¿Persona o Institución?

 

Pulso Económico

¿Persona o Institución?

Por Jonathan Heath

Las posiciones polarizadas sobre el papel que debe asumir la Banca Central en México se siguen manifestando, en especial ahora que se ha entregado al Congreso la nueva iniciativa de ley que busca fortalecer la autonomía del Banco de México y otorgarle el derecho de manejar la política cambiaria.

Desafortunadamente, esta iniciativa tiene un error de fondo, dado que no establece en forma explícita la responsabilidad que implica el control de la política cambiaria.  Por lo mismo, de quedar aprobada, el Banco de México tendrá más instrumentos que objetivos.

Esto puede resultar peligroso en el futuro, ya que ahora las autoridades monetarias tienen en su poder las políticas monetaria y cambiaria, pero con un solo objetivo: mantener la estabilidad de los precios.  Esto significa que podrán utilizar el tipo de cambio como ancla para abatir la inflación, aun sabiendo que esto podría perjudicar la competitividad de las exportaciones y vulnerar la balanza de pagos.  Como no se establece que también se deberían de preocupar por el funcionamiento normal de los pagos internos y externos de la economía, no existe una relación entre objetivos e instrumentos o entre derechos y obligaciones.

Esta ley, tal como esta, le da a nuestro Banco Central demasiado poder.  Al no fincar explícitamente las responsabilidades, no tenemos ninguna garantía de que no se van a cometer de nuevo los mismos errores.  Se pudiera alegar que con Guillermo Ortiz en la posición de Gobernador, no es necesario especificar este objetivo adicional, dado que seguramente está muy consciente de él y buscará a como dé lugar evitar una crisis en la balanza de pagos.  Esto puede ser cierto, pero las leyes no se hacen en función de las personas sino de las instituciones.

En sí el cambio en la legislación es positivo, dado que existe mucha interrelación entre ambas políticas, pero resulta incompleta en su versión actual.  Sería un error aprobar esta ley sin adjudicar correctamente al Banco la responsabilidad explícita que le corresponde en la política cambiaria.

Dada la experiencia en el manejo de estas políticas en México, no sería mal visto tomar en cuenta las experiencias de Nueva Zelanda.  En ese país se compromete al Gobernador a cumplir cabalmente los objetivos anunciados.  El incumplimiento de las metas significa el despido automático o por lo menos la renuncia vergonzante.

No hay duda de que el gobierno y el Banco de México están muy conscientes del problema de la balanza de pagos.  Han tomado medidas amplias, cambios legislativos y reajustes en el Gabinete, encaminados a evitar una crisis al final del sexenio.  Sin embargo, el problema todavía no queda resuelto por completo.

Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda reportó a fines de la semana pasada que la deuda externa del país descendió a fines del año pasado a 149.7 mil millones de dólares (mmd), comparada con 157.4 mmd a fines de 1996 y 164.2 mmd a fines de 1995.  Estas cifras, junto con los montos pendientes de amortización, fueron oportunamente reportados al público por Reforma el sábado pasado.  Según la publicación de Hacienda, tendremos que amortizar 33.7 mmd este año, lo cual corresponde al 22.5 por ciento de la deuda.  No obstante, la deuda de corto plazo, es decir lo que deberíamos de pagar este año, es realmente mucho más.  El gobierno reporta un monto de 17.4 mmd como deuda de los bancos mexicanos, sin especificar cuándo se tiene que amortizar.  Casi la totalidad de esta cantidad es deuda de corto plazo que se tendrá que refinanciar durante el año.

Esto significa que realmente tendremos que pagar este año 51.1 mmd, lo cual corresponde al 34.2 por ciento de la deuda externa total, aunque habría que admitir que una parte importante de esta amortización tiene implícito un refinanciamiento casi automático.  De aquí al año 2000, tendremos que pagar 78.0 mmd, lo que representa 52.1 por ciento de la deuda externa total.  Esto demuestra que a pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno, nuestro perfil de deuda externa todavía no tiene mucha profundidad.

El gobierno ha presumido de que la deuda externa como proporción del PIB es relativamente favorable comparada con muchos países.  Sin embargo, la mayoría de estos países tiene una estructura temporal mucho más amplia que la nuestra.  Por ejemplo, de la deuda total de 149.6 mmd, únicamente 31.7 mmd, es decir el 21.2 por ciento, se debe de pagar en un horizonte mayor de 10 años.  Esto significa que se tendrán que amortizar 117.9 mmd dentro de los siguientes 10 años.

Por un lado, los refinanciamientos automáticos ayudan a sostener los flujos de capital.  La inversión extranjera directa va en aumento y se ve factible que la oferta de divisas seguirá creciendo al parejo de la demanda.  Por lo mismo, no debería de existir una depreciación muy marcada en el tipo de cambio.  Por otro lado, el déficit de la cuenta corriente seguirá creciendo como proporción del PIB a tal grado que si el gobierno no induce una desaceleración, podríamos observar un déficit superior al 5 por ciento para el año 2000.

Este conjunto de eventos significa que llegaremos al año 2000 en una situación de alta vulnerabilidad, aunque no necesariamente de desequilibrio.  Dado que se esperan elecciones muy competidas para ese año, el gobierno tiene que asegurar resultados económicos positivos para mantener sus posibilidades de un triunfo.  Sin embargo, si no existe una desaceleración en la economía y una depreciación más marcada en el tipo de cambio (que pudiera incrementar las presiones inflacionarias), la vulnerabilidad creciente podría llevarnos otra vez a una situación de crisis en la balanza de pagos.

Esto mismo hace necesario contar con una institución que pudiera manejar las políticas monetaria y cambiaria en forma independiente, sin mezclar las consideraciones políticas con la necesidad de evitar otra crisis.  Esta inquietud es la que está en el fondo de la ley que se presentó al Congreso.  Dado que la persona que está en el puesto reconoce esta necesidad, estamos en buen camino para evitar la crisis.  Pero seguimos resolviendo nuestros problemas con las personas adecuadas y no con las instituciones adecuadas.

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