Equidad y Reforma Fiscal

 

Pulso Económico

Equidad y Reforma Fiscal

Por: Jonathan Heath

Se ha discutido mucho sobre la importancia de la reforma fiscal.  Sin embargo, no solamente faltan los consensos necesarios, sino que además no se ha enfocado el debate en los puntos más importantes.  Sin lugar a dudas, es mucho más efectivo el gasto público como herramientas que las políticas impositivas.

Las perspectivas de la economía mexicana son más optimistas a raíz del mejoramiento del entorno externo.  Ahora se observa una recuperación en los precios de exportación de petróleo.  El mercado internacional de capitales se ha fortalecido, después de su contracción a mediados del año pasado.  También se percibe que el dinamismo de la economía norteamericana se mantiene, siendo que hace poco los analistas hablaban de su desaceleración.  Esto significa que estaremos en mejores condiciones para enfrentar el último año del sexenio, por más que repiten los funcionarios que no habrá una crisis, sabemos que tenemos que estar preparados para lo peor.

No obstante las mejorías, existen dos áreas en que no ha existido avance alguno y que representan debilidades importantes.  Estas son el sistema bancario y la estructura fiscal.  Por más que se ha comentado acerca de la importancia de una reforma fiscal, no han existido los consensos para impulsar los cambios necesarios.  Por lo mismo, tenemos una estructura tributaria muy débil, con una dependencia importante en recursos petroleros y una relación de ingresos a PIB muy baja.  Esto representa un punto de vulnerabilidad que se necesita corregir.

El punto de vista del sector empresarial es que necesitamos un sistema fiscal que incentive la inversión y que promueve la actividad económica.  Sin embargo, este es un punto de vista parcial, ya que se limita al México moderno.  Es una manera de asegurar el máximo crecimiento de las empresas globalizadoras, pero deja fuera al otro México, donde está la mayoría de la población y la pobreza extrema.

El punto de vista del gobierno es el de recaudar lo máximo posible para atender tantas necesidades básicas de infraestructura y de gasto social.  Sin embargo, su sesgo recaudador inhibe la creación de empleos y crea distorsiones que promueven la ineficiencia.  Al mismo tiempo, su manejo del gasto se percibe como arbitrario, despilfarrador y corrupto.  Resulta difícil convencer a la población de que pague más impuestos, si está convencido que sus recursos simplemente van ir a los bolsillos de los políticos.

El tiempo nos a dado dos lecciones importantes.  Primeramente, se ha visto que el mercado es el mecanismo más eficiente para distribuir y asignar bienes y servicios dentro de una economía.  El tratar de ignorar o contradecir las fuerzas del mercado casi siempre sale contraproducente.  Sin embargo, la segunda lección es que no se resuelven los grandes desequilibrios e inquietudes sociales vía el mercado.  En otras palabras, no se puede pensar que el mercado va a resolver el problema de la pobreza o la distribución del ingreso.

Cualquier intento de reforma fiscal tiene que tomar en cuenta las dos lecciones.  Necesitamos más recursos públicos para atender las necesidades sociales, pero no podemos ignorar las fuerzas del mercado.  Podríamos pensar que esto significa que se debería de buscar un sistema que recauda lo máximo posible sujeto a la restricción de no crear distorsiones perversas.  Sin embargo,  la respuesta no está del lado de los ingresos sino más bien del lado del gasto.

La política fiscal es el instrumento más efectivo para redistribuir el ingreso y contribuir a una mayor equidad.  Sin embargo, el efecto redistribuyo de las políticas impositivas, especialmente en el contexto de una economía abierta, es muy pequeño.  Y son muchos estudios que terminan por concluir que el sistema impositivo de un país debería de tener una cobertura amplia, eficiente, fácilmente administrado, con tasas moderadamente marginales.  Entre más sencillo sea, mejor.

Donde existen las mejores oportunidades para redistribuir el ingreso es en el lado del gasto público. La vinculación entre una distribución equitativa del ingreso y el gasto social es muy sólida, especialmente en los campos de sabiduría y educación.  Esto significa que necesitamos primeramente maximizar el monto del gasto social y después asegurar que ese gasto se haga en  la mejor forma posible.  Existe mucho más campo para combatir la pobreza a través de un sistema impositivo con tasas marginales muy progresivas.

Por lo mismo, no debemos enfocar la reforma fiscal hacia un sistema impositivo con incentivos marcados.  Necesitamos un sistema que sea lo más simple posible y fácil de recaudar.  Esto significa unificar las diferentes tasas del IVA y eliminar concesiones especiales.  Significar  ampliar la base de cobertura lo más que se pueda.

Existen muchos estudios que demuestren que el gasto en salud básica y educación primaria es mucho más efectivo en ayudar a combatir la pobreza que el gasto en educación superior o en hospitales especializados.  En otras palabras, aunque podemos determinar que es una prioridad social incrementar sustancialmente el gasto en educación, no podemos simplemente aumentar el rubro en general.  Existe una diferencia enorme al aplicar el gasto educativo en sus diferentes áreas.

Si nuestra prioridad es combatir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, tenemos que enfocar más gasto en el ámbito de educación primaria y secundaria.  No queda tan claro que el gasto público en educación superior sea la mejor manera de eliminar la pobreza extrema.  Su efecto sobre la distribución del ingreso es marginal.  Esto significa que si nos enfrentamos a recursos escasos, tenemos que tener bien claro no solamente cuales son nuestras prioridades, sino también donde sería más efectivo.

Al final de cuentas, la parte más importante de la reforma es la que menos se ha discutido y es con relación a cómo mejorar la cantidad y calidad del gasto social.  Para esto se necesita una mayor transparencia en la información y un sistema de rendición de cuentas.  No solamente necesitamos determinar democráticamente cómo se va a distribuir el gasto con base a las prioridades que dicta la sociedad, sino que necesitamos formas públicas y abiertas para auditar a los responsables de ejecutarlo.

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