La Estrategia de Liberalización

 

Pulso Económico

La Estrategia de Liberalización

Por: Jonathan Heath®

Hace diez años, México se encontraba en una fase altamente protegida con restricciones cuantitativas sobre las importaciones.  Tenía un control de cambios sobre los flujos de capital y sus mercados financieros se encontraban segmentados y reprimidos (terminología utilizada por McKinnon a principios de los setenta para describir a los mercados financieros de los países en desarrollo cuyos gobiernos controlaban las tasas de interés).  El crédito se distribuía a través de un sistema bancario primitivo controlado por el gobierno.  El mercado laboral se caracterizaba por ser de tipo “dual”, es decir, segmentado entre una fuerza laboral industrial urbana, relativamente organizada y no muy diferente a la de un país desarrollado, y otra fuerza laboral rural, informal y poco organizada.  Existía una gran cantidad de regulaciones y controles en los diferentes mercados que limitaban el ámbito empresarial y la flexibilidad laboral.

Con estas características, éramos el prototipo para una reforma profunda, para movernos de un sistema cerrado y protegido, hacia otro abierto y más eficiente.  Muchos estudios realizados en años anteriores (por ejemplo, los de Krueger y Bhagwati), apuntaban cómo países en estas circunstancias podrían “liberalizarse”.  Unos decían que primero habría que remover todas las restricciones en contra del flujo libre de bienes y servicios.  Otros sostenían que un mercado financiero interno eficiente tenía que ser uno de los pasos iniciales.  Sin embargo, muy pocos discutían el proceso de transición en sí y las dificultades que se podrían enfrentar en esta etapa.

Ignorar la existencia de un periodo importante de transición fue quizás el error más grande del sexenio pasado.  Los funcionarios encargados de empujar el gran cambio estructural (o la modernización económica), nos hicieron pensar que simplemente con reducir los aranceles, desregular la industria, privatizar las empresas públicas y sanear las finanzas públicas, amaneceríamos como un país abierto y liberalizado.  Entre más rápida fuera la apertura comercial y financiera, más pronto nos convertiríamos en un país eficiente, productivo y competitivo.  Sin embargo, nunca nos dijeron que la transición de una economía cerrada a una economía abierta era un proceso que cuando menos podría tardar de diez a quince años.  Tampoco nos avisaron de las dificultades específicas que iban a aparecer durante esta etapa.

No es obra de la casualidad que Michael Bruno, uno de los economistas más reconocidos de Israel, advirtiera sobre este punto hace ya diez años.  El decía que la estrategia de transición de un régimen pre-reformista a una economía abierta post-reformista es más importante que el producto final. (Por favor lector, vuelve a leer la última oración varias veces y medita el significado).

En esta reflexión, Bruno decía que quizás podría ser preferible un proceso de liberalización muy rápido a un proceso gradual, simplemente por razones de credibilidad y de eficiencia.  Sin embargo, la consideración principal es que el costo en términos de desempleo laboral durante el periodo de transición podría ser enorme.

Siendo esta la consideración principal, obviamente era de una importancia especial que el gobierno tomara medidas especiales para ayudar a minimizar el impacto durante la etapa de transición.  Sin embargo, no solamente no tomaron estas medidas, sino que ignoraron por completo la existencia del periodo de transición.  El costo es hoy en día muy evidente.  Según cifras oficiales (del INEGI) el número de personas empleadas en el sector manufacturero ha mostrado una tendencia declinante ininterrumpida desde hace cinco años.  En otras palabras, mes con mes durante cinco años, son menos las personas empleadas.  Ha existido una expulsión enorme de mano de obra de este sector.

Al final de cuentas, el proceso de mayor eficiencia de la industria mexicana pide una recomposición de la mano de obra empleada en búsqueda de una mayor productividad.  No hay de otra.  Para poder competir a nivel mundial, la industria tiene que utilizar la tecnología más eficiente que pueda minimizar los costos.  Pero el costo en términos de desempleo es tan grande, que habría que planear este proceso de transición con mucho cuidado.  Aquí falló lamentablemente la administración pasada.

Se ha comentado mucho acerca del incremento en la tasa de desempleo abierto de diciembre del año pasado (3.2 por ciento) al mes de julio (7.3 por ciento).  Sin embargo, la crisis devaluatoria ha agudizado el problema del desempleo, pero no ha sido la causa principal.  Más bien, ha sido esta transición hacia una economía más eficiente lo que ha ocasionado la erosión de la capacidad de generación de empleos de la economía.  Hasta antes de la crisis, el sector informal y el sector de servicios habían podido absorber la mano de obra expulsada del sector moderno (industrial), a través de empleos improductivos y de baja remuneración.  La crisis agotó esta salida y ahora se refleja en un desempleo abierto.

Al finalizar la etapa de transición, deberemos llegar a una economía mucho más eficiente con capacidad de generación de empleos.  El problema es sobrevivir el resto de esta transición sin ninguna política especial o apoyo gubernamental.

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