Pulso Económico
Los Activos de Fobaproa
Por Jonathan Heath
Una de las posibles soluciones a la inmensa deuda que ha asumido Fobaproa es la venta rápida de todos sus activos. Sin embargo, una venta masiva podría crear problemas adicionales, todavía de mayores consecuencias para la economía. Por un lado, existen créditos fraudulentos y mal habidos, y por el otro, transacciones honestas que involucran seres humanos, familias y empleos. No podemos pretenden mezclar todo junto.
Uno de los puntos más controvertibles del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como Fobaproa, es que el gobierno quiere que se reconozcan explícitamente sus pasivos como parte integral de la deuda interna. La noticia de que la deuda interna pública va a aumentar en más de 60 mil millones de dólares fue para muchos una cubeta de agua helada en un día de intenso frío. Por más que se ha querido explicar el razonamiento del gobierno para asumir una cantidad tan gigantesca de créditos, el público en general se ha quedado estupefacto con todo lo que ha pasado.
El hecho de que los partidos políticos de oposición cuestionen las condiciones en que se concedieron los créditos y los procedimientos que se fueron dando para que fueran absorbidos por Fobaproa, rebasa las fronteras de las diferencias ideológicas entre los partidos. No existe en el mundo ningún país que, pretendiendo ser democrático, no cuestionaría a fondo todo el proceso, los detalles y los resultados. Sería simplemente una irresponsabilidad imperdonable que los legisladores aprobaran la consolidación de los pasivos de Fobaproa como deuda pública, sin antes llevar a cabo un examen escrupuloso del cómo y del por qué llegamos a estar en esta situación.
No obstante, esto no significa que no se deberían asumir estos pasivos como parte de la deuda pública. De hecho ya lo es y lo único que se estaría haciendo es reconocerla explícitamente. Pero una cosa es reconocer la deuda y otra es deslindar adecuadamente las responsabilidades. Si bien es cierto que una parte importante de esta deuda corresponde a familias honestas y trabajadoras, a empresas productivas y necesarias, también es cierto que otra parte corresponde a créditos mal habidos, transacciones deshonestas e inmorales y a personas que quieren aprovecharse de la debilidad intrínseca del sistema jurídico mexicana.
Justamente por esto es que no se puede tratar de vender los activos de Fobrapora en forma masiva y rápida. Se requiere ir caso por caso, reconociendo las diferencias que existen de un crédito a otro. Para empezar, se dice que 480 personas o empresas adeudan a la banca el 80 por ciento de la cartera vencida, mientras que el 20 por ciento restante corresponde a los miles de personas, familias o pequeñas empresas que no han podido respirar desde que explotó la crisis bancaria en 1995. De inmediato se requiere establecer dos categorías distintas para clasificar por monto a los deudores.
Los 480 casos requiere un trato especial. Para empezar necesitamos saber el respaldo jurídico, ético y moral de cada uno. Necesitamos saber si existen todos los documentos y garantías completos, que todos los detalles del otorgamiento del crédito están en orden; en otras palabras, si son créditos kosher. Seguramente muchos de estos créditos fueron otorgados a los mismos banqueros, a sus familiares, sus cuates, sus consorcios y sus negocios. Fueron créditos emitidos a holdings con activos sobrevaluados o sin activo alguno. Corresponden a créditos que se otorgaron a los mismos accionistas para comprar el banco.
Si es que el público va a tener que asumir la carga de estas deudas, se deberían exentar del secreto bancario todos los detalles de cada uno de estos créditos, en especial de los créditos grandes (correspondientes a los 480 casos) que no son Kosher. Si yo, contribuyente, voy a tener que pagar esta deuda, aunque sea a perpetuidad, es mi derecho conocer todos los detalles de esta operación, especialmente si corresponde a un manejo fraudulento de un banquero.
Ya conociendo todos los detalles de los créditos jumbos no-Kosher, necesitamos que el gobierno establezca un procedimiento jurídico fast-track. Se debería de establecer una ley especial que permita a las autoridades embargar todos los activos de las personas involucradas en estas operaciones, incluyendo si es necesario, los de sus familiares. Mientras que la nación tenga que absorber las deudas de estas personas, por lo menos deberíamos tener la seguridad de que absolutamente todos sus activos pasan a ser propiedad de la nación y no simplemente aquellos que estaban en garantía.
Segundo, todos los involucrados en este tipo de créditos, tanto por parte de los bancos que los concedieron, como de los que tomaron el crédito sabiendo que carecía de un respaldo ético y legal, deberían de recibir un castigo correspondiente por parte de la ley. No es admisible pedirle al público que asuma esta deuda sabiendo que los responsables andan caminando libremente en la calle.
Tercero, se tiene que hacer corresponsables a los accionistas de los bancos, específicamente aquellos que tenían sillas en los consejos de administración. Estos señores se sentaban coleccionando alegremente Centenarios mientras que los funcionarios principales hacían pedazos a los bancos. Estos señores son los representantes de los demás accionistas. Era su responsabilidad cuestionar a fondo y establecer mecanismos eficaces de auditoria interna para asegurar el mejor desempeño del banco. Los que han asistido alguna vez a una reunión de consejo de un banco (especialmente entre 1992 y 1994) podrán atestiguar que éste no era el caso. Rara vez se llegaban a cuestionar las acciones de la dirección hasta que ya era demasiado tarde. Tener un asiento en un consejo de administración es más que un derecho, una responsabilidad que conlleva obligaciones. El público debe tener la certeza de que los accionistas principales de los bancos han pagado el precio de su irresponsabilidad.
Ya con la seguridad de que se está impartiendo justicia con los créditos no-kosher, se tienen que establecer procedimientos muy distintos ante los otros deudores de la banca. Si un crédito fue otorgado de buena fe, tanto por parte del acreditado como el acreedor, merece un trato ser muy distinto a los mencionados anteriormente. El hecho de que ha caído en cartera vencida tiene que ver con la devaluación, la recesión, el incremento desproporcionado de los intereses y la merma drástica del poder adquisitivo del salario. Detrás de cada crédito vencido como estos existen seres humanos honestos y empleos productivos que tenemos que tomar en cuenta. Aquí el tratamiento debe ser distinto.
Comentarios, observaciones y críticas constructivas al Email: heath@infosel.net.mx