Réquiem por el Pacto

 

Pulso Económico

Réquiem por el Pacto

Por: Jonathan Heath

El primer pacto con que iniciamos toda una tradición de políticas de concertación fue puesto en marcha en diciembre de 1987.  Al considerar que el actual, ahora llamado “Alianza para el Crecimiento”, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997, cumplimos una década exacta de lo que podemos llamar políticas de consenso.  Aunque existe la posibilidad de que ya no se renueve la decimoctava edición del ya famoso acuerdo entre sectores, podemos anticipar una nueva etapa de concertaciones reales y mucho más democráticas.
El pacto original fue creado como un instrumento heterodoxo para ayudar a combatir la inflación inercial.  Con el paso del tiempo, la inflación disminuyó significativamente.  No obstante, el pacto permaneció aun cuando hace tiempo que pasaron de moda las palabras “inercial” y “heterodoxo”.  Poco a poco fue dejando de ser un instrumento de política económica para pasar a ser un instrumento meramente político.  A los funcionarios les encantó la idea de realizar una política que fuera de consenso, es decir, que tuviera el respaldo de la sociedad.  Por lo mismo, quedó con nosotros todo este tiempo algo que fue diseñado completamente para otros propósitos.
No cabe duda de que el pacto tuvo un éxito marcado en relación a sus objetivos originales.  Pudo romper con el círculo vicioso de la inflación inercial, lo cual fue crucial para reducir la inflación de un pico de 179.8 por ciento (febrero de 1988) a menos del 20 por ciento en apenas 14 meses (abril de 1989).  Sin embargo, la administración salinista nunca supo cómo salirse a tiempo y permaneció renovando pactos por ocho años más.
Con el paso del tiempo, la política de “consenso social” llegó a representar una camisa de fuerza para la política económica, restándole la flexibilidad necesaria para adaptarse a los tiempos cambiantes.  En especial, la política cambiaria fue sujeta a mucha especulación en relación a las fechas en que se anunciaban los nuevos parámetros de desliz en las bandas de intervención del Banco Central.  Esto llevó a una vulnerabilidad creciente en los flujos de capital, que mostraban vaivenes importantes al incrementarse la especulación cuando se acercaban las fechas de la renovación del pacto.
Por lo mismo, las autoridades no se atrevían a cancelar el pacto dado que no encontraban otro camino para brindar la misma seguridad a los inversionistas foráneos.  Ni siquiera la devaluación del peso a finales de 1994 y la recesión de 1995, sirvieron para que el gobierno encontrara cómo salirse de la necesidad continua de su renovación.  Con el paso del tiempo, el contenido económico del pacto se fue desvaneciendo, hasta que a últimas fechas únicamente incluye los aumentos en los salarios mínimos y los precios públicos.
Pero más grave era que el pacto resultaba ser una patraña en relación a conseguir un verdadero consenso social.  Era un mecanismo de cabildeo y negociación entre las distintas fuerzas políticas, representadas por los sectores empresarial y laboral.  Sin embargo, esto siempre se sostuvo dentro del marco de la política corporativista que distaba mucho de tener alguna representación democrática.
La negociación se hacía con los líderes de la cúpula empresarial que más bien eran representantes de una pequeña elite.  Se autonombraban líderes a través de un proceso obscuro y autoritario, sin consideración alguna de la mayoría de los empresarios.  Por parte del sector obrero, la representación era igual de cuestionable.  Los líderes eran oficialmente representantes del partido oficial, habiendo llegado a sus puestos por méritos partidistas, que poco tenían que ver con sus agremiados.  Los intereses, tanto de los seudo-líderes empresariales, como de los representantes del sector laboral, eran más bien personales y en muchas ocasiones viciados por ambiciones políticas.
Dado que la ley obligaba a los obreros a pertenecer a un sindicato y a las empresas a afiliarse a una cámara, la firma de los representantes en el pacto se volvía obligatorio para toda la sociedad.  A pesar de que no había una ley específica que respaldaba sus acciones, el gobierno llegó a cerrar empresas que no acataban lo que contenía el pacto.  Esto a pesar de que ninguno de sus firmantes tenían la representatividad legal que les hubiera otorgado una elección democrática.
Sin embargo, los tiempos cambian.  Primero, la Suprema Corte de Justicia declaró que era una violación de los derechos que otorga la Constitución el forzar a un obrero a pertenecer a un sindicato, igual que forzar a una empresa a pertenecer a una cámara.  Esta acción empezó a debilitar la solidez política con la que alguna vez operaba el pacto.  Después, murió Don Fidel Velázquez, poniendo en duda la solidez de las estructuras laborales que alguna vez funcionaron.  Finalmente, las elecciones del 6 de julio cambiaron la correlación de fuerzas en el país e introdujeron un nuevo sistema político de cabildeo y negociación.  Acudimos a las urnas con la intención de acabar justamente con este tipo de prácticas.  El mensaje que emitieron los ciudadanos fue de que ya no se puede ignorar a las mayorías a través de negociaciones obscuras entre las cúpulas tan distantes de la mayoría de la sociedad.
Anteriormente, las negociaciones se hacían entre los sectores empresarial y laboral dado que no existía una pluralidad efectiva en el Congreso.  La que se firmaba en el seno del pacto se convertía casi automáticamente en ley, simplemente faltando el trámite administrativo de informarle al Congreso.  Ahora las negociaciones del pacto son casi irrelevantes, ya que el verdadero cabildeo se va a tener que realizar entre el Ejecutivo y el Congreso.
Por lo mismo, lo que era el pacto o la alianza como lo conocíamos hasta hace poco, se convierte de repente en un instrumento obsoleto que se debe dejar morir.  Políticamente, para reconocer abiertamente la nueva correlación de fuerzas; económicamente, para tener una política más flexible que se pueda adaptar a las circunstancias cambiantes.  Si el Ejecutivo insiste en renovar el pacto una vez más, simplemente se va a crear un antagonismo mayor con un Congreso que tiene ganas de pelear y enfrentar cuanta polémica encuentre.  El pacto ya no puede tener la validez que antes, ya que por primera vez existe una nueva representación de la sociedad, ahora sí con un respaldo democrático, que estará negociando dentro del marco de la ley, lo que antes se veía en el pacto.
Dejemos atrás la farsa de lo que se llamaba un consenso social, para dar un paso firme hacia nuestra tan anhelada democracia.




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