¿Menos Gasto o Más Déficit?

 

Pulso Económico

¿Menos Gasto o Más Déficit?

Por: Jonathan Heath

El PAN y el PRI rompieron las negociaciones para la aprobación del presupuesto y mejor decidieron tomar vacaciones.  Ahora será hasta el 29 de diciembre que se volverán a juntar para decidir si recortan aún más el gasto o permiten un mayor déficit.

Todo parece indicar que las discusiones en torno al presupuesto de 1999 se están concentrando alrededor de 27 mil millones de pesos, que es la suma de lo que se esperaría recaudar con el nuevo impuesto sobre servicios telefónicos y los ajustes necesarios para acomodar el nuevo precio esperado para el petróleo.  En principio, existe un acuerdo en aprobar lo demás, pero estos dos puntos han mandado la decisión final hasta el último momento, cerca ya del umbral de una crisis presupuestal.

Los legisladores del blanquiazul están firmes en no permitir un nuevo impuesto telefónico, hasta tal grado que estarían dispuestos a aceptar un mayor déficit público.  En cambio, el PRI y el gobierno se han mantenido inflexibles en cuanto a que un déficit mayor sería inaceptable.  Mientras que las posiciones de estos dos partidos se endurecen, el PRD se ha quedado al margen de la discusión.

Resulta interesante que el PAN sea el partido que propone un aumento en el déficit público como salida al dilema del presupuesto.  Ni siquiera el PRD propone tal remedio, reconociendo que es simplemente una salida fácil de corto plazo.  El PAN dice estar totalmente en contra de nuevos impuestos, sin embargo, olvida que un incremento en el déficit es un impuesto diferido en el tiempo.  Mientras tanto, el PRD mantiene su posición de realizar ajustes en el gasto.  ¿Será que ahora el PAN se va a la izquierda y el PRD a la derecha?

Algunos analistas han sostenido que la posición del PAN es adecuada ya que de ninguna manera preocupa la ampliación del desequilibrio entre ingresos y gasto público, siempre y cuando sea financiable sin presiones para el sector financiero y se garantice el crecimiento.  Pero el gobierno opina diferente, ya que estima que con un déficit de 1.5 por ciento del PIB, habría mayor inflación, menos crecimiento económico, una contracción del crédito privado y un incremento en las tasas de interés.  Por lo mismo, ampliar el déficit sin presiones para el sector financiero y con mayor crecimiento, parece ser una falacia.

El gobierno ha manejado el 1.25 por ciento del PIB como un número mágico que a primera vista parece difícil de justificar.  ¿Por qué 1.25 y no 1.44 o 1.32 o cualquier otro número?  Según los cálculos del gobierno, este número es el déficit fiscal máximo que se puede tener sin que la deuda neta total como porcentaje del PIB se incremente.  Es decir, dado que el PIB crece en un año dado, tenemos margen para que la deuda también crezca.  Esto significa que el 1.25 por ciento no es arbitrario, sino el resultado del déficit máximo permisible de tal forma que no se incremente la carga de la deuda total sobre la economía.

Desgraciadamente, la Secretaría de Hacienda no ha tenido este año el mismo desempeño para explicar los efectos macroeconómicos de un debilitamiento de las finanzas públicas que tuvo el año pasado.  En parte puede ser porque no pudo cumplir con su compromiso de mantener el déficit en los niveles que prometió, después de tanto insistir en que sería un error permitir un déficit mayor.

Simplemente por comparación, Criterios Generales de hace un año fue un documento de 76 páginas, con una explicación importante de los por qué de su política económica.  Incluía un capítulo básico de consideraciones en torno al déficit fiscal y el crecimiento económico.  Allí se detallaba que un aumento en el déficit público incrementa la inflación, aumenta las tasas de interés, presiona a que el tipo de cambio real se aprecie, deteriora la cuenta corriente y aumenta la deuda pública.  Puede ser que alguien no estuviera de acuerdo con la política económica del gobierno, pero por lo menos tenía acceso a una explicación detallada de su razonamiento.

