¿Manipulación de la Información?

 

Pulso Económico

¿Manipulación de la Información?

Por: Jonathan Heath®

El Gobierno Federal anunció el lunes pasado un déficit público de 1.15 por ciento del PIB para 1999.  El problema es que el dato oficial del PIB no lo conoceremos hasta el 24 de febrero.  ¿Cómo hace Hacienda para obtener esta cifra 11 días antes que el INEGI?

No hay duda de que en el pasado se maquillaba las cifras.  Todas pasaban primero a revisión al escritorio del Secretario de Hacienda.  En muchas ocasiones, los datos no se divulgaban hasta el momento políticamente oportuno.  Si el dato era positivo, se anunciaba inmediatamente, si era negativo se anunciaba un viernes en la tarde para restarle difusión.  Era práctica común que un funcionario utilizara la información para anunciarla en algún foro y así demostrar que él tenía el poder de la información.  Todo el proceso, desde la producción misma hasta su anuncio al público, era sumamente obscuro.  Por lo mismo, la credibilidad de estos datos era precaria.

Poco a poco hemos dejado atrás la época que consideraba la información de interés común como poder y vamos hacia una democracia que considera la información como un bien público.  Uno de los responsables de este cambio fue Carlos Jarque en sus diez años al frente del INEGI.  Convenció a la administración central de la importancia de contar con información oportuna y confiable, ya que la credibilidad se gana a través de manejo transparente.  Jarque introdujo el calendario de difusión de la información estadística, que con un año de anticipación nos informa los días exactos de su publicación.  Inclusive, para evitar sospechas en el manejo de información privilegiada, el INEGI siempre da a conocer su información a las 2:30 p.m.

De la información estadística, la que más se manipulaba era la referente a las finanzas públicas.  Un ejemplo que ilustra la filosofía del sector público hace menos de 20 años es el del cumplimiento de las metas acordadas con el FMI después de la crisis financiera de 1982.  Cuando quedó claro que no cumpliríamos con el déficit público para 1983, el gobierno dejó de pagar los intereses devengados justos para poder reportar el número deseado.  En el siguiente acuerdo se fijó una nueva meta, pero esta vez del déficit público incluyendo intereses devengados y no pagados.  Sin embargo, nuestro gobierno buscaba otro truco para cumplir aunque fuera en apariencia.  Con este tipo de comportamiento, mostrábamos al FMI y a la comunidad internacional nuestra falta de seriedad y justificábamos la poca confianza en nosotros.

Otro ejemplo más reciente, en 1993, fue la brillante propuesta de la Secretaría de Hacienda de eliminar de la definición del déficit público la parte correspondiente a la intermediación financiera.  A través de una serie de argumentos que parecían justificarse, se dejó de publicar lo que antes se denominaba el déficit financiero y nos quedamos con el déficit económico.  En ese momento, la intermediación financiera había promediado cerca de 1 por ciento del PIB en el transcurso de los últimos años.  Por pura coincidencia, esta cifra brincó más de 3 puntos porcentuales al año siguiente, curiosamente de elecciones, justo cuando era necesario estimular a la economía para asegurar los votos.

Otro ejemplo fue en 1994 la sustitución de Cetes por Tesobonos por un monto enorme sin autorización del Congreso.  A pesar de que la ley establece un límite al endeudamiento externo, autorizado por el Congreso cada año, justo antes de las elecciones la Secretaría de Hacienda emitió una cantidad impresionante de deuda externa a corto plazo disfrazada de deuda interna a través de bonos con un rendimiento ligado al tipo de cambio y pagadero en dólares.

Habría que admitir que la transparencia en el manejo de la información ha mejorado sustancialmente.  El reporte trimestral sobre las finanzas públicas y la deuda pública sale 45 días después del cierre del trimestre.  El Banco de México publica semanalmente los datos sobre el financiamiento que tiene con el gobierno y la banca de desarrollo.

Sin embargo, todavía queda espacio para mejorar.  El manejo del costo fiscal de la deuda del IPAB y de Fobaproa es aún confuso.  La intermediación financiera queda en el limbo y no se sabe con precisión cuánto es el déficit de la banca de desarrollo y otras entidades similares.  Existen compromisos (como los Pidiregas) que constituyen gastos virtuales o diferidos y cifras diferentes al reportar el déficit en caja contra el déficit económico.

Ahora el gobierno informa que el déficit público resultó 0.1 por ciento del PIB menos que lo presupuestado.  Sin embargo, ¿cómo es que reporta oficialmente este dato cuando el INEGI lo dará a conocer hasta la semana entrante?

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