debe producir, distribuir y comercializar, generando empleos y riqueza nacional en el camino.

Aunque los indicadores nos dicen que no tenemos un problema tan grave de desempleo abierto, sabemos que nuestro problema laborar radica en falta de empleos de calidad.  La mayoría de los mexicanos tiene trabajo, pero desafortunadamente no es un trabajo productivo ni bien remunerado.  Al final de cuentas no contribuye al ingreso familiar, ni al ingreso nacional.

Necesitamos generar empleos de calidad, empleos productivos, empleos bien remunerados.  Estos empleos salen de las industrias competitivas, eficientes y de vanguardia.  Hoy en día, estos empleos los producen las industrias exportadoras, las industrias que han invertido en su futuro, las industrias que están creciendo dado que ya se modernizaron.  Aquí está el futuro del empleo productivo de nuestro país.

Sin embargo, esto no es obra de la casualidad.  Primero tuvimos que privatizar estas industrias con compromisos de inversión para actualizar la planta productiva, modernizar sistemas administrativos y garantizar el retorno sobre las inversiones.  Enseguida tuvimos que aceptar la apertura comercial para presionar a nuestra propia industria a que fuera más eficiente y que tuviera todos los incentivos correctos.  Después se tuvo que desregular para asegurar que no hubiera trabas en el desarrollo futuro y que pudiéramos competir al tu por tu.

Posteriormente, se tuvo que reducir la planta laboral para asegurar su eficiencia.  Esta fase resulta algo irónica, pues se tienen que destruir empleos en una primera etapa para poder crear un número mayor de puestos laborales, más adelante.  La diferencia es que la primera etapa de destrucción laboral debe ser temporal y consiste en desmantelar empleos menos productivos, mientras que la siguiente, de creación de empleos, es permanente y resulta en el tipo de trabajo que queremos: más productivo y mejor remunerado.

En el proceso, el Gobierno redujo su déficit fiscal.  Parte fue posible por los ingresos obtenidos de las privatizaciones.  La eliminación del déficit contribuyó a reducir la inflación, facilitar el proceso de planeación de las empresas, estimular más la inversión productiva y asegurar que ya no hubiera una merma sobre nuestro poder adquisitivo.  Obviamente, la devaluación y la crisis recesivas de 1995 no ayudaron al proceso de reforma; sin embargo, tuvimos que pagar los errores de instrumentación del Gobierno y seguir adelante.  Pero esto no invalida la reforma.

El costo asociado con la reforma y la crisis ha sido enorme.  No cabe duda.  No obstante, es algo que ya pagamos y que no deberíamos pagar otra vez.  Hoy en día ya somos un País abierto con industrias eficientes, exportadoras, que pronto empezarán a general empleos productivos.  Nos costó trabajo sembrar, pero ya lo hicimos y ahora es tiempo de cosechar.  No se ha terminado de desregular, ni de privatizar.  No todas las industrias están listas, ni han terminado de realizar los esfuerzos necesarios.  Pero algunas sí lo están y las tenemos a la vista.  El proceso de reforma debe seguir adelante.  Nuestro futuro está de por medio.

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Un Caso Exitoso de Privatización

 

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Un Caso Exitoso de Privatización

Por: Jonathan Heath

La semana pasada, la revista inglesa The Economist publicó un artículo sobre el revés generalizado que empiezan a sufrir las políticas de reforma en América Latina.  Más que a un fracaso del proceso de reforma en sí, la revista se refiere a un cambio en la actitud de los políticos.

