El Proceso de Reforma Económica

 

Pulso Económico

El Proceso de Reforma Económica

Por: Jonathan Heath

Hasta ahora todo parece indicar que las reformas han producido más problemas que soluciones y esto ha hecho que el público deje de apoyar los esfuerzos.  Esto es perfectamente entendible.  Veamos.

La privatización bancaria resultó en una crisis del sistema financiero.  La venta de Imevisión se vio sumergida en sospechas de financiamiento del famoso hermano incómodo.  Todo apunta a que Fertimex fue cedido al actual gobernador del estado de Coahuila, amigo personal de Salina, para su venta posterior.

La apertura comercial trajo cierre de empresas y desempleo.  El saneamiento de la finanzas públicas produjo aumentos en los precios de bienes básicos, como la tortilla y la leche.  La desregulación se ve como el desentendimiento y falta de control del Gobierno, que se han traducido en manifestaciones recurrentes, pugnas políticas y corrupción creciente.  Desafortunadamente, abundan los ejemplos de manejos obscuros, posibles cohechos, corrupción abierta, impunidades desconcertantes y fracasos rotundos.

Después de las devaluaciones del 82 y la recesión del 83, hubo casi una década perdida en términos de crecimiento económico y el bienestar general del mexicano sufrió un revés contundente.  En esos momentos la credibilidad en lo que nos decía el Gobierno había llegado a un mínimo histórico, mientras que la confianza que manteníamos en nuestras instituciones había, prácticamente, desaparecido.  Ante esta situación, surgió la esperanza de una reforma profunda que prometía resarcir lo perdido.  Fue una promesa fácil de comprar.

El problema fue que esta promesa nunca se concretó.  Nos prometieron crecimiento sostenido y nos dieron una recesión más grande que la anterior.  Nos prometieron estabilidad de precios y ahora tenemos una inflación de las más grandes de América Latina.  Nos prometieron una recuperación del poder adquisitivo y ahora el salario mínimo vale alrededor de 22 por ciento de lo que era hace 20 años.  Nos prometieron generaciones de empleos y ahora vemos cómo las empresas se han dedicado a recortar personal.  Quizá lo peor de todo es que nos prometieron que perteneceríamos al primer mundo y en su lugar obtuvimos una caída espectacular en nuestro PIB per capita.

Los acontecimientos de los últimos tres años han provocado una sensación de frustración y de enojo que ha desinflado por completo todo el apoyo popular que existía para seguir adelante en el proceso de reforma.  Ahora se empieza a sentir la fatiga, que se manifiesta en muchas formas.

Queda claro que el proceso de privatización tiene sus beneficios.  Pero no es simplemente porque los empresarios del sector privado son más eficientes que los administradores públicos.  El sector público tiene muchos intereses: quiere incrementar el gasto social, generar empleo, disminuir la pobreza, construir hospitales, producir medicinas, subsidiar las tortillas y la leche, otorgar desayunos escolares, financiar campañas políticas multimillonarias y pagar aguinaldos a los Regentes.  Tiene una importante demanda de recursos y resulta muy difícil otorgar el financiamiento para las inversiones necesarias para la modernización tecnológica.  En cambio, los empresarios del sector privado no tiene el mismo conflicto de intereses y pueden concentrar sus esfuerzos en innovar, emprender y empujar a la industria a que brinde los resultados vistos.

Como quien dice “zapatero a tus zapatos”.  El Gobierno tiene que concentrar sus esfuerzos en gobernar bien, erradicar la pobreza extrema y construir la infraestructura nacional necesaria, mientras que el sector privado debe producir, distribuir y comercializar, generando empleos y riqueza nacional en el camino.

Aunque los indicadores nos dicen que no tenemos un problema tan grave de desempleo abierto, sabemos que nuestro problema laborar radica en falta de empleos de calidad.  La mayoría de los mexicanos tiene trabajo, pero desafortunadamente no es un trabajo productivo ni bien remunerado.  Al final de cuentas no contribuye al ingreso familiar, ni al ingreso nacional.

Necesitamos generar empleos de calidad, empleos productivos, empleos bien remunerados.  Estos empleos salen de las industrias competitivas, eficientes y de vanguardia.  Hoy en día, estos empleos los producen las industrias exportadoras, las industrias que han invertido en su futuro, las industrias que están creciendo dado que ya se modernizaron.  Aquí está el futuro del empleo productivo de nuestro país.

Sin embargo, esto no es obra de la casualidad.  Primero tuvimos que privatizar estas industrias con compromisos de inversión para actualizar la planta productiva, modernizar sistemas administrativos y garantizar el retorno sobre las inversiones.  Enseguida tuvimos que aceptar la apertura comercial para presionar a nuestra propia industria a que fuera más eficiente y que tuviera todos los incentivos correctos.  Después se tuvo que desregular para asegurar que no hubiera trabas en el desarrollo futuro y que pudiéramos competir al tu por tu.

Posteriormente, se tuvo que reducir la planta laboral para asegurar su eficiencia.  Esta fase resulta algo irónica, pues se tienen que destruir empleos en una primera etapa para poder crear un número mayor de puestos laborales, más adelante.  La diferencia es que la primera etapa de destrucción laboral debe ser temporal y consiste en desmantelar empleos menos productivos, mientras que la siguiente, de creación de empleos, es permanente y resulta en el tipo de trabajo que queremos: más productivo y mejor remunerado.

En el proceso, el Gobierno redujo su déficit fiscal.  Parte fue posible por los ingresos obtenidos de las privatizaciones.  La eliminación del déficit contribuyó a reducir la inflación, facilitar el proceso de planeación de las empresas, estimular más la inversión productiva y asegurar que ya no hubiera una merma sobre nuestro poder adquisitivo.  Obviamente, la devaluación y la crisis recesivas de 1995 no ayudaron al proceso de reforma; sin embargo, tuvimos que pagar los errores de instrumentación del Gobierno y seguir adelante.  Pero esto no invalida la reforma.

El costo asociado con la reforma y la crisis ha sido enorme.  No cabe duda.  No obstante, es algo que ya pagamos y que no deberíamos pagar otra vez.  Hoy en día ya somos un País abierto con industrias eficientes, exportadoras, que pronto empezarán a general empleos productivos.  Nos costó trabajo sembrar, pero ya lo hicimos y ahora es tiempo de cosechar.  No se ha terminado de desregular, ni de privatizar.  No todas las industrias están listas, ni han terminado de realizar los esfuerzos necesarios.  Pero algunas sí lo están y las tenemos a la vista.  El proceso de reforma debe seguir adelante.  Nuestro futuro está de por medio.

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