En cambio, Criterios Generales para 1999 es un documento de apenas 21 páginas (72 por ciento menos que el año anterior), un esfuerzo verdaderamente pobre para explicar la política económica a la población en un momento en que el debate en torno al presupuesto es tan delicado e importante.  El récord del mínimo esfuerzo todavía lo tiene Jaime Serra con sus Criterios Generales para 1995 de 18 páginas.  No vale la pena recordar cuál fue el resultado de ese esfuerzo.

Por lo mismo, vale la pena sacar los Criterios Generales para 1998 y releer las consideraciones allí expuestas.  Esta invitación la hacemos especialmente para los diputados del PAN.

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El Ajuste que la Realidad Impone

 

Pulso Económico

El Ajuste que la Realidad Impone

Por: Jonathan Heath

El nuevo precio esperado para el petróleo en 1999 hace necesario un ajuste al presupuesto para el año entrante.  Dado que la iniciativa está en manos del Congreso, ahora los diputados tendrán que asumir parte de la responsabilidad de decretar la austeridad.

En diciembre de 1994 se estableció un récord en términos del tiempo transcurrido antes de que el documento de Criterios Generales fuera obsoleto.  El entonces Secretario de Hacienda, Jaime Serra, envió al Congreso el 9 de diciembre un documentito de 11 páginas en el que se detallaba lo que pensaba hacer el nuevo gobierno ante los problemas económicos del país (básicamente nada).  Doce días después el gobierno anunció una modificación drástica a la política cambiaria sin ningún respaldo de un plan o programa de ajuste.  Los resultados fueron trágicamente históricos.

Cuatro años después, el gobierno ha roto este récord con una nueva marca de menos días antes de que el marco macroeconómico se hiciera obsoleto.  El viernes 13 de noviembre se entregaron a la Cámara de Diputados los Criterios Generales para 1999 con un precio promedio de 11 dólares por barril de petróleo.  A la semana siguiente, el precio internacional se desplomó a niveles de 8 dólares por barril de la mezcla mexicana, ante la especulación de que no habría un acuerdo funcional entre los países miembros de la OPEP.  Dicho y hecho, la reunión celebrada 25 y 26 de noviembre pasados en Viena fracasó y hoy no se ve ninguna recuperación pronta en el precio.

Dado que el proceso de aprobación del presupuesto está todavía sin concluir, le correspondería al Congreso modificar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, que se discute en la Cámara de Diputados.  Esto les da a los partidos políticos la oportunidad de determinar cómo se ajustarían las cifras actuales.  En vez de criticar al gobierno por incrementar los impuestos o por disminuir el gasto en ciertos rubros, podrán tomar ellos las decisiones.

Por un lado, esto representa una oportunidad interesante para los partidos de oposición.  Si se hubiera aprobado el presupuesto tal y como se entregó a la Cámara, el gobierno federal hubiera tenido que decidir cómo instrumentar los ajustes necesarios.  Sin embargo, ahora podrán tomar las decisiones con o sin la consulta y el consentimiento del Ejecutivo.

Por el otro lado, al tomar las decisiones no sólo ejercen el derecho de decidir cuáles y cuántos rubros se ajustan, sino que tendrán que asumir la responsabilidad de un presupuesto todavía más austero que el que presentó originalmente el Gobierno Federal.  Será interesante observar si los partidos de oposición tienen la madurez suficiente como para asumir la responsabilidad de decisiones tan difíciles y comprometedoras o si la evaden y le piden al Ejecutivo que haga los ajustes necesarios para después simplemente aprobar o no un presupuesto modificado.  Pero seguramente el Ejecutivo también buscará dar al Congreso la responsabilidad para deshacerse del estigma de ser el autor de una marcada austeridad.