  Esta contrariedad no es un tropiezo atribuible a un cambio en la ideología de los políticos, sino más bien una respuesta de la mayoría de la población, a un sentimiento de fracaso en sus alcances.
The Economist no es la primera revista que toma el punto, sino más bien se está uniendo a un grupo creciente de analistas que han observado este fenómeno.  En este mismo espacio ya hemos comentado el tema en un artículo titulado “El Síndrome de Fatiga Ante la Reforma” (octubre 21).  Resulta sumamente preocupante la falta de apoyo popular para continuar y terminar las reformas políticas y económicas necesarias para nuestros países.
Sin lugar a duda, México es uno de los países que más está sufriendo esta fatiga.  Después de una década de aplicar medidas de cambio estructural encaminadas a modificar el modo de operar de la economía, la sociedad en general está muy desilusionada con los resultados.  Las promesas se fueron desvaneciendo con el tiempo, hasta culminar con la devaluación de diciembre de 1994, que fue el golpe final a la confianza pública y la credibilidad en el Gobierno para sacar adelante al País.
En términos generales, la política económica del Presidente Zedillo parece ser la correcta.  La necesidad de mantener el rumbo y seguir adelante con el proceso de reformas es esencial para el buen desempeño de la economía mexicana.  Como sociedad, hemos pagado un precio muy elevado para llegar a donde estamos.
Hemos sembrado mucho, pero sin poder cosechar.  Todo parece indicar que si mantenemos el rumbo y terminamos las últimas reformas necesarias, pronto empezaremos a obtener los resultados que tanto hemos anhelado.  En otra palabras, podemos empezar a cosechar.
Sin embargo, ya hemos probado los primeros beneficios de un país democrático y no aceptaremos dar marcha atrás.  Esto nos lleva a un dilema.  La democracia significa que el rumbo lo determina la mayoría.  Si la mayoría no está convencida de la necesidad de más reformas, entonces se complicará aún más su aplicación futura.  Si el Gobierno insiste en instrumentar las reformas necesarias simplemente porque está convencido de que lo que hace es lo correcto, sin buscar el apoyo popular y un mayor consenso, puede fracasar en su intento y perjudicar el avance económico.
Hoy en día estamos entrando a la etapa difícil de las reformas económicas.  Como consecuencia se debe convencer a la mayoría de que el rumbo actual es el más adecuado.  Ya no se pueden prometer resultados ni pedir más sacrificios a un pueblo que ha vivido de promesas vanas por un par de décadas y que ha sacrificado todo.  El Gobierno necesita convencer a través de resultados concretos y no de ilusiones vacías.
En este sentido, se tiene que cambiar la atención de los medios de comunicación y de la sociedad en general, sobre los fracasos y resultados vergonzosos de los casos negativos, para subrayar y señalar los casos exitosos de la privatización.  Estos si existen y son en general convincentes.
Un excelente ejemplo de un caso exitoso es el de acero.  Es fundamental hacer del conocimiento público que a partir de su privatización en 1991, el desempeño de la industria siderúrgica mexicana ha sido muy positivo.  Ha mejorado considerablemente su posición competitiva y ha escalado en su posición mundial como país productor.  Las empresas han realizado una reorganización administrativa y modernizado sus plantas a través de una inyección importante de inversiones realizadas durante los últimos años.  Han pasado por la etapa difícil de reducir su planta laboral y han transformado una industria que se consideraba vieja y de bajo rendimiento, a una gran potencia del mercado exportador mexicano.
A partir de su privatización, la producción de acero ha crecido a un ritmo promedio de 10.9 por ciento anual, mientras que la producción mundial se ha incrementado en 0.4 por ciento anual.  En el periodo 1991-95 el volumen de exportación de productos siderúrgicos creció a una tasa anual promedio de 45 por ciento, comparada con la tasa promedio de 6.0 por ciento anual durante el lustro anterior.  En 1995 las exportaciones totales de esta rama llegaron a registrar el 150 por ciento de lo que habían sido el año anterior.
En el aspecto financiero, las empresas que anteriormente estuvieron en manos del Gobierno presentaban grandes problemas por falta de recursos.  A partir de la privatización comenzaron un ciclo distinto en el que se logró una capacidad de generación de ingresos propios, propiciado por un producto de calidad y una mayor productividad.
Esto ha favorecido a sus inversionistas por el retorno sobre su capital, a los trabajadores por asegurar una fuente digna de empleo con buena remuneración, al Gobierno primeramente por los ingresos obtenidos por su privatización y después por los impuestos que obtiene de una industria sana y funcional.  Pero en especial ha favorecido a los mexicanos por las divisas que producen sus exportaciones y por la generación de empleos que producirá en la medida que siga creciendo la industria.  Más trabajos directos, mejores salarios, más crecimiento económico, más divisas, más progreso.  Esto es lo que se llama una estrategia de ganar-ganar.
De esto se trata la privatización.  No es un proceso inventado para hacer ricos a los políticos, ni para deshacer el patrimonio de los mexicanos.  No es un esquema para vender empresas a los amigos y compadres del partido oficial.  Es un proceso para aprovechar al máximo nuestros recursos, crecer lo más que podamos, exportar para captar divisas, crear excedentes para nuevas inversiones y generar empleos productivos y bien remunerados.
Si en el proceso hubo irregularidades, debemos corregirlas.  Si algunos políticos se aprovecharon tenemos que castigarlos.  Si hubo industrias mal vendidas tenemos que rescatarlas y volverlo a intentar.  Pero no debemos confundir impunidad, corrupción, autoritarismo y estupidez con una política económica que no sirve o que únicamente beneficia a la minoría.
El proceso de privatización bien llevado funciona y funciona bien.  Lo que tenemos que hacer es asegurar que las privatizaciones futuras se hagan bien más no dejar de hacerlas.

