La Nueva Ley de Cámaras

 

Pulso Económico

La Nueva Ley de Cámaras

Por: Jonathan Heath

La Secretaría de Comercio está por enviar a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, la nueva Ley de Cámaras para sustituir a la actual, que está vigente desde 1941.

  A pesar de que la Suprema Corte dictaminó que la ley actual es anticonstitucional, todo parece indicar que la nueva iniciativa también lo será.  La Constitución sostiene que es ilegal la obligatoriedad de pertenecer a alguna cámara.  Dado que la ley actual precisa esta obligatoriedad, se tiene que cambiar.
El problema radica en que los seudo-líderes empresariales quieren mantener la obligación a través de un registro forzoso.  Si es que se introduce la iniciativa de esta forma, seguirá siendo ilegal: simplemente se habrán cambiado las palabras pero no el fondo.
El registro forzoso es absurdo por muchas razones.  Primero, es un costo adicional para las empresas.  No son únicamente los 350 pesos como cuota anual, sino también el procedimiento burocrático de llevar a cabo otro de tantos trámites.  La idea de la desregulación es reducir los trámites, especialmente los que no son importantes ni vitales para el País.
La segunda razón es que no tiene caso realizar un registro para fines estadísticos cuando se tiene un instituto de estadística e informática para estos fines.  El INEGI puede llevar a cabo los registros como parte de sus funciones rutinarias y proporcionar todas las estadísticas e indicadores necesarios.  Tener esta función en una cámara es una duplicidad inútil.  El INEGI puede mantener un sistema de información empresarial mucho más eficiente y completo.
La tercera razón es que las cámaras no han sido muy representativas de los intereses empresariales.  Sus líderes no son elegidos por las bases, sino escogidos entre un grupo pequeño de empresarios privilegiados.  Por lo mismo, no existe representatividad.  En las cúpulas se toman decisiones ajenas a los intereses y problemas de las empresas y en muchos casos sirven únicamente para aparentar legitimidad de una serie de imposiciones.
Por ejemplo, todas las decisiones “consensadas” de los pactos a través de los últimos ocho años, siempre fueron autoritarias y nunca consultadas con las empresas.  Es uno de los sistemas más antidemocráticos posibles.  Ahora la extensión de registro obligatorio sirve únicamente para garantizar la supervivencia de los líderes.
En una entrevista con el diputado Jorge Ocejo Moreno, se admitió que los legisladores iniciarán una serie de consultas con la cúpula del sector privado para estudiar la propuesta de consenso del sector privado y las autoridades.  De una forma y otra, los legisladores son representantes elegidos del pueblo y por lo tanto, tienen la facultad de representarnos, de proponer y aprobar leyes.  Sin embargo, ¿quién eligió a los líderes empresariales o quién determinó quién es quién dentro de la cúpula empresarial?  Su representatividad legal es nula y la moral todavía menos.
En el fondo, la Constitución nos garantiza la libre asociación y nos protege de representatividades falsas.  La obligación de pertenecer a una cámara, así como la imposición de un sindicato a un obrero, son las herramientas de un sistema autoritario que la mayoría quiere cambiar.  Un sistema democrático no permite que una élite empresarial nos obligue a acatar a sus gustos arbitrarios.
Según el INEGI, más del 20 por ciento de todas las personas que trabajan, lo hacen en un establecimiento sin registro administrativo o fiscal y sin domicilio fijo, o sea en la que todos conocemos como la economía informal.  Además, existe un área gris adicional que pudiéramos denominar la economía semi-informal, en donde las empresas pagan algo de sus impuestos, pero no todos, y en donde existen algunos de los registros administrativos y burocráticos, pero no están completos.
Todos los días las empresas están buscando cómo reducir su carga impositiva.  Lo que menos quieren es otro trámite ridículo, sin sentido, que sirve únicamente para los fines personales y políticos de un grupo reducido de gente.  Todos los días las empresas están buscando fórmulas para zafarse de trámite, registros, licencias, permisos, autorizaciones y demás burocratismos.  Si los líderes empresariales fueran genuinos, estarían ayudando a reducir los trámites.
Sin lugar a dudas, la cantidad excesiva de regulaciones y requisitos legales para formar una empresa y los impuestos desmesurados que carga el Gobierno sirven como estímulo para trabajar fuera de la ley.  Lo que esta mal, no es el empresario que evita pagar impuestos sino el Gobierno que cobra impuestos excesivos y emite regulaciones burocráticas exageradas.  Esta es la situación que los seudo-líderes quieren agravar aún más con otro registro obligatorio.
Como resultado de la apertura comercial, nuestras empresas tienen que ser mucho más eficientes y competitivas.  Tienen que adoptar tecnología de vanguardia.  Tienen que reducir todos los costos innecesarios.
El Gobierno tiene que ayudarlos a ser competitivos a través de una política cambiaria realista, una política fiscal que alienta el pago oportuno y completo de impuestos y una política monetaria que induce tasas de interés lo suficientemente elevadas para estimular el ahorro y lo suficientemente bajas para fomentar la inversión.  También tiene que seguir en forma activa con la simplificación administrativa y el proceso de desregulación.
En la nueva Ley de Cámara existe una oportunidad más para simplificar y reducir el número de requisitos, para ayudar a incrementar la eficiencia y la competitividad.
Vamos a ver qué es lo que decide nuestro Gobierno.

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