Por lo pronto, podemos anticipar que ha aumentado la probabilidad de que se acepten las partes controversiales del presupuesto.  La discusión sobre el nuevo impuesto a los servicios telefónicos y el aumento en el ISR a las personas físicas empieza a perder importancia.  Ahora la discusión se tendrá que enfocar a los nuevos rubros que se tendrán que afectar para que los números cuadren a un marco con ingresos provenientes de 9 dólares por barril en vez de los 11 originales.

En esta discusión será importante entender que la austeridad que viene es resultado de un shock externo.  Dado que los precios del petróleo están disminuyendo y los mercados financieros internacionales se están secando, las perspectivas de crecimiento para el año entrante no son muy halagadoras.  Por lo mismo, el gobierno ha tenido que tomar decisiones muy difíciles y nada populares para ajustar el presupuesto a esta realidad.

Sin embargo, mucha gente piensa que el orden de los eventos es justamente al revés, es decir, como el gobierno está presentando un presupuesto muy austero, las posibilidades de crecimiento para 1999 no son muy buenas.  Esto simplemente no es cierto.

Podríamos alegar que el gobierno tiene que afrontar cierta responsabilidad por no haber realizado cambios estructurales de fondo en el pasado para reducir nuestra dependencia fiscal de los recursos petroleros.  Sin embargo, de haberlo hecho, el gobierno hubiera sido muy criticado por querer realizar cambios que en su momento nadie consideraba necesarios.  Es muy fácil criticar después de los hechos, ya que queda claro cuál debería haber sido el rumbo que se debía haber tomado.  Ningún partido político, de oposición u oficial, estaban proponiendo incrementar impuestos o buscar otras alternativas de ingresos cuando los precios del petróleo eran elevados.  Por lo mismo, la responsabilidad de nuestra sobredependencia es de todos.

Por último, cabe comentar que el gobierno todavía puede hacer más para acomodar el golpe de un presupuesto parco.  En una entrevista con los subsecretarios de Hacienda, publicado en Reforma el miércoles de la semana pasada, Santiago Levy le dio la mayor importancia al fondo de los ajustes y menospreció las formas.  Dijo que el gobierno no tenía por qué gastar en ajustes simbólicos que no contribuían a los ahorros importantes.  Sin embargo, estos señores son políticos y tienen que entender que la política es un juego de percepciones.  Por ejemplo, aunque el sacrificio de los aguinaldos de los funcionarios públicos puede pintar muy poco y no resolver ni siquiera una parte pequeña del problema, el público necesita sentir que el gobierno está compartiendo el sacrificio de un presupuesto austero con los más afectados.

El gobierno tiene que entender el enojo del pueblo.  Estamos hasta el cuello con la crisis, los ajustes y más sacrificios.  El público tiene que entender el dilema del gobierno.  No se trata de ajustar por gusto, sino porque la realidad lo impone.

Comentarios, observaciones y críticas constructivas al Email: heath@infosel.net.mx

El Ajuste que la Realidad Impone

 

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El Ajuste que la Realidad Impone

Por: Jonathan Heath©

El nuevo precio esperado para el petróleo en 1999 hace necesario un ajuste al presupuesto para el año entrante.  Dado que la iniciativa está en manos del Congreso, ahora los diputados tendrán que asumir parte de la responsabilidad de decretar la austeridad.

En diciembre de 1994 se estableció un récord en términos del tiempo transcurrido antes de que el documento de Criterios Generales fuera obsoleto.  El entonces Secretario de Hacienda, Jaime Serra, envió al Congreso el 9 de diciembre un documentito de 11 páginas en el que se detallaba lo que pensaba hacer el nuevo gobierno ante los problemas económicos del país (básicamente nada).  Doce días después el gobierno anunció una modificación drástica a la política cambiara sin ningún respaldo de un plano programa de ajuste.  Los resultados fueron trágicamente históricos.

