martes, 30 de noviembre de 1999

El Salario Mínimo

 

Pulso Económico


El Salario Mínimo


Por: Jonathan Heath


Muy pronto se dará a conocer el aumento anual al salario mínimo y la fecha a partir de la  cual entrará en vigor, lo que seguramente levantará algo de polémica.  Mientras unos proponen su eliminación, otros piden resarcir la pérdida en su poder adquisitivo y el Banco de México recomienda coherencia con la meta de inflación.  ¿Quién tiene razón?

El salario mínimo legal siempre ha jugado un papel controversial.  Sin embargo, se ha agudizado en el transcurso de los últimos 25 años debido a la pérdida sistemática que ha sufrido su poder adquisitivo.  Si dividimos el salario mínimo mensual entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor para obtener una medida del salario real, es decir, de su poder de compra, podemos observar que llegó a su nivel máximo en octubre de 1976.  Esto significa que lo que se podía comprar con un salario mínimo en ese mes fue mayor a cualquier otro mes de por lo menos los últimos 50 años.

El mínimo, es decir, el mes en el cual el poder adquisitivo fue el más bajo en los últimos 50 años, corresponde a noviembre del año pasado.  A partir de diciembre entró en vigor un aumento del 14.1 por ciento, llevándolo a 34.45 pesos diarios desde entonces a la fecha.  Dado que la inflación acumulada de diciembre a la fecha se estima en 13.9 por ciento, todavía no ha alcanzado a mermarse completamente el incremento.  Sin embargo, queda claro que de posponerse el aumento al primero de enero, este diciembre representará un nuevo mínimo histórico.

Este mínimo histórico no es trivial.  La merma en el poder de compra es de 78 por ciento de octubre de 1976 a noviembre de 1998.  En otras palabras, un salario mínimo de ahora puede comprar 22 por ciento de lo que podía adquirir hace 23 años.  Visto de otra forma, el que gana hoy cinco salarios mínimos puede comprar más o menos lo mismo que se podía con un solo mínimo en 1976.

Lo más crítico viene cuando observamos la Encuesta Nacional de Empleo Urbano que mensualmente levanta el INEGI desde 1987.  En el mes de julio reporta que únicamente 12.1 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) reporta ganar más de 5 salarios mínimos al mes.  Esto significa que el resto de la PEA, 87.9 por ciento, que gana cinco salarios mínimos o menos, tiene un poder adquisitivo  igual o menor a un salario mínimo de 1976.

Esta disminución tan drástica tiene muchas implicaciones de fondo.  De entrada, tratar de resarcir su poder adquisitivo es totalmente ilusorio.  Cualquier intento de hacerlo provocaría inflación, quiebra de empresas y desempleo.  Sin lugar a dudas, sería peor la medicina que la enfermedad.

La Constitución establece claramente que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.  Sin embargo, el gobierno lo ha utilizado como ancla en la lucha contra la inflación y su poder adquisitivo actual difícilmente cumple con el mandato constitucional.

La extrema derecha aboga por la derogación de esta fracción del artículo 123 y la abolición del salario mínimo.  Por ejemplo, Bancomer argumenta que su existencia distorsiona al mercado laboral y perjudica precisamente a los trabajadores que trata de proteger.  Al fijar el salario mínimo legal por encima del que establecería la libre interacción de la oferta y la demanda laboral, se produce un mayor desempleo y se generan presiones inflacionarias.

Sin embargo, el mínimo actual es tan bajo que difícilmente podríamos comprobar que es cierto.  Actualmente la tasa de desempleo abierto se encuentra en los niveles más bajos desde 1988, cuando el INEGI inició la encuesta mensual.  Hace diez años, cuando el salario mínimo tenía mayor poder adquisitivo, alrededor de una tercera parte de los que decían que tenían trabajo sostenían que ganaban un salario mínimo o menos.  Hoy en día, esa proporción se encuentra alrededor del 10 por ciento de la PEA.  Más bien parece ser que el mínimo legal se encuentra por debajo del mínimo que establece el mercado.

Lo anterior lo podemos ver en el ámbito anecdótico.  La mayoría de las familias mexicanas de clase media o superior tienen una empleada doméstica, comúnmente conocida como sirvienta.  Es una persona a la cual podemos referirnos como mano de obra no calificada, por lo que podíamos pensar que debería de ganar el salario mínimo que dicta el mercado.  Hace diez años, se le pagaba en promedio la mitad de un salario mínimo dado que era una remuneración muy elevada.  Sin embargo, hoy resulta difícil encontrar una persona dispuesta a trabajar por menos de dos salarios mínimos.

Lo mismo podemos observar en la mayoría de la industria donde el mínimo de facto es superior al mínimo legal.  Si el mínimo legal es igual o inferior al que establece el mercado, no se puede argumentar que su existencia produce distorsiones o que contribuye al desempleo.  Dado que en forma sistemática el aumento otorgado al mínimo legal ha sido inferior a la inflación en el transcurso de los últimos 20 años y visiblemente inferior a los incrementos en la productividad media de las empresas, tampoco podemos decir que su existencia ha generado presiones inflacionarias.

Los que creen fehacientemente en el mercado y proponen desaparecerlo, utilizan argumentos económicos para exponer su caso.  Sin embargo, su existencia no obedece a una lógica económica sino más bien política.  Independientemente de si la imposición de un pago mínimo protege o no a los trabajadores más necesitados, su presencia satisface el criterio político de aparentar que el gobierno está haciendo algo para protegerlos.  Si en este momento las autoridades propusieran eliminarlo, por más argumentos económicos y pruebas empíricas que quisiéramos presentar, habría la percepción de que el Estado quiere abandonar por completo al trabajador.  Sería algo así como un suicidio político.

Por los efectos económicos que implicaría, no podemos resarcir su poder adquisitivo.  Por razones políticas no nos conviene desaparecerlo.  Más bien estamos forzados a otorgar aumentos coherentes con la inflación y seguir conviviendo con sus aparentes problemas.


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