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El Juicio de Hacienda

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El Juicio de Hacienda

Por: Jonathan Heath®

Muchos han enjuiciado a Miguel Mancera y al Banco de México por los resultados desastrosos de las últimas dos décadas.  Sin embargo, sin un Banco Central autónomo queda claro que la responsabilidad radica en la Secretaría de Hacienda.  Si hemos de calificar los resultados de inflación, devaluación, crecimiento económico, empleo y el bienestar general de la población, deberíamos concentrarnos en el papel de Hacienda y en el del Presidente de la República como último responsable de la política económica del país.

Quizás en ningún momento de nuestra historia queda más clara esta responsabilidad que en la época de transición entre Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez y en la década siguiente.  De las decisiones responsables de Don Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda durante dos sexenios, singularizado por la estabilidad de precios con crecimiento económico sostenido, pasamos a la turbulencia de los 70, caracterizados por los problemas del petróleo, déficit fiscales elevados e inflación.  De esta época lo que más hemos de recordar fue la devaluación de 1976 que cerró un periodo de 22 años de un tipo de cambio fijo y comenzó otro de devaluaciones recurrentes.

Muchos han de recordar a Luis Echeverría y su singular estilo.  Sin embargo, tenía una inquietud genuina.  La economía mexicana había crecido a más del 6 por ciento anual por 30 años sin que el beneficio llegara a la mayoría de la población.  La distribución desigual del ingreso era peor en ese momento que lo que había sido unas cuantas décadas antes.  Pero más que todo, teníamos una creciente población marginada en pobreza extrema.  Habría que buscar cómo compartir el desarrollo y los beneficios de la modernización.

No obstante, Echeverría nunca entendió que los problemas no se pueden resolver por decreto.  Una cosa es querer solucionar los problemas y otra encontrar las fórmulas correctas.  Al tomar el gobierno un papel mucho más activo en la economía, terminó por desestabilizar la moneda, causó inflación y devaluación, al mismo tiempo que introdujo muchas distorsiones a través de regulaciones y controles, desalentando la inversión extranjera directa.  En su lugar contrajo deuda externa, elevó peligrosamente su servicio y pasó la factura del gasto corriente a futuras generaciones.  Mantuvo un papel muy antagónico con el sector privado como si fueran los enemigos del pueblo, en vez de ver en cada empresario un socio para el progreso económico.  De su legado, lo más trágico que dejó fue una economía llena de vicios e incentivos equivocados, que estructuralmente ya no podían dar a la mayoría de la población los beneficios necesarios de una economía creciente.