Cuatro años después, el gobierno ha roto este récord con una nueva marca de menos días antes de que el marco macroeconómico se hiciera obsoleto.  El viernes 13 de noviembre se entregaron a la Cámara de Diputados los Criterios Generales para 1999 con un precio promedio de 11 dólares por barril de petróleo.  A la semana siguiente, el precio internacional se desplomó a niveles de 8 dólares por barril de la mezcla mexicana, ante la especulación de que no habría un acuerdo funcional entre los países miembros de la OPEP.  Dicho y hecho, la reunión celebrada 25 y 26 de noviembre pasados en Viena fracasó y hoy no se ve ninguna recuperación pronta en el precio.

Dado que el proceso de aprobación del presupuesto está todavía sin concluir, le correspondería al Congreso modificar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, que se discute en la Cámara de Diputados.  Esto les da a los partidos políticos la oportunidad de determinar cómo se ajustarían las cifras actuales.  En vez de criticar al gobierno por incrementar los impuestos o por disminuir el gasto en ciertos rubros, podrán tomar ellos las decisiones.

Por un lado, esto representa una oportunidad interesante para los partidos de oposición.  Si se hubiera aprobado el presupuesto tal y como se entregó a la Cámara, el gobierno federal hubiera tenido que decidir cómo instrumentar los ajustes necesarios.  Sin embargo, ahora podrán tomar las decisiones con o sin la consulta y el consentimiento del Ejecutivo.

Por otro lado, al tomar las decisiones no sólo ejercen el derecho de decidir cuáles y cuántos rubros se ajustan, sino que tendrán que asumir la responsabilidad de un presupuesto todavía más austero que el que presentó originalmente el Gobierno Federal.  Será interesante observar si los partidos de oposición tiene la madurez sufriente como para asumir la responsabilidad de decisiones tan difíciles y comprometedoras o si la evaden y le piden al Ejecutivo que haga los ajustes necesarios para después simplemente aprobar a no un presupuesto modificado.  Pero seguramente el Ejecutivo también buscará dar al Congreso la responsabilidad para deshacerse del estigma de ser el autor de una marcada austeridad.

Por lo pronto, podemos anticipar que ha aumentado la probabilidad de que se acepten las partes controversiales del presupuesto.  La discusión sobre el nuevo impuesto a los servicios telefónicos y el aumento en el ISR a las personas físicas empieza a perder importancia.  Ahora la discusión se tendrá que enfocar a los nuevos rubros que se tendrán que afectar para que los números cuadren a un marco con ingresos provenientes de 9 dólares por barril en vez de los 11 originales.

En esta discusión será importante entender que la austeridad que viene es resultado de un shock externo.  Dado que los precios del petróleo están disminuyendo y los mercados financieros internacionales se están secando, las perspectivas de crecimiento para el año entrante no son muy halagadoras.  Por lo mismo, el gobierno ha tenido que tomar decisiones muy difíciles y nada populares para ajustar el presupuesto a esta realidad.

Sin embargo, mucha gente piensa que el orden de los eventos es justamente al revés, es decir, como el gobierno está presentando un presupuesto muy austero, las posibilidades de crecimiento para 1999 no son muy buenas.  Esto simplemente no es cierto.

Podríamos alegar que el gobierno tiene que afrontar cierta responsabilidad por no haber realizado cambios estructurales de fondo en el pasado para reducir nuestra dependencia fiscal de los recursos petroleros.  Sin embargo, de haberlo hecho, el gobierno hubiera sido muy criticado por querer realizar cambios que en su momento nadie consideraba necesarios.  Es muy fácil criticar después de los hechos, ya que queda claro cuál debería haber sido el rumbo que se debía haber tomado.  Ningún partido político, de oposición u oficial, estaban proponiendo incrementar impuestos o buscar otras alternativas de ingresos cuando los precios del petróleo eran elevados.  Por lo mismo, la responsabilidad de nuestra sobredependencia es de todos.

