Pulso Económico
Hace unas semanas comentábamos acerca de los avances que ha tenido el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en cuanto a la política de divulgación de sus datos. Hoy en día, México esta a la vanguardia en esta área gracias a los esfuerzos de esta institución por aprovechar la tecnología disponible, reducir el tiempo de procesamiento de los datos y por divulgar su información de acuerdo a un calendario exacto hasta en cuanto al minuto de su publicación.
Sin embargo, todavía falta un punto primordial en la agenda de la política informativa. A los funcionarios públicos se les ha olvidado el tema de la autonomía formal del INEGI. Hoy en día, aunque es un organismo desconcentrado, sigue dependiendo directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El concepto de autonomía es más complejo de lo que parece a primera vista. Para gozar de una independencia genuina se necesitan tanto la autonomía legal como la autonomía en los hechos. Las dos son necesarias, ya que ninguna es suficiente por sí sola. Tenemos dos casos muy claros que ilustran este hecho: el Banco de México y el INEGI. El primero tiene una autonomía legal, pero carece de ella en la práctica. El segundo goza de una autonomía en la práctica pero no lo respalda la ley.
Cuando nombraron a Guillermo Ortiz Gobernador del Banco de México, los periodistas le preguntaron acerca de la autonomía. Ortiz respondió que la Constitución determina la autonomía del Banco Central por lo que no había duda alguna acerca de su independencia. Sin embargo, en la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley del Banco de México, se establece que “uno de los pilares fundamentales de la autonomía de la institución lo constituyen las disposiciones tendentes a procurar la independencia de criterio de las personas encargadas de su conducción”. Obviamente, la recomposición actual de la Junta de Gobernadores no es un acto que respetó la independencia de criterio de la Junta anterior. Por lo mismo, es un claro ejemplo de que la autonomía legal no es lo mismo que una autonomía real.
El INEGI se ha manejado en una forma casi totalmente autónoma desde hace tiempo, pero en especial a partir de este sexenio. Esto se ha dado porque el Secretario de Hacienda (hasta fin del año pasado), había mostrado gran interés en la mejoría constante de las estadísticas mexicanas y depositó su confianza incondicional en la persona de Carlos Jarque. Es de esperar que el actual Secretario de Hacienda ratifique esta actitud y por lo mismo, el INEGI siga manejándose en la misma forma. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que en el futuro esta relación de respeto se mantenga, dado que no existe el respaldo legal que garantice su autonomía.
Ya es tiempo de que el gobierno reconozca formalmente la autonomía del INEGI. En un país como el nuestro, en el que hemos tenido un historial muy negativo en el aparente manejo obscuro de la información, la falta de transparencia y la artimaña arbitrariamente discrecional en la presentación de los indicadores económicos, se tiene que procurar llevar a cabo todos los actos posibles que garanticen el dominio público de la información. Ya existe una iniciativa de ley que propone la autonomía del INEGI sin que los legisladores le hayan dado la importancia necesaria.
Por lo pronto, existe una implicación práctica de esta falta de autonomía. Se ha utilizado como pretexto para mantener el manejo de los índices de precios en manos del Banco de México. Nuestro Banco Central tiene como mandato constitucional procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, abatir hasta lo posible la inflación. Sin embargo, esta institución es juez y parte dado que tiene a su cargo la elaboración y mantenimiento de los índices oficiales de precios.
Dado que es una institución autónoma no tiene por qué rendir cuentas al Ejecutivo Federal ni al Congreso de la Unión. Unicamente tiene la obligación de presentar un informe anual sobre su presupuesto de gasto corriente e inversión física y dos informes al año sobre sus funciones sustantivas. Por lo mismo, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo y el público en general, juzgarán al Banco por los resultados obtenidos en cuanto a su función principal, es decir, en relación a su éxito en abatir la inflación. Sin embargo, actualmente es el propio Banco el que calcula cuánto ha sido la inflación. No es que desconfiemos de las autoridades monetarias, pero es evidente que existe un claro conflicto de intereses.
En mayo de 1993, es decir, hace casi cinco años, en la exposición de motivos para la reforma constitucional para dotar de autonomía al Banco de México, se nos dijo que “de ser aprobada la reforma constitucional propuesta, no resultaría procedente que la estadística en materia de índices de precios continuara a cargo del banco central. Su producción sería encomendada al INEGI, órgano desconcentrado de la administración pública federal con autonomía técnica, para realizarla con la objetividad y alta calidad que hasta ahora la han caracterizado.” Sin embargo, a la fecha esta promesa no se ha cumplido.
Según el gobierno, no fue posible pasar de inmediato la responsabilidad de los índices de precios del Banco al INEGI a causa de algunos problemas jurídicos. Los índices de precios son utilizados legalmente para calcular toda una serie de cuestiones, como tasas de interés en los ajustabonos, deducibilidad fiscal, etc. Por lo mismo, existen muchas leyes diversas que establecen que para el cálculo oficial de la inflación habría que tomar los índices elaborados por el Banco de México. Al pasar esta responsabilidad al INEGI, técnicamente no se puede cumplir con las leyes anteriores. Esto significa que previamente se tienen que cambiar toda una serie de leyes.
Sin embargo, parece ser que el problema no termina simplemente en estos cambios de ley. Primeramente se tiene que otorgar una independencia al INEGI de la Secretaría de Hacienda. De lo contrario, un instituto bajo la responsabilidad directa de Hacienda estaría realizando los cálculos para la deducibilidad fiscal y el pago de intereses, que tienen que ver con la propia Secretaría. En otras palabras, para resolver un conflicto de intereses en donde el Banco de México construye su propia barra de medición, se estaría creando un número mayor de conflictos similares al permitir que una dependencia del Hacienda tenga esta responsabilidad.
Por lo mismo, para resolver el problema se tiene que empezar por dotar al INEGI de una plena autonomía. Posteriormente, se tienen que cambiar las leyes que mencionan el uso de índices de precios del Banco de México por los de INEGI y simultáneamente pasar esta responsabilidad al INEGI. Obviamente, se trata de toda una maroma legal que habrá que resolver. Sin embargo, ya hubo tiempo para solucionar todos estos conflictos y ahora está atorado en el Congreso de la Unión.
Bueno, señores legisladores, ¿qué esperan?
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