Al final de cuentas, Echeverría cometió dos errores básicos.  Al comenzar su presidencia, dejo bien claro que las decisiones últimas de política económica las iba a tomar él en Los Pinos, en alusión a la mancuerna de Antonio Ortiz Mena y Rodrigo Gómez, quienes habían manejado la política económica durante la década anterior.  Sin conocimientos básicos de los fundamentos económicos, Echeverría da inicio a una política de populismo.  El segundo error fue en 1973 cuando designó a José López Portillo, un abogado y amigo personal, como Secretario de Hacienda.  El mismo López Portillo admitió después en su autobiografía que no entendía esta designación, dados su falta de conocimiento de economía y del manejo de la política económica.

No es ninguna coincidencia que los problemas principales empezaron justamente en 1973.  En este año iniciaron los déficit públicos elevados y surgió la inflación.  Se introdujo una ley de inversión extranjera que buscaba limitar y regular la inversión como si fuera algo indeseado.  En términos generales, la política económica logró espantar capitales valiosos y concluyó con la primera devaluación de la era actual.  Como premio, el secretario de Hacienda fue designado candidato presidencial.

A partir de 1977, en vez de empezar a realizar los cambios estructurales necesarios, se utilizó el auge petrolero para financiar el gasto público con el mismo fin populista del sexenio anterior.  Julio Rodolfo Moctezuma (durante unos breves meses en 1977), David Ibarra y Jesús Silva Herzog (a partir de la devaluación de 1982) fueron los secretarios de Hacienda responsables de la política económica durante este periodo.  Sin embargo, el principal fue David Ibarra, quien ocupó el puesto desde 1977 hasta 1982.  Su estancia en Hacienda culminó con una inflación de tres dígitos, un déficit público que rebasaba el 16 por ciento del PIB y la primera recesión en más de cuatro décadas.

Para evitar una devaluación del peso, el entonces Secretario acudió a un endeudamiento externo desorbitado.  En 1981 fueron más de 20 mil millones de dólares netos, casi todos en términos de muy corto plazo.  No solamente dejó a las finanzas públicas en un estado de desastre, sino que ayudó a someter el país a un mayor número de regulaciones, subsidios y políticas populistas, que se pagó prácticamente con una década de estancamiento económico antes de poder estabilizar de nuevo a la economía.

Aunque finalmente responsables de la política económica, los siguientes Secretarios de Hacienda, Jesús Silva Herzog, Gustavo Petricioli y Pedro Aspe, tuvieron que lidiar con todos los problemas heredados de un cúmulo de errores de sus antecesores.  Es importante señalar que no tuvieron buenos resultados y sí una gran cantidad de factores en contra: niveles de deuda interna y externa inmanejables, junto con un boicot de la mayor parte del sistema financiero internacional, por lo menos en lo que se refiere a financiamientos voluntarios.

Tardaron mucho tiempo en volver a estabilizar a la economía, reducir los niveles de deuda, restablecer el crecimiento económico, regresar al crédito externo y ganarse la confianza del exterior.  Hacia fines de 1993, todo indicaba que se habían logrado la mayoría de los cambios estructurales necesarios y se tenía la estabilidad deseada.  Lo único que faltaba era instrumentar una política de aterrizaje suave para evitar que la apreciación excesiva de la moneda y el déficit elevado en la cuenta corriente se convirtieran en elementos desestabilizadores.

Sin embargo, en vez de idear esta política, el Secretario de Hacienda decidió heredar el problema a su sucesor.  Para comprar tiempo, emitió más de 30 mil millones de dólares en Tesobonos a corto plazo, en su mayoría a extranjeros (equivalente a deuda externa de corto plazo).  Esta inconsistencia fue lo que finalmente hundió al país y revirtió todo lo acertado que pudo haberse logrado en los años anteriores.

El Juicio de Miguel Mancera

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El Juicio de Miguel Mancera

Por: Jonathan Heath

En anticipación al nombramiento del nuevo subgobernador del Banco de México, quien deberá reemplazar al Sr. Ariel Buira a partir del año entrante, han surgido algunos comentarios y críticas a la actuación del Lic. Miguel Mancera frente al Banco Central.  Seguramente algunos de los comentarios surgen de la percepción de que el nuevo subgobernador podría ser uno de los candidatos a sustituir eventualmente al Lic. Mancera a fines del año entrante.