Por último, cabe comentar que el gobierno todavía puede hacer más par acomodar el golpe de un presupuesto parco.  En una entrevista con los subcretararios de Hacienda, publicado en Reforma el miércoles de la semana pasada, Santiago Levy le dio la mayor importancia al fondo de los ajustes y menospreció las formas.  Dijo que el gobierno no tenía por qué gastar en ajustes simbólicos que no contribuían a los ahorros importante.  Sin embargo, estos señores son políticos y tiene que entender que la política es un juego de percepciones.  Por ejemplo, aunque el sacrificio de los aguinaldos de los funcionarios públicos puede pintar muy poco y no resolver ni siquiera una parte pequeña del problema, el público necesita sentir que el gobierno está compartiendo el sacrificio de un presupuesto austero con los más afectados

El gobierno tiene que entender el enojo del pueblo.  Estamos hasta el cuello con la crisis, los ajustes y más sacrificios.  El público tiene que entender el dilema del gobierno.  No se trata de ajustar por gusto, sino porque la realidad lo impone.

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El Salario Mínimo Legal

 

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El Salario Mínimo Legal

Por: Jonathan Heath

El martes pasado la CNSM anunció el aumento de 14 por ciento que entra en vigor a partir de hoy.  Al mismo tiempo, la SECOFI confirmó que para enero próximo se elimina por completo el subsidio generalizado de la tortilla.  Con estas noticias, la clase empobrecida de nuestro país no tiene más que llorar.

Por fin se resolvió el debate acerca del aumento del salario mínimo legal.  No será el 22 por ciento que pedía el sector obrero ni el 13 por ciento que proponía el gobierno, sino un punto intermedio producto de una discusión “democrática y abierta”: 14 por ciento.  Los funcionarios del Banco de México están felices ya que no ven vulnerados su meta de 13 por ciento de inflación para el año entrante.  En cambio, los que perciben un salario mínimo o menos se sienten totalmente distanciados de la política económica del gobierno.

La inflación esperada para el año entrante es de 16.3 por ciento, por lo que el aumento real, es decir en términos de poder adquisitivo, es de una disminución del 2 por ciento.  Esta disminución viene colgada a la caída en el poder adquisitivo del salario mínimo legal de 1998 de 3.7 por ciento.  Por lo mismo, podemos afirmar una caída en el salario real de 5.8 por ciento en el transcurso de 1998-99.  Sin embargo, este cálculo contempla el Indice Nacional de Precios al Consumidor, que subestima el impacto del retiro del subsidio a las tortillas para las clases de menores ingresos.  Para enero del próximo año, cuando el gobierno termina de retirar por completo el subsidio a las tortillas, su precio habrá subido más del 100 por ciento.

Las autoridades alegan que con los recursos ahorrados en el subsidio generalizado de la tortilla podrán sustentar su programa de apoyo dirigido a dos millones de mexicanos.  Con este esquema podríamos concluir que la clase pobre de nuestro país ahora se divide en dos: el elite, que son los afortunados de haber sido escogidos para el gobierno para recibir este apoyo; y los demás, que simplemente tienen que ajustarse a comer menos.  De ahora en adelante habrán los pobres privilegiados y los pobres desdichados.

Según las propias cifras del INEGI, la productividad de la mano de obra ha aumentado aproximadamente 3.8 por ciento en el transcurso de este año.  Esto significa que por cada hombre empleado, las empresas están produciendo 3.8 por ciento más en promedio que hace un año.  Si ligáramos el aumento salarial al aumento en productividad, deberíamos pensar en un aumento real superior al 3 por ciento.  Por lo mismo, un aumento del 16 por ciento en los salarios mínimos no debería de haber producido presiones inflacionarias, ya que simplemente está compensando la mayor productividad.  El hecho de que el aumento salarial sea inferior, significa que el aumento en la productividad de la mano de obra va directamente a las utilidades de las empresas.

