Pulso Económico
El Efecto Político de la Política Económica
Por: Jonathan Heath
En el segundo informe de la Nación, el Presidente fue muy claro en cuanto a la meta de crecimiento para el año entrante: 4 por ciento. Esta meta se presenta como conservadora ya que el Plan Nacional de Desarrollo sostiene que deberíamos buscar un crecimiento de por lo menos 5 por ciento. Dado que este año habremos de superar ampliamente la meta planteada del 3 por ciento, muy cerca de 4 por ciento, todo parece indicar que el Gobierno está poniendo una meta fácil de cumplir para 1997. Primero, para verse bien a la hora de su superación y segundo, para no quemarse con una meta que posiblemente no podríamos cumplir.
Las posibilidades de crecer por lo menos al 4 por ciento el año entrante dependerán primordialmente de la recuperación sostenida en la demanda agregada. Al analizar las cifras al segundo trimestre de este año entrante dependerán primordialmente de la recuperación sostenida en la demanda agregada. Al analizar las cifras al segundo trimestre de este año, se ve una recuperación importante en la inversión fija bruta, que inclusive supera al crecimiento en las exportaciones como el elemento más dinámico de la economía. Existe mucho espacio para el resarcimiento del consumo e inversión privada, que tendrán que ser los motores principales el año entrante.
Entre los elementos principales de la política económica para 1997 está el del gasto público. Existe ya un incremento importante en los recursos destinados al programa de alivio a los deudores, que junto con las necesidades de aumentar el gasto social hace prever la posible existencia de un pequeño déficit fiscal en 1997. El problema principal a resolver en si este déficit es compatible con la meta programada de abatimiento inflacionario.
También se habla de otorgar a los salarios mínimos un aumento que sea superior a la inflación programada, para así iniciar el resarcimiento del poder adquisitivo. Las distintas posiciones señalan un aumento máximo del 20 por ciento (que podría ser en uno o dos momentos distintos) y otro mucho más moderado de uno o dos puntos porcentuales por arriba de la meta de inflación.
Todo parece indicar que el Banco de México quiere proponer una meta de inflación de la mitad de la de este año. Las perspectivas de las autoridades monetarias apuntan hacia una inflación entre 24 y 25 por ciento hacia fines de 1996, por lo que su meta propuesta sería del 12 a 13 por ciento para el año entrante. Para alcanzarla no sería factible la existencia de un déficit fiscal, al mismo tiempo que tendría que aprobarse un aumento menor, alrededor de un 14 por ciento, a los salarios mínimos.
A estas alturas, un aumento del 14 por ciento podría ser un error político grave. Ante un sinnúmero de críticas al modelo económico y a la falta de sensibilidad político-social, este aumento sería leña para incrementar la impopularidad de la política económica actual. Si el Gobierno quiere mantener el rumbo, tendrá que ceder en algunos puntos claves como este. De lo contrario, se le revertirá en las elecciones del año entrante y a través de un aumento en las acciones fuera de la ley, que son un reflejo fiel de la frustración del pueblo.
Sería más aceptable políticamente un abatimiento más gradual de la inflación, que sin ceder en esta batalla clave, muestra una cara política que también busca abatir la frustración económico-social. Una meta de inflación del 16-18 por ciento para el año entrante, con un pequeño déficit fiscal y un aumento más digno en los salarios mínimos, no significaría un desvío o abandono de la política económica actual, ni un cambio en el modelo económico. Sin embargo, sí sería una demostración necesaria de una mayor conciencia social de un Gobierno que hasta ahora no ha podido convencer de sus bondades a la mayoría de la población.
El abatimiento inflacionario tiene que mantenerse como una prioridad fundamental. No hay un elemento más dañino para el poder adquisitivo y la estabilidad económica que la inflación. Es uno de los rudimentos fundamentales de la depreciación de la moneda, o en el caso extremo, de una devaluación catastrófica. Provoca un incremento importante en las tasas de interés e inhibe la inversión productiva a largo plazo. Presenta distorsiones mayores en el sistema de precios, que dificulta la asignación eficiente de recursos dentro de la economía. No debe quedar ninguna duda sobre la importancia de erradicar la inflación y los efectos benéficos que resultan de una mayor estabilidad de precios.
No obstante, una democracia necesita estar convencida de las bondades de la política económica. Cuando no lo está, empieza a introducir impedimentos y obstáculos a la consecución de los objetivos. Hoy en día, una de las razones que justifican nuestra calificación de riesgo-país es la duda sobre el apoyo popular de la política económica y las posibilidades de seguir adelante con las reformas políticas y económicas necesarias en el futuro. Si no se persigue un mayor apoyo, podrán observarse cambios fundamentales en la elecciones del año entrante, como en la composición de la Cámara,que pondrían obstáculos a todos los intentos de reformas futuras.
En este sentido, no hay duda de que necesitamos reducir la inflación. Pero como lección fundamental del sexenio pasado, debemos entender que cuando queremos reformar partes esenciales de la economía es más importante el proceso de transición mismo que el producto final. En otras palabras, por más imprescindible que sea el abatimiento inflacionario, sigue siendo todavía más importante el cómo lo obtenemos que el número exacto.
El modelo económico actual no está peleado con una mayor conciencia social. Al final de cuentas, el modelo busca un crecimiento económico sostenido con estabilidad, para poder resarcir el poder adquisitivo de la población e incrementar el bienestar social.
Sin embargo, muchas veces perdemos de vista el objetivo final ante una obsesión total por lo que consideramos el mejor medio de obtenerlo. La economía y la política son simplemente diferentes lados de la misma moneda. Necesitamos una política económica que nos lleve lo más rápido posible a la consecución de nuestros objetivos. Para tenerlo, también necesitamos de un Gobierno que entienda el efecto político de la política económica.
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