El Lic. Mancera cumple 15 años como Director y Gobernador del Banco de México en marzo del año entrante.  A nivel mundial es actualmente el segundo de mayor duración al frente de un Banco Central.  Cuando cumpla 65 años en diciembre del año entrante, dejará el puesto después de casi 16 años, dos menos que Don Rodrigo Gómez, quien fungió como Director entre 1952 y 1970.  Don Rodrigo es conocido por su legado de una larga época de estabilidad monetaria y cambiaria que permitió altas tasas de crecimiento económico y una elevación real en los salarios.  Ahora se quiere hablar del legado del Lic. Mancera y compararlo con Don Rodrigo.

En dos diferentes artículos periodísticos se ha señalado que durante su gestión el peso se ha depreciado 532 por ciento frente al dólar a través de cinco devaluaciones bruscas, mientras que la inflación ha sido de 21,853 por ciento.  También se mencionan los resultados de crecimiento económico y aumento salarial, que como todos sabemos no han sido muy buenos.

Sin embargo, los señalamientos anteriores y la referencia a la época de Don Rodrigo no son comparables sin antes aclarar las diferencias abismales en cuanto al entorno.  Mucho menos válido es asentar los resultados económicos como el legado de Don Miguel como si el fuera el único o el último responsable de las decisiones de política económica.  En lo personal, opino que estos resultados se dieron a pesar de él y más aún, gracias a su desempeño nunca sufrimos las grandes hyperinflaciones de algunos países de Sudamérica.

En la época de Don Rodrigo, la política económica fue manejada en una gran parte por él y por Don Antonio Ortiz Mena, quien ocupaba el cargo de Secretario de Hacienda.  El entorno mundial era de estabilidad y crecimiento, mientras que ambos se beneficiaron de los resultados de la renegociación de la deuda externa de 1942 (que prácticamente la limpió en su totalidad).  Justamente con la muerte de Don Rodrigo en 1970, Luis Echeverría tomó la presidencia y dejó bien claro que las decisiones de política económica se iban a tomar en Los Pinos.  A partir de ese momento, el entorno mundial empezó a cambiar (por ejemplo, los shocks petroleros e inflación de dos dígitos en los Estados Unidos).  Cuando tomó el cargo el Lic. Mancera, entró en medio de una crisis, con un peso enorme de deuda externa y en vísperas de una recesión tremenda.

El siguiente punto a recalcar en esta comparación es que no existía la autonomía del Banco Central.  El responsable de la política monetaria y cambiaria era el Secretario de Hacienda, quien era el jefe del Lic. Mancera.  Bien sabemos que la política monetaria quedaba supeditada a la política fiscal.  Los Presidentes en turno (López Portillo, De la Madrid y Salinas), junto con los secretarios de Hacienda (Silva Herzog, Petricioli y Aspe) son los responsables de haber tomado las decisiones de política económica que dieron como resultado la inflación, las devaluaciones y la falta de crecimiento económico).

En esa época, el Banco de México tenía la obligación de prestar al gobierno federal el dinero necesario y bajo las condiciones que Hacienda dictaba.  En los momentos en que el gobierno mantenía déficit fiscales superiores al 16 por ciento del PIB, que coincide con nuestras inflaciones de tres dígitos, el Banco de México no tenía otra salida que hacer lo que el Secretario de Hacienda le dictaba.  Si lo vemos en retrospectiva, fue un milagro que nunca tuviéramos las inflaciones de Argentina, Chile, Bolivia y Brasil (de cuatro y cinco dígitos) como resultado de las políticas aplicadas por los Secretarios de Hacienda.

Precisamente fueron estas situaciones las que condujeron a la decisión monumental de otorgarle su autonomía al Banco de México.  Fue esencialmente el Lic. Mancera quien luchó por esta independencia para aislarlo de los errores de Hacienda.  Toda la inflación y devaluaciones producidas antes de esta autonomía (abril 1994) son el legado de Silva Herzog, Petricioli y Aspe y no de Miguel Mancera.