El aumento a los salarios mínimos tiende a marcar el piso para las negociaciones contractuales.  Por ejemplo, en 1998 en aumento promedio (hasta septiembre) en los salarios reales del sector manufacturero había sido del 3.3 por ciento, lo cual implica un aumento nominal aproximado del 19 por ciento.  Por lo mismo, la diferencia entre el aumento en el mínimo y el manufacturero en 1998 fue alrededor del 5 puntos porcentuales.  Si tomamos en cuenta la desaceleración esperada en la economía para 1999, podríamos suponer que esta diferencia será menor.  Si fuera de 3 puntos porcentuales, tendríamos que el aumento nominal promedio para los salarios manufactureros sería de alrededor del 17 por ciento.  Dado que la inflación esperada para 1999 es de casi 17 por ciento, podríamos esperar que el aumento real será cerca del 0 por ciento.

Desde mediados de 1997, las ventas al consumidor habían gozado de una recuperación notable.  Especialmente a parte de enero de este año, cuando los aumentos salariales empezaron a ser mayores a la inflación, mucha gente empezó a regresar a las tiendas a comprar lo que no habían logrado adquirir en mucho tiempo.  Sin embargo, sin un aumento real en los salarios para el próximo año y una desaceleración generalizada en la economía, es muy probable que mucha gente tome una actitud mucha más cautelosa en sus consumos.  Esto significa que las ventas en los establecimientos comerciales, que estaban promediando un crecimiento alrededor del 10 por ciento anual, deberían de presentar una desaceleración importante en muy poco tiempo.

Estas son las noticias que recibimos justo al principio de la temporada navideña.  Seguramente habrá gente que aprovechará el aumento de ahora y el aguinaldo para realizar sus últimas compras antes de entrar de lleno de un año que por donde quiera se vislumbra como difícil.  No obstante, habrá otros que asumen una actitud cautelosa desde ahora previniendo la posibilidad de perder su empleo en un futuro mediato.  Las cifras de ventas navideñas serán claves para cual es la opción que predomina.

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El Corto y la Inflación

 

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El Corto y la Inflación

Por: Jonathan Heath©

Las autoridades monetarias anunciaron otra ampliación de su política de dejar corto al mercado para tratar de abatir la inflación.  La última encuesta del Banco de México revela una incredulidad sobre la meta de inflación de 13 por ciento para 1999.

Después de que parecía que el Banco de México se había dado por vencido en su lucha contra la inflación, vuelve a la escena con una ampliación de su política de “cortos”.  Al mismo tiempo, da a conocer al público un nuevo estudio en el que presenta evidencia empírica acerca de la relación inversa entre la inflación y el crecimiento económico, los salarios reales y la distribución del ingreso, argumento elemental para justificar su política antiinflacionario.  En el mismo documento, subraya los factores que afectaron la evolución de la inflación durante 1998, recalcando el hecho de que fueron elementos fuera del control del Banco Central.

Justamente la semana pasada nos preguntábamos dónde se habían metido las autoridades monetarias, ya que la inflación para 1998 dejará mucho que desear.  Todo parecía ser que se había abandonado la lucha contra la inflación para no perjudicar al crecimiento económico en el corto plazo.  Sin muestras de querer abatir la inflación, empezábamos a dudar acerca de las intenciones del Banco para querer cumplir con la meta de 13 por ciento para 1999.

Los resultados de la última encuesta del Banco de México indican que la mayoría de los analistas estiman una inflación muy por arriba del 13 por ciento, lo cual pone en tela de juicio la credibilidad del Banco Central y el cumplimiento de su meta.  No obstante, resulta clave que la población crea en las autoridades monetarias, ya que en la medida en que no haya credibilidad, crecen los costos del abatimiento inflacionario.  El hecho de que la tendencia inflacionaria se haya revertido desde mediados de año requiere de una mayor atención, independientemente de que se pueda justificar por la existencia de los shocks externos.

