Pulso Económico
El Banco de México
Por Jonathan Heath
Existen todavía muchas dudas acerca del papel del Banco de México cuatro años después de su autonomía. A raíz de la devaluación de 1994, la recesión de 1995 y la crisis bancaria de los últimos años, se han cuestionado a fondo su liderazgo, sus decisiones de política económica y su propia independencia.
Cuando el Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía al Banco de México en mayo de 1993, tenía mucho sentido. Para esas fechas ya se había logrado reducir la inflación a un solo dígito por primera vez en 20 años y la economía presentaba un aparente equilibrio macroeconómico. Se habían realizado una gran variedad de cambios estructurales en el país con miras a proporcionar a la economía la habilidad de generar sus propias divisas y por lo mismo, reducir su dependencia de la deuda externa.
Fundamentalmente a través de la apertura comercial y el saneamiento de las finanzas públicas, el gobierno buscaba preparar el camino para un crecimiento sostenido con estabilidad. Para cimentar estos cambios, se negoció el TLC, se ingresó a la OCDE y se dotó de autonomía al Banco Central, entre otras cosas.
La iniciativa de ley, presentada al Congreso en noviembre de 1993, tomó en cuenta las experiencias de los bancos centrales a escala mundial. En años anteriores, muchos países decidieron otorgarle una función independiente a su banco central para evitar en el futuro las amargas experiencias inflacionarias del pasado. Se consideró lo que se había hecho en países como Chile y Nueva Zelanda, las reformas introducidas en Argentina, Colombia y Uruguay, la constitución del Banco Central Europeo (aprobada en Maastricht en diciembre de 1991) y las experiencias de Alemania, Canadá y los Estados Unidos.
Por ejemplo, se tomaron en cuenta casi todas las recomendaciones incluidas en el estudio titulado “Principios Generales de la Independencia del Banco Central”, escrito por Andrés Bianchi, ex-presidente del Banco Central de Chile. Este estudio publicado por el CEMLA en 1993, abarca conceptos, objetivos y justificación; analiza a fondo los requisitos, la coordinación de la política económica, las responsabilidades, la estructura y las funciones de sus órganos de gobierno. Al final de cuentas, la Ley Orgánica del Banco de México resultó estar a la altura de los últimos estudios sobre la materia y a la vanguardia del pensamiento económico sobre el tema.
Cuando la ley afirmó a su debido tiempo que las decisiones fundamentales de política cambiaria corresponderían en última instancia al Gobierno Federal, fue porque así es en casi todos los países del mundo. En la actualidad, las únicas excepciones son Chile y parcialmente Nueva Zelanda; en ambos casos ha funcionado muy bien.
Desgraciadamente, la autonomía del Banco coincidió con el asesinato de Colosio y otros acontecimientos importantes que desde su inicio pusieron la independencia en tela de juicio. Al mismo tiempo, nadie se imaginó que ya estaban las raíces de la crisis bancaria. La nueva era de la autonomía del Banco Central empezó con todo en contra. Se desataron la recesión y crisis financiera de 1995 antes de cumplir los nueve meses. En el transcurso de los siguientes años se descubrió que la crisis bancaria era de una magnitud mil veces mayor a lo esperado.
No hay duda de que se requiere una mayor supervisión y regulación del sistema bancario mexicano. Sin embargo, muchos analistas están proponiendo rehacer al Banco de México, cuestionando de nuevo los aspectos básicos de su autonomía. ¿Es real o de palabra? ¿Está amarrado o realmente puede actuar libremente? ¿Es el adecuado el Gobernador actual?
Sin embargo, antes de tratar de responder a estas preguntas, debemos reconocer que los intereses involucrados son políticos. La autonomía del Banco y su Ley Orgánica están bien fundamentadas. En estos momentos es muy prematuro proponer cambios profundos al Banco dado que todavía no le hemos dado oportunidad suficiente para comprobar que la autonomía actual funciona. Ni siguiera le hemos aplicado la prueba del sexenio.
Los cinco miembros de la Junta de Gobierno son personas sumamente competentes, bien preparados en la materia y altamente profesionales. Difícilmente podríamos encontrar mejor capacitados para ese trabajo. Podría ser que algunos de ellos no concuerden con nuestra forma de pensar o ideología. Sin embargo, sería absurdo pensar en cambios a estas alturas.
Por lo pronto, se merecen el beneficio de la duda. El juicio actual lo deberíamos proponer para el año 2001, pasado ya el cambio de sexenio.
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