Sin embargo, Don Miguel no sale librado de toda culpa ya que hubo una devaluación mayor en diciembre de 1994 y un repunte importante de la inflación.  Pero aun en este caso es importante señalar las circunstancias existentes cuando el Banco de México obtiene su independencia.  Justamente una semana antes había ocurrido la tragedia del asesinato de Luis Donaldo Colosio.  La autonomía se dio en medio de una crisis económica, y cuando tanto el Banco Central como Hacienda estaban buscando instrumentar medidas para minimizar las fugas de capital.  Quizás a la luz de los acontecimientos posteriores fue una tragedia que Hacienda estuviera todavía tomando las decisiones, pero en esos momentos preocupaba más el manejo de la crisis que se gestaba que la discusión específica sobre la autonomía.  Aun así es importante señalar que la responsabilidad del error garrafal de los Tesobonos, que condujo a una crisis mucho mayor, fue del entonces Secretario de Hacienda, Pedro Aspe.  También se tiene que recordar que el Secretario sigue siendo el último responsable de la política cambiaria.  Si en alguien debe recaer la responsabilidad primordial de la tragedia de 1994-95, es precisamente en esta persona.

Tenemos que tomar en cuenta que el Banco Central es por naturaleza una institución muy conservadora.  Esto significa que no es muy probable que todos los funcionarios llegaran a trabajar en una forma muy distinta a partir del primer día de su autonomía.  Más bien la nueva independencia y la forma de conducir la política monetaria del país es algo que seguramente se va gestando poco a poco.  En términos prácticos la autonomía auténtica empezó a partir de 1995 con el nuevo sexenio y con la oportunidad de iniciar nuevas relaciones con el gobierno.  Una verdadera apreciación de la labor del Banco de México será posible a partir del año 2000, cuando podamos ver en retrospectiva los resultados del primer lustro y cómo se conduce el Banco Central ante la posible crisis devaluatoria del fin de este sexenio.

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 Pulso Económico

El Empleo y la Responsabilidad del Estado

Por: Jonathan Heath

Sin lugar a dudas, el empleo ha sido, es y tiene que ser una de las preocupaciones principales de la sociedad mexicana.  Si todos tuvieran un empleo productivo y permanente, los problemas de pobreza y crimen, entre otros, tendrían una dimensión marcadamente menor.  El problema radica en el cómo generar los empleos requeridos.

Justamente fue este el tema de la Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), celebrada en Mérida la semana pasada.  Allí se estudio la problemática del empleo y desempleo en México, como mejorar las perspectivas de generación de empleo a través de mayor ahorro e inversión y el fortalecimiento de la oferta de empleo a través de la educación.

Uno de las interrogantes fue sobre la responsabilidad de esta generación.  ¿A quien o quienes les toca la responsabilidad de asegurar que la economía produce el número suficiente de empleos?  Para muchos esta es una función primordial de la empresa, y como consecuencia, del mercado.  Otros ven esta función principalmente en la empresa, pero alegan que el mercado no funciona perfectamente bien y por lo tanto, el gobierno debe de asumir la responsabilidad de fomentar el empleo y asegurar que las imperfecciones del mercado se corrigen.  Sin embargo, aun así existe una discrepancia de opinión.  Algunos ven el papel del gobierno limitado a regular el mercado laboral para asegurar un buen trato al trabajador, quizás complementado con algunas políticas generales que fomenten el empleo por parte de la empresa.  Pero otros alegan que el gobierno debería de asumir todavía una mayor responsabilidad y crear empleos en forma directa.

Parte del problema que se genera cuando el gobierno quiere crear empleos es el de la eficiencia.  Un buen ejemplo de este caso lo dio el Dr. Jerry Jordan, Gobernador de la Reserva Federal de Cleveland en los Estados Unidos:  Hubo un hombre de negocios que fue a China a vender maquinaria.  Al llegar, observa 100 chinos con palas construyendo una presa de lodo en un río.  El señor le comenta al capataz que esa presa lo podría construir una sola persona con una maquina.  El capataz le responde sorprendido que eso causaría mucho desempleo.  Entonces el señor entendiendo que se trataba de crear empleo, le responde, “entonces mejor en vez de palas habría que utilizar cucharas y poner a trabajar a mil chinos.”

