La Auditoría de Mackey

 

Pulso Económico

La Auditoría de Mackey

Por: Jonathan Heath

Finalmente la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados

 recibió ayer el famoso informe de las auditorias al Fobaproa.  ¿Qué debemos esperar?
Más de seis meses y unos escandalosos 20 millones de dólares después, Michael Mackey entregó el informe final que le dará a él la oportunidad de retirarse como multimillonario a expensas de los contribuyentes mexicanos.  La factura de Mackey es equivalente a 15,200 salarios mínimos anuales, monto que no hubiera podido haber ganado ni con varios premios gordos de la lotería.  Sin embargo, su fortuna es la menor de las preocupaciones emanadas de su trabajo.
Difícilmente podríamos recordar algún informe o investigación que se haya hecho con anterioridad que despertara tantas expectativas.  Dado que casi todos los interesados esperaban cosas distintas, sin lugar a dudas habrá desilusionados en mayor o menor grado, al igual que algunos satisfechos en distintos niveles.  Sin embargo, es difícil pensar que habrá alguien que pueda presumir que el informe cumple al 100 por ciento con sus expectativas.
Aunque el reporte está ya en el escritorio de algunos diputados de la Comisión de Vigilancia, no será sino poco a poco que el público se entere de su contenido.  Al tomar en cuenta que vivimos en una sociedad en la que todavía no tenemos pleno derecho a la información, seguramente habrá partes de la investigación que nunca llegaremos a conocer.  Más bien conoceremos únicamente lo que a las partes les interesa que conozcamos.  Seguramente el Ejecutivo dará a conocer los puntos positivos, mientras que los legisladores de oposición se asegurarán que nos enteremos de lo negativo.  Sin embargo, será casi imposible que tengamos acceso al informe completo para poder emitir nuestra conclusión imparcial y sin juicios políticos.
En este sentido necesitamos estar preparados para recibir en el transcurso de las próximas semanas, una diversidad de opiniones sobre el tema, pero seguramente ninguna será imparcial.  Cada opinión que escuchemos estará realizada en un contexto político y contendrá una dosis mayor de lo que quieren que escuchemos.  Por lo mismo, necesitamos estar preparados para descifrar lo que viene.  Para esto es necesario entender lo que cada cual quiere del informe.  De esta manera habremos de ubicar sus comentarios dentro de su sesgo natural.
El Ejecutivo busca que las auditorías confirmen que las acciones realizadas por el Gobierno Federal fueron hechas exclusivamente para evitar la quiebra sistémica de la banca y siempre dentro del marco legal correspondiente.  Si hubo acciones ilegales, éstas no fueron sancionadas por el gobierno.  Si hubo operaciones selectivas que favorecieron a un banco en particular, fueron justificadas de una forma u otra.  Finalmente, espera que las irregularidades encontradas sean básicamente las mismas que previamente había detectado la CNBV.
El PAN espera encontrar material suficiente para reducir significativamente el costo fiscal del rescate bancario y justificar no solamente el costo de las auditorías, sino además su línea política.  El PAN terminó apoyando al gobierno para encontrar una solución al conflicto bancario con la esperanza de que su propuesta significara un costo menor y poder presumir al público que su esfuerzo valió la pena.  Aunque es muy improbable, al PAN le encantaría que el reporte descubriera irregularidades de Eduardo Fernández y Guillermo Ortiz, para justificar los reclamos de sus renuncias.
El PRD busca irregularidades que van más allá de la simple oportunidad de reducir el costo.  En principio quiere encontrar evidencias para incriminar penalmente (y especialmente políticamente) a funcionarios públicos y probar que todo el proceso de rescate bancario fue realizado con alevosía y ventaja para el gobierno, que hubo favores mayores a los banqueros, que existieron acciones de encubrimiento a favor del Ejecutivo.  Quiere probar al público que el inmenso costo que ahora tiene que absorber la sociedad era innecesario si no hubiera existido tanta corrupción y mala supervisión por parte del gobierno.
Ante todo lo demás, el PRI necesita evitar que salga a la luz pública el manejo de su campaña de 1994.  Aunque se detectaran irregularidades, el PRI espera que Mackey no encuentre ningún vínculo entre éstas y sus esfuerzos de financiamiento, que es lo que más daño le pudiera hacer.  Los esfuerzos de los funcionarios de Hacienda por escudarse detrás de las leyes de secreto bancario no han hecho más que incrementar las sospechas del público.  La experiencia nos dice que las leyes en nuestro país siempre han sido lo suficientemente flexibles (o débiles) como para que el gobierno haga lo que quiera.
En general, el Congreso (de oposición) quiere demostrar la importancia de contar con un contrapeso del Gobierno Federal.  Necesita justificar al público el retraso de un año en la aprobación del IPAB y el hecho de que todavía no han dictaminado las demás enmiendas pendientes.
De entrada ya hemos escuchado algunas declaraciones preliminares en preparación a lo que viene.  Por ejemplo, Marco Provencio, el vocero oficial de Hacienda, admitió carencias legales y dijo que hay pendientes en este rubro que se reflejarán en el informe, como son la Ley de Quiebras y la falta de mecanismos para ejecutar garantías de crédito.  Lo que busca de entrada es que las irregularidades que se encuentren se puedan justificar bajo la óptica de una debilidad jurídica que el Ejecutivo, ya buscó corregir y para la cual el Congreso no ha querido cooperar.
Sin embargo, ni así puede escapar de sus errores ya que fue una falla mayor del Ejecutivo el no haber enviado al Congreso hace cuatro o cinco años las iniciativas de ley.  De haber contado con buenas Leyes de Garantías y de Quiebras desde 1995, seguramente la crisis bancaria sería la mitad de lo que es hoy.  Además, el gobierno contaba con una mayoría priísta en la Cámara de Diputados hasta el primer semestre de 1997, lo cual hubiera facilitado su aprobación.
Al final de cuentas, el público simplemente quiere que se aclare cómo es que el gobierno pudo generar una deuda tan enorme, que las partes culpables paguen su merecido y que se sienten las bases para que no vuelva a suceder.

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