Parecería que los miembros de la Junta de Gobierno del Banco leyeron lo que escribimos aquí, dado que sus acciones del día de ayer y la argumentación del documento que presentaron, responden casi punto por punto a nuestras inquietudes.  Afortunadamente subrayan su lucha contra la inflación, retoman la batalla para revertir de nuevo la tendencia alcista en los precios y buscar restablecer su propia credibilidad.  Enhorabuena.

En sí podemos concluir que la batalla contra la inflación en 1998 ya terminó.  El Banco de México acabó perdiendo, ya que la inflación a fin de año se estima en 18.6 por ciento (sino es que más) contra una meta original de 12 por ciento.  Simplemente, el efecto que las crisis asiática, rusa, brasileña y petrolera tuvieron sobre el tipo de cambio fue abrumador.  La depreciación acelerada de la moneda provoca necesariamente un ajuste en los precios relativos que se traduce en una mayor inflación.  A esto le tenemos que añadir el efecto que tuvieron las sequías y las inundaciones sobre los precios de las frutas y legumbres.  Finalmente, la propia Secretaría de Hacienda es responsable de haber provocado un aumento importante en la inflación al retirar sin piedad el subsidio a las tortillas y incrementar más allá de lo sensato el precio de la gasolina.

Ante estos hechos el Banco de México no tuvo otra opción más que rendirse.  Una restricción de la política monetaria para neutralizar por completo estos efectos, hubiera provocado una recesión inmerecida.  Toda decisión de política económica tiene que realizarse en el contexto del costo benéfico y en este caso era un costo demasiado elevado.  Por lo mismo, se recalca que la lucha antiinflacionario no es algo que se pueda realizar sin la cooperación del gobierno federal, especialmente a través de la política fiscal.

No obstante haber perdido una batalla en 1998, las autoridades monetarias no están renunciando a la guerra.  La ampliación del corto de 100 a 130 millones de pesos es el primer paso en la lucha por revertir la reciente tendencia alcista en la inflación en 1999.  Resulta primordial empezar el año con expectativas de que la inflación pueda reducirse.  Es necesario que el Banco retome el liderazgo en este esfuerzo por abatir el alza en los precios.

No es suficiente el anuncio de que por sexta vez este año se amplíe el corto, dado que ya se había visto cómo esta política perdía efectividad.  ¿Por qué hemos de pensar que ahora sí podrá funcionar?  Para esto el Banco ha establecido un depósito de los bancos comerciales en el propio instituto central para ejercer mayor control sobre las operaciones diarias que realiza en el mercado abierto.  No es lo mismo ofrecer crédito que recibirlo.  Ahora hemos de esperar para ver si efectivamente funciona esta política.

De funcionar, inmediatamente deberíamos esperar un aumento en las tasas de interés.  Esto resultará de la disminución de la liquidez en el sistema.  A fin de no quedarse “cortos”, estarán dispuestos a pagar un poco más de interés para conseguir el crédito suficiente en el mercado.  Sin embargo, después de dos o tres semanas, las tasas de internes deberían reducirse.  En la medida en que se percibe que el Banco Central está más dispuesto a combatir la inflación, las expectativas empezarán a disminuir.  Dado que las tasas de interés contienen un componente de expectativas de inflación, éstas tendrán que bajar.

Por último, todavía queda la duda de que si la política monetaria es de carácter acomodaticia y su postura restrictiva se limita más bien a una señal de mercado.  Ante esta crítica, las autoridades monetarias reconocen que enfrentan una disyuntiva entre acomodar total o parcialmente el impacto inflacionario o no acomodarlo en absoluto.  La argumentación oficial es que el costo tanto de acomodar totalmente la demanda nominal de dinero, como el de aplicar una política demasiado restrictiva, es igual de dañino.  Por lo mismo, emprenden la política de satisfacer la demanda diaria, pero a una asa de interés superior a la del mercado.

Al final de cuentas, lo único que cuentan son los resultados.  El Banco tiene un año para conseguirlos.  Estaremos esperando.

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