lunes, 7 de julio de 1997

El Mercado y la Pobreza

 

Pulso Económico


El Mercado y la Pobreza


Por: Jonathan Heath®


Lo más usual sería comentar los efectos de los primeros resultados de la jornada electoral sobre la economía, es decir, las sorpresas, las inquietudes, las reacciones y las expectativas.  Sin embargo, para poder otorgar a los lectores una buena cobertura de las elecciones, se ha sacrificado a la sección de negocios al pedirnos a todos que entreguemos temprano nuestras columnas.  De esta manera se nos ha negado la oportunidad de compartir con ustedes nuestras opiniones.  Por lo mismo, 

ofrezco una disculpa y pido comprensión.  Tendremos que escribir sobre otro tema.
Se ha comentado reiteradamente que estas elecciones mandarán un mensaje sobre la aceptación o rechazo del modelo económico que se ha aplicado en nuestro país durante los últimos diez años.  Se dice que la baja tan notable en la popularidad del PRI se debe a que la mayoría de la población está en contra del modelo neoliberal, que pone a las fuerzas del mercado encima de las necesidades de las mayorías.  Según esta línea de pensamiento, la popularidad del PRD ha aumentado ya que busca rescatar el principio revolucionario de la justicia social.
Sin lugar a dudas es totalmente válido cuestionar al modelo actual, dado que todavía dista mucho de producir los resultados prometidos, mientras que los sueños de prosperidad y bienestar para las mayorías parecen más distantes en el pasado inmediato.  Vivimos en un país en donde el 88.8 por ciento de la población gana menos de 5 salarios mínimos.  En términos reales, es decir descontando la inflación, cinco salarios mínimos de hoy en día tienen apenas el mismo poder adquisitivo de un salario mínimo de 1976.  Esto significa que únicamente el 11.2 por ciento de la población ocupada gana más que un salario mínimo de hace veinte años.
Justicia social significa que el progreso sea para todos o por lo menos para la gran mayoría de la población.  Si tenemos crecimiento económico en términos del Producto Interno Bruto (PIB), sin que el 80 por ciento de los mexicanos puedan sentirlo, debemos cuestionar seriamente lo que está pasando.  En un país democrático este cuestionamiento significa votar a favor de la oposición.
Sin embargo, la realidad es todavía más compleja.  Desafortunadamente, la profesión económica todavía no ha descubierto la fórmula mágica que asegure el crecimiento económico sostenido y acelerado, con creación de empleos, incrementos en los salarios reales, baja inflación, estabilidad financiera y justicia social.  Ha encontrado, a través de experiencias negativas, que ciertas teorías que prometían no funcionan.  Por ejemplo, las inversiones industriales a gran escala impulsadas por subsdios y un papel público protagónico, no han logrado el desarrollo sostenido esperado.  El modelo de sustitución de importaciones no resultó ser la estrategia de crecimiento que se pensaba.  La relación inversa entre inflación y desempleo tampoco resultó ser explotable.
Después de las desilusiones de muchas políticas económicas intentadas en un sinnúmero de países a través del tiempo, se ha llegado a un cierto consenso de qué es lo que mejor funciona.  Este consenso no es de un grupo pequeño de economistas o pertenecientes a un país en particular, sino de la gran mayoría de la profesión económica a nivel mundial.
Las políticas necesitan fomentar un ambiente micro y macroeconómico adecuado, en el que las tasas de crecimiento económico más elevadas dependerán principalmente de actividades del sector privado.  Los sistemas basados en una orientación de mercado con altos niveles de competencia, son en general más eficientes en la asignación de recursos para cumplir con las necesidades de la población y para inducir la inversión productiva.  La apertura comercial es vital para el progreso económico.  Los tipos de cambio deben reflejar la competitividad internacional a grandes rasgos.  Las políticas que resultan en una aceleración de la inflación son dañinas para el desempeño económico.  La política monetaria debe responder y anticipar los comportamientos cíclicos para mantener la estabilidad de precios y neutralizar las fluctuaciones en la producción y el empleo.  El sector público tiene un papel esencial para asegurar el desempeño de un sistema de mercado competitivo y justo, otorgar ayuda vital a los más vulnerables de la sociedad, promover la inversión en áreas clave como educación y salud e infraestructura, y contrarrestar las fallas identificables y significativas del mercado.  El gasto público debe estar adecuadamente financiado por impuestos equitativos y cobrables, con una base gravable amplia y a las tasas más bajas posibles.  Aunque los déficit fiscales pueden tener un componente cíclico deseable que puede funcionar como un elemento estabilizador, se debe mantener dentro de los límites razonables, dado que de lo contrario contribuyen a una inestabilidad económica y financiera, o hipotecan en forma injusta a las generaciones futuras.
Dentro de este consenso, debe quedar claro que no se niega la importancia de la justicia social, sino que más bien se piensa que se puede llegar a obtener una mayor justicia a través de estas acciones.  En pocas palabras, las fuerzas del mercado no están peleadas con los objetivos deseados por la sociedad, sino que son un instrumento apropiado y útil para facilitar el cumplimiento de estas metas.
No obstante, se deben tomar estas medidas como las más apropiadas para conseguir un fin que es el mejoramiento del bienestar de la población.  No se deben tomar como fines por sí mismos, sino simplemente como instrumentos.  Esto significa cierta flexibilidad y apertura práctica, que por alguna razón no todos comparten.
Algunos piensan que las fuerzas del mercado deben operar por arriba de cualquier consideración.  Esta cerrazón ideológica es nefasta.  Más bien, estas fuerzas se deben utilizar únicamente en la medida en que nos ayudan a conseguir otros fines.  Sin embargo, su utilización no significa que el Estado deba abandonar su responsabilidad hacia los más vulnerables.  Si el gobierno desincorpora a las empresas paraestatales, instrumenta la desregulación y deja de participar directamente en la actividad económica, no es porque se desentienda de las necesidades de las mayorías, sino porque debe concentrarse en lo fundamental, en lo que no puede el sector privado o las fuerzas del mercado, es decir, en ayudar a los menos afortunados a incorporarse a la vida productiva.




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