Si Ganara el PRD

 Pulso Económico

Si Ganara el PRD

Por: Jonathan Heath

La prestigiada correduría norteamericana Merrill Lynch, amenazó la semana pasada con crear nerviosismo en los mercados financieros si los mexicanos expresan sus preferencias electorales a favor de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD en las elecciones del Distrito Federal en julio próximo.  Las palabras textuales de la institución financiera fueron en sí más moderadas, dado que dicen que el nerviosismo potencial vendría de los mercados.  Sin embargo, bien sabemos que son precisamente ellos los que constituyen el mercado y construyen o destruyen el nerviosismo.
La declaración de Merrill Lynch llama la atención en varios aspectos.  Primero, se puede interpretar como un intento de violar la soberanía del pueblo mexicano.  Amenazar a un país libre de que va a existir nerviosismo si no se escoge al partido que ellos favorecen es una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país.  Si esta institución quiere advertir a sus clientes en forma confidencial que tengan cuidado con México si gana tal partido o tal candidato, por los efectos nocivos que creen que pudiera tener, es su derecho y quizás hasta su deber.  Sin embargo, realizar tal declaración en público ya no tiene el mismo ánimo de simplemente informar a sus clientes de un peligro latente.  Más bien se trata de influir en el ánimo del público en general para tratar de persuadir el voto hacia otro lado, en función de sus intereses particulares.
Una declaración pública de este tipo de una institución tan prestigiada, puede influir en el voto de algunos más que los anuncios de obras públicas por parte del gobierno durante los 30 días previos a las elecciones.  El IFE, con justa razón, piensa que los funcionarios no deberían publicitar sus obras justamente antes de las elecciones por la ventaja clara para el partido oficial. El IFE también quiere crear una comisión para investigar las presiones ejercidas sobre los votantes.  Ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apoya ventajosamente al PRI y rechaza los acuerdos del IFE.  Desafortunadamente, nuestro camino a la democracia no es perfecto ni rápido.  Pero seguramente, si el IFE pudiera forma dicha comisión, uno de los primeros casos a investigar debería ser la presión ejercida por Merrill Lynch sobre los votantes.  Es una clara desventaja para el PRD que no debería ser permitido.
El siguiente aspecto que llama la atención de esta amenaza a los votantes, es el daño que la institución financiera piensa que pudiera ejercer el PRD si llegara a ganar el Distrito Federal.  Dicen que el PRD representa cambios sustanciales en la dirección económica, en especial en temas relacionados con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC), la protección a la industria nacional, la política de tasas de interés y acciones legales de la banca contra los deudores.  Sin embargo, ninguno de estos temas es competencia del gobierno del Distrito Federal.
Una posible renegociación del TLC le corresponde primero, al Ejecutivo de la nación a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y después al Congreso de la Unión.  Si este tema preocupa Merrill Lynch, entonces debería enfocarse a examinar al gobierno de su propio país, que está realizando una evaluación del TLC en su Congreso.
Lo mismo pasa con los demás temas que le preocupan.  La protección a la industria interna es materia de Secofi y el Congreso.  La política de tasas de interés es materia del Banco de México.  Las acciones legales de la banca contra los deudores le corresponde al Poder Judicial.
Al gobierno del Distrito Federal le corresponde otro tipo de decisiones.  Debe velar por la seguridad pública, por la recolección de basura, por el alumbrado público, por la repavimentación de las calles, por los permisos de los ambulantes, por las manifestaciones públicas, por el otorgamiento del derecho de uso del suelo, por las disposiciones ecológicas y por muchos otros temas de interés local.
He leído con cuidado el “Programa para el Desarrollo Económico con Justicia Social, 1998-2000”, por el PRD en febrero de este año.  En general, quiere casi lo mismo que los demás partidos: una mejoría sustancial en el nivel de vida de todos los mexicanos.  Sin embargo, propone algunas medidas para lograr sus metas que creo que no son factibles e inclusive conllevan ciertas inconsistencias.  Pero para poder cambiar el rumbo, propone lograr una mayoría en el Congreso.  En ningún momento piensan ellos que podrán cambiar la política económica desde la gubernatura del Distrito Federal.
Si llegara a ganar el PRD el Distrito Federal, no habría ningún cambio en el rumbo de la política económica.  Sin embargo, sí es posible pensar que mejorarían los servicios ofrecidos por el gobierno a los chilangos, simplemente porque habría muchísima más competencia.  El PRD, o cualquier otro partido de oposición, sabe que tendría únicamente tres años para demostrar su habilidad para gobernar.  No van a cometer errores que pudieran perjudicar sus posibilidades en las elecciones del año 2000.
El último aspecto que llama la atención de las declaraciones de esta institución es el costo implícito que está asumiendo en el mejoramiento del proceso democrático.  Al tratar de influir en los votantes mexicanos, está enviando el mensaje de que una mayor competencia democrática conlleva el costo de un nerviosismo financiero que no vale la pena.  Sin embargo, creo que están equivocados.  Aun en el caso de que la mayoría de los mexicanos votara por el PRD y hubiera un supuesto nerviosismo en los mercados, valdría la pena aguantarlo ya que el avance democrático lo justificaría plenamente.  Si después de tres años no hacen un trabajo adecuado, entonces el mismo proceso democrático los debería de echar fuera.
Lo que no podemos permitir es que un gobierno malo sea reelegido, ya sea el PRI, el PAN, el PRD o cualquier otro partido.  Como parte del mismo proceso, no deberíamos permitir que una institución financiera nos intimide y nos presione para votar por un partido u otro.  Así como debería estar prohibido que los funcionarios hagan publicidad ventajosa de los obras sociales, también debería estar prohibido que instituciones extranjeras con intereses en nuestro país intervengan en nuestro proceso democrático.
Lo primero es malo, pero lo segundo es peor.



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