Otra parte del problema esta relacionado con el financiamiento del trabajo.  Si el trabajo es productivo, se va a financiar por si solo.  Sin embargo, si el trabajo no es productivo y el gobierno lo va a sostener, entonces se están utilizando impuestos, lo cual significa que los que sí trabajan en ocupaciones productivas, estarán subsidiando a los demás.  Si una persona no tiene trabajo y como consecuencia el gobierno le empieza a dar un modo de subsistencia, no tiene ningún incentivo en encontrar una ocupación productiva y seguirá viviendo de los demás.

El problema no es trivial, ni se puede decir que se justifica desde el punto de vista moral.  Es un problema difícil de incentivos y de financiamiento.  En muchos países europeos que tiene programas de este tipo, sus gobiernos están buscando como reducir el apoyo y crear otro tipo de apoyos, que sean auto financiables.  Han encontrado que muchos jóvenes han optado por vivir del gobierno, sin hacer ningún intento por encontrar trabajo.  Inclusive algunos estudios señalan que el desempleo ha aumentado a raíz de los programas gubernamentales para buscan disminuir el desempleo o ayudar a los desempleados.

Hace seis o siete décadas, la intervención gubernamental en el mercado laboral era inusitado.  Simplemente se tomaba por dado que la creación de empleo le correspondía al mercado y a las empresas.  A raíz de la gran recesión de los años treinta, el economista ingles, John Maynard Keynes, señaló que el gobierno podría sacar a un país de una situación económica adversa a través de un mayor gasto gubernamental, dirigido a crear empleos.  Esta teoría lo aplicó con gran éxito el Presidente Roosevelt en los Estados Unidos unos años después.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esta intervención puede funcionar únicamente en forma temporal y en situaciones extremosas como las que existían en esos tiempos.  Si el gobierno mantiene el programa de creación de empleos por mucho tiempo, empiezan a surgir problemas de eficiencia, de financiamiento y de incentivos equivocados.  Inclusive, si el gobierno recurre a un déficit en sus finanzas para financiar el programa, termina por crear inflación que neutraliza el impacto positivo sobre la economía.

La lección de esta experiencia no es necesariamente que el gobierno no debe ni puede crear empleo productivo.  Más bien lo que tiene que cuidar es no crear más distorsiones o problemas de los que quiere solucionar.  En la mayoría de los casos que un gobierno pone una regulación, subsidio o transferencia para corregir un problema económico, termina por crear otro problema mayor.  En este sentido se debe poner mucha atención a no crear distorsiones en el mecanismo de precios que pueda introducir una mala asignación de recursos.

Aunque no en todos los casos, resulta muy común observar regulaciones gubernamentales bien intencionadas que crean distorsiones en la asignación eficiente de recursos o en la posibilidad de crear más empleos.  En muchos casos, resulta mejor quitar las regulaciones para no crear trabas a la inversión productiva y posible creación de empleos.  Por ejemplo, el seguro social es una prestación importante para el trabajador, que le asegure una atención médica y una jubilación futura.  Sin embargo, es un costo adicional para el empleador.  Su existencia hace que muchas empresas no se registren ante el seguro para así minimizar sus costos y mejorar su eficiencia.  Esto repercute directamente sobre la recaudación del gobierno, que después tiene que reducir sus gastos en otras obras, aumentar sus impuestos, o bien, recurrir al gasto deficitario.

Si reduce su gasto, se pierde el beneficio de algún servicio.  Si recurre a un déficit, se crea más inflación que perjudica a todos.  Si sube los impuestos, simplemente se fomenta más la evasión.  ¿Cuál es el camino correcto?  Nadie abocaría por una eliminación de los beneficios del seguro social.  Este es precisamente el dilema de la intervención pública.